Pese a pandemia, Gobierno de Chiapas debe investigar desapariciones forzadas y vulneraciones de DDHH

de Gobierno.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades del estado de Chiapas atender de forma prioritaria la problemática de la desaparición de personas y en favor de las victimas.

Alejandra Rovelo fue nombrada directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas desde el pasado 23 de enero del presente.

La Comisión Ejecutiva es un organismo público descentralizado de la administración estatal, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno.

Rovelo, quien antes de su puesto fue la Coordinadora Estatal para el Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género, tiene entre sus funciones crear procedimientos, mecanismos e instituciones que permitan garantizar su plena efectividad en el Estado, en materia de atención, ayuda, asistencia, acceso a la verdad, la justicia y a la reparación integral de las víctimas de delitos del fuero común y violaciones de derechos humanos, de acuerdo con los principios establecidos en la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas.

Asimismo, proponer una política estatal y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a los derechos, a fin de cambiar de forma sustancial la atención a las personas víctimas.

A meses de este hecho, la CNDH destacó que Chiapas así como los otros 31 estados tienen una responsabilidad fundamental de generar, en cualquier circunstancia, condiciones para la atención de los casos de desaparición de personas y violaciones graves a los derechos humanos, que datan muchos de ellos, desde los años sesenta del siglo pasado y hasta el contexto en que se presentan hoy en día.

El pasado 17 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, la cual entró en vigor el 16 de enero de 2018.

Sin embargo, para la CNDH hasta el momento, los avances aún no se encuentran a la altura de las expectativas de las víctimas ni de la sociedad mexicana, por lo que se requiere una mayor voluntad política, en particular desde las y los titulares de los poderes ejecutivos en las entidades federativas, para fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Por tanto, el Organismo Nacional envió un escrito a los titulares de cada uno de los estados, el cual contiene 16 tareas, de las que derivan 31 acciones concretas, que se proponen para fortalecer la cooperación de las instancias encargadas de la búsqueda de personas, de atención a víctimas, de procurar justicia y brindar seguridad pública, así como de aquellas responsables de promover el desarrollo social.

Cabe señalar que en el marco de la actual emergencia sanitaria, el Consejo de Salubridad General de nuestro país, emitió el 30 de marzo de 2020, el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS – Cov 2 (COVID-19), por lo que los (as) mandatarios (as) de las 32 entidades del país, tienen la responsabilidad de continuar con su impulso la investigación, búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas tanto en vida como en campo, sin poner en riesgo la salud y la vida de quienes participen en ello.

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