Confirman primer caso de Covid-19 de una persona privada de su libertad; Gobierno libera

Penal de El Amate

*Con un primer caso confirmado dentro de un CERSS, en Chiapas ya se toman medidas de prevención que van desde la suspensión de visitas hasta la preliberación.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que el Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVIDー19 en Centros Penitenciarios reporta 92 casos confirmados acumulados en el país; 1 de ellos en Chiapas.

En este contexto, el Gobierno del Estado anunció la preliberación de 34 personas privadas de su libertad como medida cautelar ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, con el fin de respetar sus derechos humanos y evitar más contagios.

Desde hace dos semanas, la CNDH hizo un llamado a las autoridades del sistema penitenciario de los estados para generar en tiempo y forma medidas de prevención adecuadas y suficientes para la protección de la salud de personas privadas de su liberad ante la alerta de contagios por el Covid-19.

En Chiapas existen 16 Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS); entre ellos, en dos Centros Especiales para los Adolescentes y un Centro Estatal Preventivo.

Por su población penitenciaria destacan: el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 “El Amate”, los CERSS 3 de Tapachula, 5 de San Cristóbal de Las Casas.

El Organismo Nacional detalló que las personas privadas de la libertad deben de adoptar medidas específicas dadas las condiciones de internamiento en las que se encuentran, a fin de salvaguardar su integridad física; por ello, es necesario que se lleven a cabo las medidas preventivas correspondientes tanto para la población penitenciaria, visitas (familiares y defensores) y personal que ahí labora.

Además, mencionó que con base en las condiciones que imperen en cada uno de los establecimientos penitenciarios federales y estatales, se sugiere implementar mecanismos encaminados a la protección de la salud y vida de la población privada de la libertad, las visitas en general, los proveedores de servicios y personal penitenciario.

En plena contingencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) a través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad informaba  que controló una riña en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 5 de San Cristóbal de Las Casas que se suscitó la mañana del 29 de marzo.

El resultado de trifulca fue de cinco personas privadas de su libertad con lesiones leves, quienes fueron atendidas por personal médico de dicho centro penitenciario.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación iniciada, los cinco lesionados y nueve personas más son presuntos simpatizantes e integrantes de la pandilla delictiva Barrio 18, mismos que son señalados por extorsionar a las visitas y familiares del resto de la población penitenciaria, por lo que hoy fueron expulsados de sus celdas.

La autoridad descartó las versiones de los hechos que circulan en redes sociales, sobre la supuesta falta de atención por parte de las autoridades de las visitas de las personas privadas de su libertad, debido a que estas se suspendieron de manera temporal en los 14 Cerss y los dos de menores infractores del sistema penitenciario de Chiapas.

En su versión quince días después, los presos del CERSS No. 5 denunciaron que pese a restringir vista de familiares para prevenir contagios por COVID-19, los custodios entran a las celdas sin medidas de protección.

Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Ku’untik pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la emisión de Medidas Precautorias para garantizar la integridad física y la vida de más  7 mil 600 personas privadas de su libertad en los Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Chiapas.

Ante la propagación del COVID-19, atender la situación de vulnerabilidad que enfrentan las personas privadas de la libertad en el Estado es urgente, se evidencia en la ausencia de estrategias dirigidas a la preservación de la integridad personal de ese foco poblacional, expresó el Centro de Derechos Humanos.

Así mismo, destacó 9 Centros Penitenciarios en los que la salud está en completo abandono por el Estado y las autoridades responsables. A continuación, se mencionan algunos casos:

En el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No.3 de Tapachula, se albergan 835 hombres en condiciones deficientes de salud, higiene y alimentación.

En el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No.4 Femenil de Tapachula, conviven 44 mujeres recluidas con la inexistencia de protocolos de higiene en la cocina y en exteriores, esto sumado a deficiencias en servicios de la salud.

En el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 5 de San Cristóbal de las Casas, 239 hombres y 16 mujeres, viven en situación de superpoblación y hacinamiento, habitando una infraestructura insuficiente para alojar personas, sin protocolos de higiene en las áreas de alimentación y con deficiencias en los servicios de atención a la salud.