Abogado de la Universidad Politécnica es vinculado a proceso por Estafa Maestra

Universidad Politécnica. Foto: UPCh.

* La FGR los acusa de triangulación de recursos federales a empresas fantasma por medio de instituciones educativas, una de las cuales sería la Politécnica de Chiapas.


A petición de la Fiscalía General de la República, un juez de control otorgó la vinculación a proceso de dos excolaboradores de Rosario Robles, en su etapa como Secretaría de Desarrollo Social, así como de un ex directivo ex directivo de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), quienes estarían involucrados en el desvío de recursos conocidos como la Estafa Maestra, informó Proceso.

Se trata de José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), así como Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros de la Sedesol; José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo Comunitario de la misma institución.

Beatriz Moguel Ancheyta, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, determinó imputarles el delito de uso indebido del servicio público, en las modalidades de pago ilegal, contratación indebida y ser parte de la operación.

“Yo estimo que los datos de prueba son aptos y suficientes para vincular a proceso”, señaló la juez Moguel Ancheyta, quien como medida cautelar solicitó su presentación quincenal ante las autoridades de control, la restricción para salir del país y el pago de una garantía de 70 mil pesos.

La Fiscalía General de la República estimó que Montoya Santos y Torres Gutiérrez autorizaron pagar ilegalmente 400 millones de pesos para la supervisión y mejora de los comedores comunitarios en el Estado de México, en el que se contrató a la Upch y del que se acusa la pérdida de entregables que acreditaran la ejecución de las obras.

Dichos pagos fueron adjudicados mediante contrato, entre el 14 de abril y 6 de mayo del 2015, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, sin que la Sedesol verificara si Upch tenía la capacidad técnica, material y humana para llevar a cabo la mejora de los comedores comunitarios.

Moguel Ancheyta fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria que deberá de determinar si a los inculpados, Montoya Santos, Torres Gutiérrez y Aguilar Fuentes, se le suman nuevos elementos que deriven en una causa penal, se les imponen nuevas medidas cautelares o se les declara absueltos, finalizó la revista.

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