Altos mandos se absuelven, investigan a 60 elementos por agresión a familiares de los 43 normalistas

Ismael Brito Mazariegos, Secretario de Gobierno, Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del Estado y Gabriela Zepeda Soto, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

SSyPC inició investigación sobre actuar de policías estatales en desalojo de normalistas


La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a través de la Unidad de Asuntos Internos, inició el archivo de investigación SSPC/UAI/AII/AI/350/2020, informó que investigará a 60 elementos antimotines que participarán durante el desalojo del pasado domingo contra familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

La SSyPC mencionó: derivado de estos hechos, presuntamente resultaron lesionados algunos manifestantes, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio inicio al archivo de investigación número SSPC/UAI/AII/AI/350/2020, en contra de 60 elementos antimotines, para determinar la presunta responsabilidad.

La información oficial emitida, no contempla ningún alto mando de la SSyPC o algún integrante de la Mesa de Seguridad, cuyos decisiones son vitales para las acciones de seguridad dentro del estado: entre ellos el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Fiscal General del Estado Jorge Luis Llaven Abarca.

También, el Gobierno de Chiapas, a través del Secretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, sostuvo una mesa de diálogo con el Comité Ejecutivo Estudiantil de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y representantes de la caravana de padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa.

Entre ellos, se comprometió el Gobierno a pagar los gastos médicos y determinar responsabilidades jurídicas.

 

Más condenas

Grave, salud de estudiante de Ayotzinapa herido durante desalojo

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena la actuación de la policía estatal que, haciendo un uso desproporcionado de la fuerza, causó lesiones a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá y de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y a personas defensoras de derechos humanos, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 16 de febrero.

La ONU-DH recuerda la obligación de todas las autoridades de garantizar el legítimo derecho a la protesta pacífica de conformidad con los estándares internacionales en la materia e indica que la protección de las personas debe constituir el objetivo central de la actuación de las autoridades en relación con las protestas sociales en línea con lo establecido en la legislación mexicana.

“La actuación policial desarrollada en Tuxtla Gutiérrez muestra la necesidad de garantizar la regulación efectiva y precisa de la acción policial en manifestaciones y la supervisión de su actuación, incluyendo tanto a los agentes participantes como a los responsables de la planeación, preparación y ejecución de los operativos” ONU-DH.

A tres días de los hechos ocurridos, continúan las condenas por parte de organizaciones, políticos y diversos sectores. Al mismo tiempo, el Gobierno de Chiapas anunció que absorberá los gastos médicos por las personas lesionadas durante el desalojo.

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llegaron a Chiapas esta mañana, como parte del recorrido que realizan por los estados del sur del país. Al arribar, fueron recibidos por estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, quienes en el marco de las protestas que realizan, bloquearon el libramiento norte de la capital.

En respuesta, policías antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) los desalojaron, lo que dejó el saldo de un estudiante con herida en la cabeza, provocada por una granada de gas lacrimógeno que le golpeó de manera directa. También hay personas intoxicadas.

Hasta el momento, Amnistía Internacional Américas se pronunció al respecto:

“Las autoridades deberían proteger a las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en su manifestación de conmemoración, no atacarles por querer expresarse libremente. También deben investigar las denuncias para que hechos similares no se repitan” mencionó Erika Guevara Rosas, Directora de Amnistía.

Además, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), integrada por 279 defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de 27 estados de la República, y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos expresaron preocupación e indignación por la brutal agresión.

“Se establece la represión desde el momento en que se decide implementar un operativo de magnitud desproporcionada, en el que participaron cerca de 200 elementos de la policía del estado de Chiapas y de la Guardia Nacional. También es inconcebible que dichas fuerzas de seguridad hayan actuado por mutuo propio y que autoridades de alto nivel desconocieran las agresiones perpetradas en contra de la manifestación convocada por jóvenes normalistas de Chiapas, en la cual también participaban familiares de los 43 así como estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa” expresó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.

Ante esto, a la Red le  preocupó el grado de vulnerabilidad de las medidas de protección y seguridad que el Gobierno Mexicano está obligado a otorgar y garantizar a las familias de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero sobre todo nos indigna que sea la propia autoridad encargada de brindar seguridad la que violente a quienes debe proteger.

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