Se disparan agresiones contra defensoras de Centroamérica

Mujeres defensoras denuncian doble del discurso del Gobierno por terminar con el extractivismo

* Actores vinculados a los Estados (policías, militares, autoridades estatales y federales) siguen siendo, de manera agregada, los principales responsables de las agresiones.


La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Mujeres) informó que según datos preliminares de su registro, en 2018, contabilizaron 1747 agresiones contra defensoras El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, una incremento respecto a los años anteriores.; en 2017 contabilizó 1558 agresiones, para 2016 fueron 1462.

La IM-Mujeres detectó que para el periodo 2017-2018, las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente siguen siendo las más agredidas (1.014), seguidas de quienes defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación (666).

Las defensoras mencionaron que se viven tiempo de represión brutal de gobiernos de Chile, Colombia y Bolivia, en la que se enfrentan a políticas neoliberales, extractivismo y fundamentlaismo religioso.

Protesta contra la criminalización de defensores y defensoras ambientales. | Crédito: Km 169, Prensa Comunitaria Guatemala.

La Iniciativa hizo una breve síntesis de la situaciones de los 5 países, en la cual coincidieron que frente a estos contextos de violencia las mujeres siguen a la vanguardia de todas las luchas, en todos los países y comunidades.

En Nicaragua, la crisis socio-política y de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018, lejos de cerrarse, se prolonga y profundiza junto con la represión de la protesta pacífica y la violencia paramilitar contra las activistas y las defensoras. Doloroso testimonio de ello son las 7 compañeras que este 29 de noviembre amanecen bajo la condición de presas políticas o las decenas de defensoras que siguen exiliadas.

En Honduras, a 10 años del Golpe de Estado, la corrupción y el crimen organizado campan a sus anchas en un gobierno que reprime a la población que ejerce su legítimo derecho a la protesta. Garantiza impunidad para corporaciones que usurpan territorios  para los asesinos de Berta Cáceres y para quienes ejercen violencia criminal contra las comunidades y las mujeres -como es el caso de las garífunas- mientras criminaliza a quienes defienden derechos.

En El Salvador, las mujeres seguimos siendo víctimas de femicidio y criminalización por abortar o por denunciar abusos y violencia sexual. Nuestres compañeres de las comunidades LGBTI son asesinades con crueldad y con la más absoluta impunidad mientras el discurso de odio se expande por las redes sociales y medios de comunicación, en ocasiones con la connivencia de destacados funcionarios del gobierno.

En Guatemala, mientras el Estado blinda sus dinámicas corruptas expulsando a la CICIG del país y tramita leyes que suponen una amenaza para las organizaciones de derechos humanos y para los derechos fundamentales de la población, las mujeres seguimos siendo asesinadas -571 en lo que va de año- y  las defensoras, especialmente las integrantes de los pueblos originarios, agredidas y criminalizadas por defender la tierra y nuestras comunidades.

En México, las periodistas son asesinadas y atacadas por ejercer su libertad de expresión y derecho a informar, las activistas feministas enfrentan discurso de odio y criminalización por denunciar las violencias contra las mujeres o por defender el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Quienes defienden los derechos de las personas migrantes son objeto sistemático de agresiones en el marco del pacto sobre política migratoria firmado por los gobiernos de México y Estados Unidos.

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