Demandan desarticular grupos armados de Chenalhó

Desplazados de Chalchiuitán Foto: Ángeles Mariscal

Desde esta comunidad en los Altos de Chiapas, indígenas de una decena de comunidades que vivieron un desplazamiento masivo en el 2017, pidieron hoy al gobierno estatal y federal, desarticular a los grupos civiles armados que operan en el municipio de Chenalhó, y que durante dos años los mantiene aterrorizados con sus armas y patrullajes en la región.

A dos días de que se cumplan dos años del crimen del indígena tsotsil Samuel Luna Girón, lo que detonó un ataque armado a los pobladores de Chalchihuitán, por parte de grupos civiles armados de Chenalhó, hoy su viuda, familiares, amigos y compañeros del acribillado a tiros, pidieron justicia y castigo a los asesinos y que el gobierno cumpla con las indemnizaciones correspondientes por todos los daños que les ocasionaron, al no haber garantizado la seguridad de quienes sufrieron desplazamiento forzado.

Elicia Gómez García, la viuda de Samuel Luna Girón, recordó aquel 18 de octubre del 2017 en que un grupo de hombres armados asesinó a su esposo enfrente de ella y sus hijos, y empezaron a desalojarlos de sus casas y quemarlas, así como la de otros de sus vecinos y familiares.

Todo esto se derivó por la disputa de límites territoriales entre los municipios de Chenalhó y Chalchiuitán, donde los comuneros de ambos lugares se pelean algunas tierras donde siembran cafetales y maíz comuneros tsotsiles de ambas localidades. Este es un conflicto agrario que tiene ya varias décadas.

Fue en octubre del 2017, cuando más de cinco mil pobladores de unas 11 comunidades colindantes de Chalchiuitán con Chenalhó, fuerón obligados a dejar sus casas y refugiarse en las montañas, mientras que algunos pudieron llegar a otras comunidades o la cabecera municipal.

Los desplazados tuvieron que dejar las comunidades de Pom, Chen´Mut, Tzomolton, Canalumtic, Bejeltón, Tulantic, Bololchojon, Cruz Kakanam, Jolcántetic, Xiximtontik y Cruztón.

Desde finales de octubre y hasta diciembre, los 5 mil 23 indígenas, hombres, ancianos, mujeres, niños y niñas, sobrevivieron en condiciones precarias, en condiciones hacinamiento, pasando ahmbre y frío. Unas 12 personas fallecieron de enfermedades, o por no tener comida para darles a sus hijos. Los muertos fueron los más débiles, recien nacidos y ancianos.

María Pérez Paciencia, de una de las nueve comundiades abandonadas en aquella ocasión, recordó las condiciones de miseria que tuvieron que pasar durante dos meses ante la indeferencia del gobierno de Manuel Velasco y el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Y aunque no habían las condiciones para regresar, poco a poco fueron retornando a sus hogares, con la amenaza permanente de ser atacados.

Javier Luna Girón, dijo que en la región siguen operando impunemente los grupos civiles armados que los obligaron a dejar sus casas, que sus muertos siguen si tener justicia.

Ausencio Pérez Paciencia, expuso que han pasado ya dos años y siguen esperando el pago que prometio el gobierno estatal y federal a los cinco mil desplazados por todo lo que perdieron, cosechas, animales de traspatio y del campo, enseres, casas quemadas que no han sido reconstruídas y muchos otros daños materiales que sufrieron.

Marcos Pérez Gómez lamentó que el gobierno estatal y federal sólo han engañado a la población, que siguen aterrorizados por estos grupos civiles armados que siguen patrullando los caminos, que incursionan en las milpas para intimidar a los campesinos de Chalchiuitán.

Que el gobierno no los ha desmantelado y que operan desde 1997 en que se organizaron como grupo paramilitar para perpetrar la masacre de 45 campesinos en diciembre de 1997 en el paraje de Acteal, Chenalhó.

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