¡Ni perdón, ni olvido!… Se cumplen 4 años del desplazamiento forzado del ejido de Puebla en Chenalhó
* El 26 de mayo del 2016, a la una de la tarde, un grupo paramilitar, organizado por la presidenta Rosa Pérez Pérez, junto con el tesorero municipal Abraham Cruz Gómez presidente actual, nos agredieron con armas de fuego, palos y piedras, ¿Porque llegaron a agredirnos?, ¿Porque llegaron a atacarnos?, no quisimos votar, apoyar el partido verde ecologista… sacaron nuestras pertenencias, quemaron todo… tuvimos que salir, huir al monte con los niños y adultos de la tercera edad…” dijo Araceli Cruz López.
El Movimiento Campesino Regional Independiente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN) informó del cumplimiento de 4 años desde que un grupo paramilitar militantes del partido verde ecologista les agredieron de manera brutal a más de 49 familias del ejido indígena tsotsil Puebla del municipio de Chenalhó.
Añaden que durante este hecho asesinaron Guadalupe Cruz Hernández y a una menor de edad. Posterior a ello saquearon y quemaron casas, donde más de 250 personas tuvieron que huir al monte, desde hace 4 años deambulan lejos de su tierra, el gobierno del estado y federal no han tomado acciones contundentes para garantizar un retorno digno y seguro.
MOCRI-CNPA-MN hizo un llamado a los distintos niveles de gobierno para que resuelvan de fondo los desplazamientos forzados internos que son perpetrados por grupos armados bajo el mando de políticos, acto que es contrario al discurso de paz que pregonan los voceros de la cuarta transformación, en las comunidades indígenas siguen las agresiones si no se doblegan ante el partido en el poder, aquellos que se organizan y luchan por mejorar las condiciones de vida son agredidas.
Por ello, en el marco del cuarto aniversario luctuoso de Cruz Hernández y el violento desplazamiento exigen que se atiendan las demandas de las comunidades de Shulvó, en Zinacantán; Tenango y Cintalapa, en Ocosingo; y ejido Puebla, Chenalhó, pertenecientes a la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas, para que se les haga justicia por los asesinatos y cárcel de la que han sido objetos algunos y se le garantice el acceso a la justicia, así como de un retorno digno y seguro.
Araceli Cruz López, mujer desplazada del ejido Puebla y Coordinadora de Personas desplazadas del Estado de Chiapas, emitió un comunicado, en el cual expresa que, desde su campamento y narra lo que sucedió hace cuatro años.
“Mi papá Guadalupe Cruz Hernández fue asesinado y los responsables aun no reciben la sanción que merecen, no hay justicia ni reparación del daño, a lo largo de estos cuatro años hemos levantado nuestras voces para denunciar las omisiones del gobierno en nuestros derechos, a la vivienda, a la alimentación, a la educación, a la salud, a la justicia, a nuestra integridad personal”, expresó la mujer desplazada.
Cruz López añade que viven en un campamento provisional que solía ser una granja de producción avícola, sus paredes no tienen ventanas que los protejan del frió de San Cristóbal de las Casas, sus techos son de asbestos y las familias conviven hacinadas entre sí.
“Este espacio no es digno para nosotros, nuestro derecho a la educación no sido garantizado, a veces venían docentes a enseñar a las niñas y los niños, pero los adolescentes no están nivelados y en esta época de cuarentena tampoco se a procurado que podamos estudiar, sin embargo, siempre hemos contado con el apoyo de la Escuela Normal Rural Mactumactzá”, dijo.
Da a conocer que, en este momento de pandemia mundial nadie ha ido a explicarles en su idioma de origen de que se trata este virus, como pueden protegerse de él, además si alguien se enferma pueden consultar con los médicos, pero los medicamentos van a cuenta de ellos, es decir que el acceso a la salud esta limitado por el dinero, la alimentación que es responsabilidad del estado de Chiapas, presentado irregularidades, no llegan a tiempo nuestros y están incompletos.
“Nuestro empleo temporal que es nuestro único ingreso siempre llega tarde, no importa cuantas minutas firmemos para acordar los cumplimientos con las autoridades responsables, en estos cuatro años hemos soportado, el hambre, la incertidumbre, la zozobra, las presiones y el abandono del estado, a pesar de esto nuestra lucha sigue, por eso hoy exigimos con fuerza que se haga justicia y que las autoridades responsables garanticen nuestros derechos”, menciona Cruz.
Por último, agradecen a todas las personas que de buena voluntad se han solidarizado con sus causas, quienes les dieron alimentos cuando tuvieron hambre, casa cuando sintieron frio, que hicieron reír a los niños y niñas cuando se sentían tristes.
María Pérez Pérez, desplazada de la comunidad de Shulvo, municipio de Zinacantán, expresa que ellos fueron desplazados el 9 de diciembre del 2015, se suman a los desplazados del ejido Puebla, exigiendo al gobierno del estado, que les resuelva, porque ya han sufrido muchos años de estar fuera de sus casas y esta situación ha sido muy difícil.
“Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos, aquí, allá, la lucha seguirá, ¿Que queremos compañeros?, ¡Justicia!, ¡Justicia!, ¡Justicia! …” expresó el grupo de desplazados.
Además, a este llamado de exigencia por justicia al gobierno se unió el Centro de Derechos Humanos Ku’untik y la Escuela Normal Rural Mactumactzá, el CEDH menciona que las personas desplazadas han recurrido a distintas instancias nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien les otorgó medidas cautelares, sin embargo el cumplimiento del Estado mexicano ha sido irregular, las ayudas humanitarias no llegan a tiempo además de no ser suficiente para todos.
Sin comentarios aún.