Por resistir, Gobierno de Chiapas intimida con aplicar el “estado de derecho” y empresa minera con denuncias penales a defensores del Soconusco

Cortesía de Otros Mundo A.C

* Hacer uso del “estado de derecho” sería revisar todas las inconsistencias e irregularidades que presenta el proyecto, no para criminalizar a las y los defensores ambientales de Acacoyagua.

El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio” acompañado del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos Chiapas A.C., alertaron a la población de que el Gobierno de Chiapas, a través de la Delegación de Mapastepec, representada por Concepción Zavala López, convocó a una reunión para advertirles que el gobierno aplicará el “estado de derecho” para que la empresa de extracción de titanio El Puntal S.A. de C.V reinicie sus obras.

El Frente Popular y las organizaciones comentaron que esta reunión estuvo Victor Espinoza, representantes de la empresa minera, quien enfrente de autoridades de la Fiscalía de Chiapas y la Procuraduría Agraria, el empresario señaló a 12 integrantes del FPDS como los “líderes” de la organización y advirtió aplicar denuncias penales en su contra.

Ante ello, El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio” acompañado del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos Chiapas A.C responsabilizaron al Gobierno de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. por cualquier acto de intimidación y criminalización hacia los y las afectadas por la minería en Acacoyagua y a las justas demandas amparadas en los derechos humanos y colectivos.

Las organizaciones expresaron su preocupación ante el evidente respaldo que el gobierno de Chiapas da a la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. para sus operaciones, en la cual  poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los y las integrantes del FPDS y de los y las habitantes de Acacoyagua.

“Es grave que el Gobierno de Chiapas y la Fiscalía adviertan “el estado de derecho” al servicio de una empresa y de intereses privados. Por el contrario, “el estado de derecho”, en su relación intrínseca con los derechos humanos, debe estar al servicio de proteger a las personas y los pueblos, así como nuestros ecosistemas, y no para promover los intereses económicos y proyectos mineros” mencionaron en un comunicado.

Del 2016 al 2018 los y las integrantes del FPDS fueron víctimas de una estrategia de criminalización y judicialización, coordinada por el gobierno de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. Misma que fue documentada por diversas organizaciones de la sociedad civil en Chiapas y por la organización de observación internacional SweFOR. En ese momento el FPDS acudió de manera pacífica a tres mesas de trabajo en donde se solicitaron a distintas dependencias hacer los estudios de calidad de agua y de salud correspondientes para la documentación de daños a la salud y al medio ambiente.

“Ninguna solicitud fue atendida, sino todo lo contrario, en este periodo se documentaron amenazas directas hacia los y las integrantes del FPDS, pago a ejidatarios y coordinación de acciones de confrontación por parte del integrante de la empresa: Julio Alfaro, pago a periódicos locales para que difundieran notas que deslegitimaban a integrantes del FPDS, la presencia de un convoy militar que llamó el municipio de Chiapas para vigilar una reunión convocada por el FPDS, entre otras.” Externaron.

Las organizaciones señalaron que desde esos años y hasta hoy, el gobierno de Chiapas juega un rol de apoyo a la empresa Minera El Puntal S.A de C.V., por lo que advirtieron organizaciones que el proyecto tan solo contaba con el permiso de exploración, pero que la gente denunciaba el paso de transportistas con mucho material y una serie de inconsistencias en los contratos con los ejidos.

Reiteramos que el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” somos una organización integrada por representantes de comunidad: jueces, ejidatarios y comuneros, así como madres de familia y jóvenes. Nuestra labor desde el 2015 ha sido la de informar y hacer denuncia de las consecuencias ambientales y sociales por la actividad minera. Nuestras acciones son pacíficas, sin ningun fin más que el de proteger el medio ambiente y el patrimonio de las futuras generaciones.