Gobierno mantiene «secuestrado» en prisión a indígena torturado

*El Centro entregó la solicitud de amparo indirecto en el Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez.


Pedro Faro, Director del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas, informó que Juan de la Cruz Ruiz, indígena tsotsil sobreviviente de tortura, tuvo que haber sido liberado hace más de 3 años debido a una recomendación de libertad, sin embargo, el gobierno del estado lo mantiene “secuestradoW en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados No. 5 en San Cristóbal de las Casas.

De la Cruz Ruiz fue víctima de violaciones al debido proceso legal y actualmente en privación arbitraria de su libertad, ante ello, el Centro “Frayba» interpuso un amparo indirecto en la que solicita la protección de la justicia federal en contra de 13 autoridades del gobierno del estado de Chiapas responsables de vulneraciones a sus derechos humanos.

Lo acusaron de secuestrar a un vecino suyo. No tiene testigos en contra, solo la autoinculpación sacada por policias miniteriales mediante actos de tortura a él y a su esposa. Lleva 12 años en prisión.

En este mismo día, De la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez, integrantes de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia y Germán López Montejo y Abraham López Montejo integrantes de La Verdadera Voz del Amate, denunciaron su situación actual en la que el gobierno no ha atendido su demanda.

“La huelga de hambre duró casi cien días por eso le exigimos al gobierno de Chiapas que nos de nuestra libertad por que estamos presos injustamente que el MP prefabrico nuestros delitos tal como es el caso de nuestro compañero Juan de la Cruz Ruiz de le ha vulnerado sus derechos humanos que en el caso de él debería estar afuera e igual sobre nuestros casos se nos han vulnerado nuestros derechos humanos” describieron en una documento.

Faro ahondó al decir que el amparo reclama que aun cuando existe una recomendación de libertad con sentencia suspendida, con fecha 11 de febrero de 2016, expedida por la Mesa de Reconciliación, Juan permanece en injusta prisión en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 5, en San Cristóbal de Las Casas. El oficio correspondiente se encuentra dentro del cuadernillo 387/MR/2012, está firmado por Rutilio Escandón Cadenas en ese entonces como Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios expesidente de la CEDH, entre otros funcionarios integrantes en esa fecha de la Mesa de Reconciliación.

Entrega del amparo

Esta recomendación fue enviada para su trámite específico ante la Subsecretaría de Ejecuciones de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, quien desde el 12 de febrero de 2016, recibió y debió expedir la boleta de libertad.

Faro comentó que conoció esta exhortación el 19 de noviembre de 2019 y lo notificó a las autoridades correspondientes, entre ellas la Subsecretaría de Gobierno y el Gobernador de Chiapas, con la solicitud de proceder inmediatamente a la liberación de Juan.

Pese a ello, han pasado 3 años y casi 10 meses sin que fuera liberado Juan.

“Tiempo desde que la omisión de autoridades del gobierno de Chiapas incrementó la discriminación y falta de justicia a Juan y su familia. En total son 12 años, 9 meses y 4 días en prisión pagando un delito que no cometió” comentó el director.

El 28 de febrero de 2007, Juan fue privado arbitrariamente de su libertad   y fue torturado por policías ministeriales, desde entonces es víctima de diversas violaciones al proceso legal.

La historia de Juan, originario del municipio de San Juan Chamula desde prisión se organiza con otros presos y desde el 15 de marzo de 2019, iniciaron una huelga de hambre para denunciar su situación de aprehensión.

Durante estas protestas, la familia de Juan y el Centro informó que han sufrido hostigamientos, amenazas, vigilancia e intimidación a pesar de mantener el diálogo con el gobierno de Chiapas.

“Formas de intimidación y represión que son parte del terrorismo de los gobiernos para inhibir las acciones de quien denuncian la situaciones de violencia del Estado. Estos hechos  ya se ha denunciado ante la Fiscalía, el gobierno federal y estatal tienen conocimiento mediante las intervenciones realizadas y se ha solicitado Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que en este país el gobierno es ineficiente y no cuenta con capacidades para proteger a los defensores de derechos humanos” detalló el Centro.

El CDH Frayba reiteró al Estado mexicano que su deber de respeto, prevención y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales no se están aplicando en el caso de Juan de la Cruz Ruiz y recuerda que la falta de su obligación  configura responsabilidad por omisión.

Por lo que urgieron al máximo Tribunal para que conceda el amparo y protección de la justicia federal y que las autoridades responsables de resolver el presente caso cumplan con la recomendación que han emitido. Exigimos al gobierno de Chiapas la libertad inmediata de Juan de la Cruz.

Por último, responsabilizaron al gobernador Rutilio Escandón Cadenas de cualquier hecho que atente contra la vida e integridad física o psicológica de quienes conforman La Voz de Indígenas en Resistencia, La Organización Viniketik en Resistencia y La Verdadera Voz del Amate, así como de las familias de estos presos en lucha, el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y sus redes de solidaridad.

 

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