Gobierno de Chiapas omiso en desarticular grupos civiles armados

Indígenas desplazados de Chalchihuitán regresan a platón y agreden con piedras a alcaldesa de Chenalhó

*La presencia de estos grupos de alto poder ha desencadenado desplazamientos e inclusive muertes en diversas zonas del estado


Con la justificación de que al arrestarlos denotarían otras problemáticas, las autoridades no han establecido estrategias para desarticular grupos civiles armados, que con su poderío económico controlan el trasiego de armas, drogas e inclusive pornografía dentro de los municipios.

Pedro Faro, Director del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, expresó que la presciencia de estos grupos en los municipios, hace que la violencia se vuelva más evidente y las comunidades estén al margen de los líderes de estos grupos.

Amatán, Bochil, Chenalhó y San Juan Chamula han sido algunos de los municipios en los cuales este año se ha denunciado y documentado desde las redes sociales la presencia de grupos civiles armados, los cuales hasta el día de hoy no han sido desarticulados.

Faro comentó que desde el Centro “Frayba” han recibido información de más denuncias por tráfico de armas, personas, drogas e inclusive pornografía en San Juan Chamula, hecho que se ha visto reflejado con los últimos acontecimientos violentos.

Sin embargo, no es el único caso, desde el 2017, el Movimiento por La Paz, la Justicia y el Buen Vivir de Amatán denunció la presencia de un grupo civil armado, el cual era controlado por los hermanos Wilbert y Manuel de Jesús Carpio Mayorga, ambos ex presidentes del municipio. Este grupo es señalado de haber sido el causante de la irrupción armada del 17 de enero, en la cual desaparecieran a 50 personas y asesinaran a 2.

En Chenalhó, la presciencia del grupo armado data de varios años, esto debido al desplazamiento forzado de 200 familias en el Ejido Puebla, por su disidencia electoral en 2016. Las personas hasta el día de hoy no regresan, debido a la presencia de este grupo.

Ante esto, Faro comentó que el Estado conoce de estos grupos, al punto que ha dejado que los grupos de familias desplazados se mantengan fuera de sus hogares por años.

“Hay impactos, en Aldama y Chalchihuitán, no pueden retornar a su lugar de origen, porque no se ve el trabajo de forma persistente y eficaz. Se tolera esta violencia y mafias de poder que ya son visibles” comentó.

Faro mencionó que el desarme de los grupos armados en vital para restablecimiento de la paz en los municipios. “En Aldama, existe una trinchera de 25 metros desde donde realizan los disparos, aunque la Policía y el Ejército hacen rondines se ha disminuidos. Sin embargo, solo le limita a mantener presencia y no quitar dicha trinchera” comentó.

Por lo que, el Centro de Derechos ha hecho la exigencia de la desarticulación de los grupos armados, no obstante, han notado que las autoridades no han tratado de desmantelarlas, pese al trasiego ilegal que generan a su alrededor.

“Nos responden que no los pueden desarticular porque podría dispararse la violencia, pero ese retardo hace que existan impactos de violencia, que hasta el día de hoy suman una situación evidente de discriminación” finalizó.

 

 

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