La madrugada del 11 de junio, el médico J. Carlos (N) Salió huyendo del hospital básico comunitario del municipio Villa de las Rosas. Al ver entrar a un grupo de personas armados con palos y piedras, que a su paso iba destruyendo el mobiliario del hospital que a la comunidad le costó una década de gestión, no le quedó más que refugiarse en la obscuridad de los pastizales cercanos a la carretera de entrada al pueblo.

Tres horas quedó agazapado, hasta que los ánimos de la turba se calmaron. Buscó a sus compañeras de trabajo y salieron del poblado. A la fecha no es claro si la agresión al personal médico que se va repitiendo en una docena de municipios de Chiapas, es producto de lo que pareciera una campaña de desinformación nacida al calor de la incertidumbre ante la enfermedad del nuevo coronavirus, o hay algún otro motivo.

Ese mismo jueves, en el municipio Las Margaritas, familiares de una persona que  falleció y fue diagnosticada con COVID-19, golpearon a Miguel Ángel Palacios Castro, director del Hospital de la localidad. Le reclaman no haber atendido al paciente.

Y entre los gritos, le dicen: “¿Cuánto querías ganar por la vida de mi suegro diciendo que es covid?”. “Nosotros no pagamos por matar gente”, responde el médico. También han ocurrido agresiones, amenazas al personal médico en los municipios de Totolapa, Ocosingo, Simojovel, Chilón, Comitán y Motozintla.

Tres hospitales han sido atacados, dos se encuentran cerrados. Hay riesgo de nuevas agresiones a médicos y enfermeras en municipios como Oxchuc, San Cristóbal, Tenejapa y San Juan Chamula, explica María de Jesús Espinosa de los Santos, secretaria general de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSA).

En todos los casos, la población ha recibido mensajes vía whatsApp, donde una voz “advierte” que no deben acudir a los hospitales porque “están matando a los pacientes”; en otro audio acusan a los gobiernos municipales de tener “un convenio para entregar 60 personas muertos por día”, expandiendo un virus a través de la fumigación y que no hay que acudir a los hospitales porque ahí están matando a las personas.

La líder sindical explica que esta campaña de desinformación donde se acusa al personal médico de “matar gente” ha impactado en diversas regiones, “porque al pueblo de Chiapas no se le dio la información, en tiempo y forma de lo que era esta enfermedad y sus consecuencias (…) se tuvo que haber llevado la información, de acuerdo al idioma de cada región.

El primer problema

Este es el segundo problema que, en medio de la pandemia, enfrentan alrededor de 24 mil trabajadores de la salud que laboran en Chiapas. El primero y más importante, señala, es la falta de equipo de equipo de protección para atender a pacientes enfermos de COVID-19.

Espinosa de los Santos explica que de las caretas, trajes, batas, guantes y cubrebocas que actualmente usa el personal sanitario, el 60 por ciento, vino de donaciones de la sociedad civil; porque a la fecha, a más de 100 días del inicio de la pandemia, el gobierno estatal sigue sin dotar de suministros de protección en calidad y cantidad suficiente.

El resultado es que 622 trabajadores de este sector han sido contagiados de COVID-19; de ellos, 10 han fallecido. Esta cifra contrasta con los 218 casos que oficialmente son reconocidos, “porque al personal médico que ya ha presentado síntomas no le han querido hacer las pruebas. Solo les dicen: es presunto COVID, vete a tu casa a recuperar”.

La líder sindical lleva la cuenta de cuántos trabajadores han enfermado, porque muchos de ellos, los que tienen contratos eventuales y de confianza, no cuentan con servicios médicos. Una paradoja. “Entonces nosotros hemos tenido que buscarles medicamentos, que buscarles hospitalización”.

Ante el incremento de los contagios entre el personal de salud, la alternativa que desde esta semana aplican, es tramitar amparos ante un juez, para obligar a las autoridades a entregarles equipo de protección. “Tocamos puertas en el poder ejecutivo, en el legislativo, ahora lo vamos a hacer en el poder judicial”, señala.

La representante de los trabajadores, cuestiona el destino de los 1,500 millones de pesos que el gobierno federal destinó a Chiapas como recursos extraordinario para atender la pandemia.

Refiere que en vez de habilitar y equipar los hospitales existentes, se rentó lugares poco apropiados, como el Poliforum Mesoamericano, un espacio destinado a eventos y fiestas, por el que se pagan 250 mil pesos mensuales de renta.

En el Poliforum no hay ni siquiera baños adecuados para uso de pacientes y el personal, y el sistema para la distribución de oxigeno y ventilación hospitalaria, opera con deficiencias.

La curva de la pandemia va a la alta en Chiapas. De acuerdo al diagnóstico esperado, las próximas dos semanas se espera un incremento en los contagios. Los trabajadores de la salud piden seguridad para laborar sin agresiones, en lugares que ya tienen identificados como focos rojos.

Y también, como el primer día desde el inicio de la pandemia, exigen equipo de protección para ellos, e insumos y medicamentos para los pacientes.

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