Indígenas piden condonar deudas de chiapanecos ante CFE

Habitantes de Mezcalapa exigen a CFE tarifas justas de consumo de energía

Indígena choles y tseltales del aregió norte del estado de Chiapas, adheridos a la organización Laklumal Ixim-Norte Selva y el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, exigieron hoy al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la condonación de los adeudos que miles de usuarios mantienen con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los indígenas adheridos al movimiento de resistencia civil en contra de las altas tarifas de la paraestatal, pidieron que así como a miles de tabasqueños, también los chiapanecos deben ser beneficiados por las condonaciones de adeudos y tarifas preferenciales en las comunidades más pobres y marginadas de la entidad.

“Esta petición que creemos justa para los habitantes del estado de Chiapas, está fundamentada en las condiciones de miseria y abandono que hemos padecido por décadas por parte de los distintos gobiernos, así como que Chiapas se concentra el 30% del agua superficial del país y entre las más de 10 hidróelectricas del Río Grijalva se generan el 54 por ciento de la energía eléctrica del país sin que se reciba ningún beneficio y por el contrario en el estado se haya mantenido tarifas más altas que en el centro y norte del país”, dijo la organización Laklumal Ixim y el Comité.

Consideró como antecedente para sustentar esta petición el reciente anuncio en el mes de mayo de este año, en que el gobierno de Tabasco y la CFE llegaron a un acuerdo para cancelar los adeudos históricos de 11 mil millones de pesos de deudores por el pago de luz que inició en 1995, y de que se otorgará a Tabasco la tarifa más baja del sistema eléctrico nacional denominada F1.

Señalaron que durante estos años de resistencia han denunciado a través del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) que ejidatarios y pobladores de ejidos y comunidades de la etnia chol en la región Norte-Selva que la CFE y el gobierno de Chiapas ha desarrollado una estrategia de confrontación entre quienes están en resistencia y quienes pagan el servicio.

“Han realizado operativos de corte junto a pobladores y policías agrediendo a mujeres indígenas, se ha criminalizado y detenido a personas por esta lucha, y vía sus comisionistas o cobradores ha presionado para exigir el pago inmediato de supuestos adeudos del servicio eléctrico, y condicionando el mantenimiento y reparación del tendido eléctrico al pago de energía eléctrica, y se ha dado un aumento desproporcionado e injustificado de tarifas”, dijo la organización.

Indicaron que la CFE en Chiapas inició una estrategia para obligar, bajo presión y amenazas, a pagar a organizaciones en resistencia por los altos cobros de la energía eléctrica desde 170 mil hasta un millón de pesos por familia o comunidades del norte de Chiapas.

Acusaron que la CFE ha amenazado que de no realizar su pago y continuar usando el servicio de energía eléctrica, procederá en iniciar demandas penales arguyendo que se fundamentarán en lo que establecen los artículos 253, 254 y 368 del Código Penal Federal, pretendiendo equiparar al robo la exigencia y lucha por el derecho a una tarifa justa y acorde con las condiciones de miseria en la que viven la mayoría de los chiapanecos y chiapanecas.

Mencionaro que en todo el estado de Chiapas la denominada “Resistencia Civil al pago de altas tarifas de energía eléctrica” se expresa en todo el territorio bajo distintas formas y expresiones organizativas y con una gran variedad de antecedentes de lucha, surgiendo en la costa de Chiapas en el año de 1992, en Las Margaritas en 1992 y en el norte de Chiapas en el año de 1993; generalizando en distintas regiones del Estado de Chiapas a partir del levantamiento armado de 1994.

Y que, en la región Norte-Selva, 1994 fue el punto en donde se generaliza la resistencia civil al pago de altas tarifas de energía eléctrica, en donde familias de los municipios de Tila, Tumbalá y Yajalón se organizaron comunidades y familias para discutir qué hacer ante los altos recibos de luz, muchos pertenecientes a partidos políticos como el PRD, PT, la “sociedad civil” y bases de apoyo zapatistas.

“En nuestras reflexiones valoramos que la resistencia de los pueblos y comunidades se ha constituido en un eje de resistencia contra los megaproyectos como el Plan Puebla Panamá (PPP), los megaproyectos mineros y de represas extranjeras, y en la defensa de la tierra y el territorio”, dice la organización.

Expuso que el proceso de resistencia civil ha permitido generar organización comunitaria, y en muchos casos ha posibilitado la irrupción de liderazgos de mujeres, que han sido quienes han tenido que enfrentar la represión y cortes por parte de la CFE, y ha implicado para ellas salir del espacio privado al público.

Señalaron que en México a partir del 1 de diciembre de 2018 existe un gobierno que ha sido votado por más de 30 millones de mexicanos y mexicanas con la esperanza de iniciar una transformación y que quiere hacer las cosas de manera diferente, por lo que creen que esta petición será escuchada y atendida, la cual está basada en un acto de justicia para el Estado de Chiapas ante la enorme deuda histórica que tiene la CFE, dijo el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa y la organización Laklumal Ixim-Norte Selva.

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