Cristóbal Sántiz debe regresar a casa

Por Leonardo Toledo e Isaac Guzmán

Las comunidades de San pedro Cotzinam, Tabak, Xux’chen y Cocó, del municipio de Aldama, Chiapas, han sido agredidas desde hace varios años por un grupo armado de Chenalhó. De día y de noche llueven disparos sobre sus casas, sobre sus campos de cultivo, disparan a hombres y a mujeres, a niños y niñas, a adultos mayores. Desde hace exactamente dos años muchas personas han abandonado sus tierras y sus viviendas ante el temor de ser asesinadas.

Las y los desplazados por esta violencia eligieron a Cristóbal Sántiz Jiménez —promotor cultural y autoridad tradicional— como su vocero y representante de la llamada Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama. Como representante ha hecho una ardua labor de denuncia del grupo armado y de señalar violaciones a los derechos humanos por parte de quienes tienen la obligación de mantener la paz y la seguridad.

Cristóbal Sántiz debe regresar a casa

A mediados del años pasado, Alejandro Encinas y Rutilio Escandón lo invitaron a una protocolaria firma de “acuerdos de paz”, y unos días más tarde acompañó a un grupo de funcionarios públicos federales y estatales que acudieron a Aldama y Chenalhó para anunciar lo que llamaron el “banderazo por la paz”, donde se comprometieron a trabajar por la reconciliación y a investigar los ataques. Al día de hoy los ataques siguen, las trincheras de Chenalhó no han sido desmanteladas y el grupo armado no ha sido desarticulado.

Cristóbal siguió denunciando, defendiendo a las y los comuneros que quieren regresar a sus tierras y a sus casas. Para impedir que lo hiciera el grupo armado lo amenazó de muerte mientras que funcionarios públicos exigían su silencio bajo la amenaza de encarcelarlo. Cristóbal decidió no callarse y siguió denunciando los ataques, que no han parado.

El 14 de marzo pasado el gobierno del estado cumplió su amenaza y lo detuvo a las 6:50 de la mañana, al salir de su trabajo como velador del CECATI 133. Lo mantuvieron incomunicado por cinco horas antes de informar a su familia y llevarlo al Cereso del Amate, en Cintalapa. Violaron sus derechos humanos al privarlo arbitrariamente de su libertad y criminalizarlo al presentarlo ante medios de comunicación antes de dejarlo comunicarse con su familia, todo lo cual pone en peligro su integridad y su seguridad personal.

Lo único que hizo Cristóbal fue dar su voz para defender a la gente desplazada, cumplir con su cargo, denunciar la violencia y a la falta de acción de los gobiernos, que sólo han servido para tomarse fotos y brindar con pox con los criminales. Esos criminales que al día de hoy, siguen libres e impunes.