En Chiapas, 1 de cada 500 delitos se resuelve

Fotos de las víctimas de feminicidio en Chiapas sobre las escaleras hacia la FGE.
Foto: Andrés Domínguez

*Chiapas es uno de los estados que registran el menor porcentaje de efectividad en la resolución de delitos en el país


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que a nivel nacional la probabilidad promedio de esclarecimiento de un delito es de 1.3%, en tanto que Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Tamaulipas presentan porcentajes inferiores al 0.6%, lo que significa solo uno de cada 500 delitos en esa entidad se logra esclarecer.

Ante ello, la CNDH comentó que México enfrenta una grave problemática en materia de procuración y administración de justicia, lo que se refleja en los insuficientes resultados que la Fiscalía General de la República (FGR), así como las procuradurías y fiscalías estatales tienen ante la crisis de impunidad e inseguridad que se vive.

El Organismo Nacional destacó que la falta de plena autonomía de fiscalías; la debilidad de sus servicios profesionales de carrera y la estructura heterogénea de cada instancia les impiden llevar a cabo los procesos que demanda un sistema de justicia de corte acusatorio, y su limitada capacidad de investigación criminal ocasiona que, con frecuencia, se violen derechos humanos.

En el marco de la presentación del “Estudio sobre el Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH 2001-2017”, en Materia de Procuración y Administración de Justicia, se indicó que México demanda un proceso de construcción de paz basado en el acceso a la justicia y el derecho a la verdad, que garantice la reparación del daño y la no repetición.

De acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración y Administración de Justicia del INEGI, el índice de efectividad en la resolución de carpetas de investigación en 2019 es del 19.4%, y las entidades federativas donde las procuradurías y fiscalías registran el menor porcentaje de efectividad son Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, todas con cifras menores al 10%,.

“Evidencia que en México aún se carece de un modelo que permita articular los roles, las competencias, el marco de actuación y los objetivos para la operación de cada una de las instituciones involucradas en la procuración y administración de justicia, lo que incide directamente en la eficacia de las policías, ministerios públicos y jueces” mencionó Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH.

Subrayó que el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 indica que en promedio hay 8.2 Ministerios Públicos por cada 100,000 habitantes.

El Ombudsperson nacional expresó que en ese documento también se pone en relieve la necesidad que el país tiene de una auténtica Política Criminal y de una Política Nacional de Reparación Integral que consideren a las personas, en particular a las víctimas, y busquen esquemas para abatir la impunidad y reconstruir el tejido social, recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones y el rescate de comunidades por el camino del respeto de la legalidad democrática.

González Pérez manifestó que los derechos humanos no pueden ser realmente vigentes si las personas no cuentan con certeza razonable de que quien violente la ley va a ser sancionado, de que los delitos que se cometan no quedarán impunes, y de que el Estado, sus instituciones y leyes van a proteger y garantizar real y efectivamente esos derechos y prerrogativas de las personas.

 

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