En Chiapas, 56 comisionados sindicales de la SNTE ganaron 9 millones de pesos en dos años

Foto: José Alfredo Barrios/Cortesía

* Chiapas, tiene 8 denuncias por más de 342 millones de pesos, establecidas por la Auditoria Superior de la Federación contra el estado entre 2008 y 2015.


La organización México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey realizaron el informe “La impunidad en la nómina magisterial”, en la que se detectaron uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en los estados.

En la entidad, se tiene en promedio, el gasto en educación anual de 27 mil 198 millones de pesos, lo que equivale al 9 por ciento del Producto Interno Bruto. De ese total, la federación aporta un aproximado de 17 mil 963 millones de pesos, es decir, el 71 por ciento.

Dichos recursos, financian a 41 mil 178 profesores, personal administrativo y operativo que atienden a 964 mil 567 alumnos en 14 mil 030 escuelas de educación básica del sistema educativo federal.

El Informe resalta que según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) de 2013, se detectaron irregularidades equivalentes al 20.6% de su nómina educativa.

Además, identificó que 56 comisionados sindicales recibieron 9.2 millones de pesos entre 2015 y 2017.

Elaboración México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey

La organización colocó como los principales actores responsables del sistema educativo del estado a: Rutilio Escandón Cadenas (Gobernador), Rosa Aidé Domínguez Ochoa (Secretaria de Educación), Adelfo Alejandro Gómez (Secretario General de la Sección 7 del SNTE) y Ángel Paulino Canul Pacab (Secretario General de la Sección 40 del SNTE).

A nivel nacional, Al menos dos mil 529 millones de pesos destinados a la educación presentan irregularidades año con año en México. Esta suma, equivalente a dos veces lo invertido para capacitar a los docentes en nuestro país, se desvía en gran proporción por el uso irregular que se ha hecho de uno de los fondos públicos más importantes en educación: el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone).

Los pagos realizados con el Fone representan el 2% de la fuerza laboral del país, y su funciamiento absorbe cinco de cada 10 pesos del presupuesto educativo federal y dos de cada 10 pesos del presupuesto federalizado que reciben los gobiernos estatales cada año.

Entre enero de 2015 y diciembre de 2018 se destinaron más de mil 66 millones de pesos para el pago de 9 mil comisionados sindicales. Este monto podría haberse usado, por ejemplo, para disminuir las desigualdades del 25% de los estudiantes que asisten a escuelas ubicadas en localidades de alta marginación en educación básica.

Entre los hallazgos, mencionaron que el endeble derecho a la información pública, la precaria rendición de cuentas y las omisiones de las autoridades para cumplir con sus responsabilidades y asumir sus facultades legales, abren la puerta a la impunidad, expresada como tolerancia al abuso en la nómina educativa.

Por tanto, recomendó incluir en los criterios de distribución elementos que contextualicen el panorama educativo (calidad educativa e inclusión), el peso efectivo de las entidades y su participación en el gasto educativo, así como los costos de las irregularidades detectadas en los ejercicios anteriores.

Discutir la pertinencia del financiamiento con recursos federales de las diferentes categorías adscritas a los centros de trabajo con clave ADG –los del personal administrativo-operativo–. 147,432 millones de pesos en irregularidades se han detectado entre 2008 y 2017. 125 denuncias que la ASF ha presentado ante la Procuraduría –hoy Fiscalía General de la República– por supuestos delitos en la asignación de recursos del Fone.

Prestar mayor atención al avance de las denuncias y recuperaciones de los montos observados por la ASF en el FAEB y el Fone, a fin de resarcir los daños y lograr efectivamente una restructuración del gasto educativo, para enfocarlo en áreas educativas prioritarias –como plantillas completas en las escuelas, personal docente complementario que atienda a los alumnos con peligro de abandono escolar y mejorar el mantenimiento de las escuelas, entre otros–.

Promover que se ejecuten las sanciones que deriven de las irregularidades cometidas con los recursos del fondo, además de dar seguimiento a la recuperación de los montos que se han desviado.

Mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. El SANE, al tener concentrada la información de la nómina educativa, se presenta como el mejor instrumento para supervisar la implementación de los recursos; sin embargo, su operación no es completa, pues el SIGED aún no está operando adecuadamente, debido a problemas de carácter técnico y presupuestal. Es decisivo que el SIGED opere de manera completa a la brevedad. A pesar del mandato legal que ordenó su operación como un mecanismo para transparentar la información educativa en las escuelas públicas de nuestro país, hemos observado un retraso en su operación que supera los tres años.

Para los subfondos del Fone –gasto corriente y fondo compensatorio para entidades afectadas por la distribución de los nuevos fondos de la nómina federalizada– es necesario modificar la Ley de Coordinación Fiscal para especificar en qué rubros se pueden ejercer dichos recursos.

La indefinición jurídica y la falta de criterios que transparenten el uso de estos recursos, abre la puerta a la opacidad y discrecionalidad en su distribución, lo que es contrario a la rendición de cuentas en el federalismo democrático al que debería aspirar nuestro país.

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