Más del 73 por ciento de agresiones contra trabajadores sexuales provienen de servidores públicos

Protestas a las afueras del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez por trabajadoras sexuales.

* La legislación sobre el trabajo sexual, depende de cada congreso estatal y municipio y pasa por la prohibición total, la tolerancia y/o el control sanitario obligatorio y, muchas veces, recaudatorio.


Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la tasa de victimas de homicidio/feminicidio ha aumentado 4.4 % en los primeros seis meses del 2019 a comparación del mismo periodo del 2018, al año con la cifra más alta de crímenes hasta la fecha.

Las declaraciones de Movimiento por Nuestros Desaparecidos afirman que existen más de 40 mil personas desaparecidas y más de 37 mil personas sin identificar en México; dicho índice de violencia tiene como grupo vulnerable a las trabajadoras sexuales.

Según el informe «Mujeres migrantes contra la violencia en el mundo del trabajo: mujeres de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Cuba y migrantes internas en el trabajo sexual, en México, por lo general están involucrados policías, ministerios públicos, jueces, militares y elementos de la marina, quienes bajo toman represalias al momento en que las trabajadoras se niegan a pagar una cuota de extorsión o a realizar una atención sexual sin paga o sin su consentimiento; al momento de negarse a colaborar en actividades delictivas o a delatar a alguien; para silenciarla por alguna denuncia que haya interpuesto o pueda interponer; etc.

En los últimos 7 meses, la migración hacia México y Estados Unidos ha tenido un incremento significativo al igual que las solicitudes de asilo en ambos países, los migrantes en México tienen el derecho a migrar consagrado en el artículo 11 constitucional y señala que exigir salvoconductos como los visados actuales o cartas de salida del país, es inconstitucional.

Sin embargo, otros tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 22, sobre el derecho a la circulación y residencia) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Culturales y Políticos (artículo 12 sobre los mismos derechos referidos), limitan el derecho a salir, circular y residir en una nación.

El gobierno federal firmo en el 2018 “El Pacto Mundial para la Migración” este tiene el fin de proteger los derechos humanos de las personas migrantes y regular las migraciones, según el canciller mexicano Marcelo Ebrad Casaubón. Sin embargo, la triada de una migración regular, ordenada y segura, no ha estado a la altura de los compromisos que México ha firmado en materia de derechos humanos.

En esta nueva administración, hay retrocesos muy graves en cuanto al respecto de los derechos humanos de las personas migrantes. El discurso oficial es amistoso, pero en la práctica se criminaliza a las personas migrantes, afirma el informe.

 

Migrantes: el trabajo sexual como única opción de empleo en México

Trabajadoras sexuales, pioneras en prevención

El trabajo sexual en México no es delito, sino una falta administrativa, como orinar o tomar bebidas alcohólicas en la calle. Los delitos involucrados en el comercio sexual, son el lenocinio (proxenetismo) y los delitos relativos a la trata de personas.

Según proyecciones de la Brigada Callejera en el año 2010 había un poco más de 800 mil trabajadoras sexuales, de las cuales 200 mil eran menores de 18 años de edad que generan el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a toda la inversión extranjera que hay en México y también 200 mil eran objeto de abusos laborales extremos como la trata de personas, la privación de la libertad y la explotación económica.

Las trabajadoras sexuales son obligadas a contribuir a la hacienda municipal y sin embargo las autoridades municipales, no regresan prácticamente ningún beneficio a este grupo.

En México, más del 73% del total de los responsables de la violencia contra las trabajadoras son servidores públicos.

Los testimonios y las observaciones de campo según Brigada Callejera establece que el Estado Proxeneta permite a un grupo notable de burócratas garantizar la recaudación de ingresos cobrando a las trabajadoras sexuales, a las mujeres sometidas a prostitución forzada y a niñas, niños y adolescentes sometidos a explotación sexual.

En seis indicadores, están involucrados medios informativos, clientes, vecinos, transportistas, iglesias y patrones, también con la complicidad de autoridades gubernamentales. Y en otro indicador aparece la violencia entre las propias trabajadoras como un producto de las demás violencias y de la intromisión de autoridades, dueños de los negocios o el crimen organizado.

Otro responsable de la violencia contra las trabajadoras que se destaca en el informe es la ausencia de reconocimiento del trabajo sexual y los grupos que presionan, en lugares como Tapachula declara una víctima de violencia que es obligatorio pagar en bares 700 pesos la tarjeta. Algunos abusos son más graves como declaran en los siguientes textos:

Funcionarios públicos o particulares a quienes empleados del gobierno les venden los condones, los revenden, así como las pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis y estudios de Papanicolaou del sector salud y de distribución gratuita.

“Cuando vamos a que el médico nos cheque, si nos dan 3 o 4 condones es bastante. Muchas veces no tienen preservativos para darnos, pero hay unos muchachos que nos venden cajas con 100 condones del sector salud que nos deberían de regalar y las venden a 200 pesos (10 dólares). Nos hacen mucha falta y luego si Brigada Callejera no nos trae condones, nos toca comprarlos muy caros o trabajar sin protección” comentó una de las trabajadoras.

 

El miedo a la deportación

Migrantes en el Suchiate. Foto: Daniel Zacarías

Algunas afectadas mencionaron el riesgo a la deportación si no se tiene el documento migratorio vigente y en general ante denuncias de trata de personas contra algún negocio. Algunas incluso nos cuentan que fueron deportadas aun teniendo un hijo nacido en México:

“Yo preferí que me deportaran, a pesar de tener un hijo nacido en Tapachula (Chiapas). Me dijeron que tenía que esperarme seis meses en la estación migratoria y a los tres días me regresé y con el apoyo de la Brigada Callejera, obtuve mi residencia definitiva” mencionó una de ellas.

La legislación migratoria y la práctica institucional de la deportación de trabajadoras sexuales (o la simple amenaza), es un aliciente de la trata de personas y de la explotación con fines sexuales. Los padrotes, algunos dueños y autoridades mexicanas involucradas en el tráfico de personas migrantes aprovechan las restricciones de la ley para abusar de mujeres extranjeras.

“Llevamos muchos años en la zona galáctica (de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) queriendo saber quiénes son los dueños de cada módulo donde trabajamos hasta 10 o 12 compañeras en cada uno de ellos. En el municipio nos dicen que no nos pueden dar esos datos porque sus datos personales están protegidos en la ley” menciona el informe.

Con respecto a la titularidad de la propiedad de los módulos, el “registro público de propiedad y comercio” de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, está obligado a difundir quiénes son propietarios o a señalar que la zona galáctica es propiedad municipal y que entonces se está autorizando a particulares el cobro de la renta de las habitaciones donde laboran las trabajadoras sexuales, incurriéndose en responsabilidad de servidores públicos, cuando menos.

Para las organizaciones participantes, esta es una práctica reglamentarista del comercio sexual:

“Donde yo trabajo, el dueño es diputado de un partido político y nadie se puede meter con él por miedo, a que se desquite. Esto pasa en Guadalajara, Cancún, Morelos, Chiapas y otros estados del norte donde he laborado. Los dueños son de diferentes partidos y son impunes a cualquier juicio en el que se vean involucrados. Hay de que alguien quiera averiguar o hacer públicos sus datos porque te andan mandando a matar” añadió.

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