Piden a la CIDH medidas cautelares contra el Tren Maya

Organizaciones indígenas y civiles solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este fin de semana medidas cautelares en contra del Tren Maya para evitar daños irreparables al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, elemento indispensable de los territorios del pueblo maya y principal fuente de abasto de agua de la población y de las comunidades mayas.

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible señalaron en un pronunciamiento conjunto que hicieron esta solicitud pues la construcción del megaproyecto denominado “Tren Maya” pone en peligro al territorio del pueblo maya y al acceso al agua en condiciones óptimas de las comunidades mayas y poblaciones en la Península de Yucatán.

Indicaron que aplicación del principio precautorio en materia medioambiental solicitaron que el Estado mexicano se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto “Tren Maya” por los daños graves e irreparables que este pudiera ocasionar al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán.

Debido a los daños que ocasionaría el megaproyecto “Tren Maya”, este 16 de mayo, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger el acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, también llamado sistema de cenotes, del cual depende el derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas de la península.

La solicitud fue presentada debido a que el inicio de la construcción del megaproyecto “Tren Maya” amenaza con recrudecer la ya vulnerable situación ambiental del sistema de cenotes, puesto que desde el pasado el Estado Mexicano ha permitido, tolerado y participado en su deterioro siendo un promovente importante del desarrollo de megaproyectos turísticos, inmobiliarios y agroindustriales que utilizan y contaminan sus aguas.

Las organizaciones expusieron que las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno han sido omisas en asegurar una infraestructura adecuada y suficiente para el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de los residuos sólidos. Además de haber otorgado concesiones para carga y descarga de agua que son operadas sin control, ni medidas de prevención ni mitigación, poniendo en peligro el patrimonio histórico, identitario y cultural de los pueblos mayas, así como su salud y sus vidas.

Estos daños a los derechos del pueblo maya se agravarían con el desarrollo del megaproyecto “Tren Maya”, el cual aumentaría considerablemente el proceso de deterioro de los territorios indígenas y del sistema de cenotes, ya que incluye la construcción de nuevas ciudades, nuevas zonas hoteleras, parques agroindustriales y distintas estaciones; y que proyecta un aumento del arribo de 3 a 4 millones de turistas a la región por año.

Subrayaron que el megaproyecto “Tren Maya” se prepara en un contexto regional de conflictos socioambientales vigentes, caracterizados por el despojo de los bienes comunes de los territorios indígenas y campesinos de la Península de Yucatán, y prevén que la construcción e implementación de este megaproyecto agudizaría y aumentaría estos conflictos debido a que supone el desarrollo de nuevos megaproyectos en distintos sectores económicos (turismo, agroindustria, energía, transporte, etc.) con impactos negativos, y en muchas ocasiones irreparables, sobre el medio ambiente y el sistema de cenotes.

En su solicitud, las organizaciones manifestaron que el Estado mexicano ha sido omiso en el cumplimiento de su obligación internacional de realizar los estudios de impacto ambiental y social de manera previa, transparente y pública; aún así, tal y como ha reconocido el Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el pasado 30 de abril se dio inicio a la construcción del megaproyecto. Expresaron que el arranque del megaproyecto se da en ausencia de información científica que permita identificar plenamente las posibles afectaciones al ambiente, y a las comunidades indígenas y campesinas; incluso, mencionaron se ha hecho pública la intención irresponsable de exentar al megaproyecto del cumplimiento de esta obligación.

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal es una asamblea itinerante constituida por hombres y mujeres de la Península de Yucatán, mayormente ejidatarios y campesinos afectados por diversos megaproyectos. En tanto que el CCMSS es una asociación civil no lucrativa, formada por personas y organizaciones; desde 1994 trabaja directamente con comunidades de diversos estados del país para impulsar el manejo forestal comunitario. Su misión es contribuir a mejorar las condiciones de vida y de participación de las comunidades rurales que viven en regiones forestales del País.