Derechos humanos pueden y deben ser la guía para responder y recuperarnos de la COVID-19: Bachelet

Derechos humanos pueden y deben ser la guía para responder y recuperarnos de la COVID-19: Bachelet

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió un discurso este miércoles en la que habla sobre la epidemia del Covid-19 en el mundo.

Esta es una crisis humana. Un reto para nuestras sociedades, para nuestros gobiernos y para nosotros mismos. Una enorme prueba de liderazgo y humanidad. La semana pasada, el Secretario General publicó un Informe que muestra cómo los derechos humanos pueden y deben ser la guía para responder y recuperarnos de la COVID-19. La prioridad, por supuesto, es proteger las vidas humanas y que la respuesta sea incluyente, trasparente y responsable” comentó Bachelet.

La Alta Comisionada comentó que las medidas de emergencia ayudan a contener la propagación de la enfermedad, y que son necesarias, deberían ser temporales, proporcionales, y deben proteger tanto a las personas como al Estado de Derecho.

“Y es vital asegurarse que nadie se quede atrás –la salud de todas las personas depende de ello. Y aunque el virus no discrimina, sus impactos sí. La pandemia es un riesgo para todos, pero tiene unos efectos desproporcionados sobre la salud y los medios de vida de ciertas personas y comunidades. Algunos de los más vulnerables ante esta crisis son quienes ya están en riesgo” añadió.

Bachelet comentó que la protección de los migrantes en América Latina, es fuente de preocupación, con denuncias de deportaciones, cierre de fronteras y nueva legislación restrictiva.

“En Guatemala, los migrantes están regresando sin ninguna protección sanitaria, incluidos los deportados de los Estados Unidos que han dado positivo a la COVID-19 a su regreso.
Hay también informes de deportados desde México enfrentando creciente discriminación, con comunidades locales que establecen barricadas para evitar su retorno. De hecho, la pandemia está generando una ola de estigma y discriminación alrededor del mundo: contra ciertos grupos nacionales y étnicos, contra quienes son sospechosos de tener la COVID-19 y contra los trabajadores de la salud” dijo la Alta Comisionada.

Bachelet manifestó que el acceso a la información, la participación pública y una respuesta incluyente son esenciales.

“Este es un momento en el que, más que nunca, los gobiernos deber ser abiertos y transparentes, receptivos y responsables de las personas que buscan proteger. En algunos países de América Latina las protestas sociales en demanda de derechos básicos han sido enfrentadas con un excesivo uso de la fuerza. Ese fue el caso en Honduras, Colombia y Venezuela en manifestaciones recientes contra la escasez de alimentos, agua y medicamentos, así como la falta de transparencia sobre la situación” agregó.

En El Salvador, han denunciado casos de malos tratos y uso excesivo de la fuerza, muchas personas que supuestamente estaban incumpliendo la cuarentena han sido arrestadas y detenidas en condiciones de hacinamiento durante periodos prolongados, ignorando los fallos reiterados de la Corte Suprema sobre tales medidas. Un procedimiento similar también se ha visto en otros países de la región con más de 11.000 arrestados o detenidos en Guatemala, 35.000 en República Dominicana y 50.000 en Perú.

En Perú, la Corte Suprema ha pedido a los jueces que utilicen la detención preventiva solo en circunstancias excepcionales. México ha adoptado una ley que permite la liberación anticipada de prisioneros. Y luego de la asesoría e incidencia de mi Oficina en Bolivia y Chile, ambos países están cooperando en la entrada de nacionales a Bolivia.

“La pandemia de la COVID-19 también representa un alto riesgo para las mujeres y las niñas no debido a una vulnerabilidad inherente, sino por la preexistencia de la discriminación y la inequidad. En América Latina, esto es particularmente evidente para las mujeres que trabajan en el sector informal, las trabajadoras domésticas, las indígenas, las afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las migrantes, las mujeres con VIH, y con orientación sexual e identidad de género diversa” señaló.

Además, la Alta Comisionada instó que la actual crisis ha estado acompañada por un aumento de la violencia de género.

“Este flagelo se ha observado en varios países del mundo, especialmente en lugares donde las cuarentenas, el autoaislamiento y otras medidas restrictivas han sido adoptadas. Para las víctimas, el acceso a asistencia puede ser difícil debido al confinamiento con el abusador o porque tales servicios también tienen el riesgo de estar menos disponibles. La situación no es diferente en América Latina, una región donde los niveles de violencia de género, incluyendo feminicidios, están entre los más altos del mundo” comentó.

trabajan con capacidad limitada, dejando muchos casos sin atención.

Para abordar la problemática, los servicios de apoyo deben declararse esenciales y permanecer abiertos; deben establecerse sistemas accesibles para alertar a las autoridades y proteger a las víctimas; y las víctimas deben estar informadas sobre los servicios disponibles.

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