Por «austeridad», más de 500 mil victimas de la violencia de género podrían verse afectadas en asistencia médica y jurídica

Andrea Medina realizando el pronunciamiento.

*La organización Por la superación mujer A.C., registró 496 denuncias de violencia familiar, por ello, implementaron la atención de contención psicológica y asesorías jurídicas vía telefónica a las mujeres sin ponerlas en riesgo, así como el seguimiento de las denuncias que tienen medidas de protección y hacer el monitorio para saber si están pasando patrullas a su domicilio, visibilizando el trabajo de las autoridades.

La red de mujeres mexicanas Nosotras tenemos otros datos, realizaron un pronunciamiento con víctimas y participación de mujeres en los estados de Chiapas, Nuevo León, Tlaxcala, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas.

Andrea Medina, abogada, menciona que el decreto de austeridad emitido por la presidencia de México el pasado 23 de abril, establece que son excepción de dicha política los programas relacionados a la defensa de los Derechos Humanos.

“Cada día amanecemos con nuevas amenazas, evidencias y afectaciones por el hecho de que, si se están recortando y limitando los recursos ya asignados para cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos”, expresó.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (SEAV), el 2 de junio hizo público el impacto negativo que tendría el recorte solicitado por Hacienda en cumplimiento de la política de austeridad de la presidencia, añadió.

“El presupuesto Federal asignado para la SEAV este año 2020 es de 423 837 035 pesos, de los cuáles Hacienda pidió recortar el 75% del gasto corriente, al igual que ha solicitado a la mayoría de las demás instituciones relacionadas con obligación de Derechos Humanos como mujeres, medio ambiente y cultura”, compartió.

Medina dijo que de acuerdo con la Comisión este recorte frenara sus actividades esenciales y paralizara al funcionamiento de la institución dejando a miles de personas sin atención adecuada.

“Es importante tener presente que en el Registro Nacional de víctimas a la fecha están inscritas 23 693 personas como víctimas directas y 36 974 personas como víctimas indirectas, el total del presupuesto asignado por las entidades federativas que cuentan con comisiones de atención a víctimas, es de 535 109 542 pesos, cada entidad federativa aporta un rango distintas a estas comisiones estatales” compartió.

El rango máximo que se registró fue en el estado de Chihuahua con 111 millones 445 415 pesos, el estado que menos aporta la comisión de atención a víctimas es Zacatecas con 3 millonesde pesos, es decir con la suma del presupuesto federal y los presupuestos estatales en México para el año 2020, se asignaron 958 945 577 pesos, mencionó la abogada.

“Esta cantidad representa sólo el 3.04% del monto destinado por el Gobierno Federal en 2020 a la construcción del tren Maya que es considerado un proyecto prioritario aún en la austeridad”, expresó.

México se comenzó a reconocer los derechos de las víctimas en el año de 1993 cuando se nombró por primera vez en el artículo 20 de la Constitución, después de 24 943 personas desaparecidas y casi 123 000 personas asesinadas en cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante los seis años de la gestión del expresidente Felipe Calderón, expuso la abogada.

Asimismo, en el año 2012 se aprobó la Ley General de víctimas, esta establece los derechos de las víctimas, la organización y mecanismos que desde el estado mexicano se implementaran para garantizar sus derechos,

“Nos pronunciamos en contra de toda represión policial racistas y sexistas que se está dando”, expresó.

En el año 2012 se creo la Ley de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, establece derechos para estos sectores, además de obligaciones para los poderes del estado con mecanismos para superación, este mecanismo al igual que la SEAV, se encuentra en grave riesgo para su operación con la política de austeridad.

A partir de la Ley General de Víctimas, cada una de las entidades federativas ya legislaron al respecto, sin embargo, en el año 2017 se realizaron reformas a la ley general que fortalecen el sistema nacional y las formas de coordinación, pero de estas reformas sólo 17 entidades federativas las han armonizados, Chiapas es uno de los estados que no ha armonizado la legislación.

“Exigimos al ejecutivo Federal el respeto al principio constitucional de progresividad en Derechos Humanos que implica la no regresión en el presupuesto y los recursos humanos destinados a cumplir con las obligaciones en materia de Derechos Humanos”, comentó.

También exigen al Congreso de la Unión y a los Órganos de Fiscalización Superior de la federación y de cada estado, inicien programas especiales de auditoría vinculada con la atención a la emergencia sanitaria y sus consecuencias en el cumplimiento de las obligaciones de Derechos Humanos.

En tercer lugar, al Poder Judicial le exigieron tanto de la federación como de los estados el cumplimiento de sus deberes respecto de la reparación del daño integral de las víctimas, la mayoría de las sentencias lo incumplen, así como gastar el presupuesto asignado a igualdad de género y a la violencia contra las mujeres de manera adecuada, efectiva y transparente.

Por último, al Sistema Nacional de Victimas y a las Comisiones Ejecutivas de Atención a Victimas federal y de los estados, exigieron la transparencia y efectividad en el cumplimiento de sus obligaciones.

ONU y embajadas instan a México a actuar contra la violencia hacia las mujeres y niñas durante confinamiento.
Foto: Joselin Zamora

Por otro lado, en la participación de los estados, Elsa Simón Ortega representante de la organización Por la superación mujer A.C. en Tapachula, cuentan con dos líneas de acción, una es la oficina donde atienden a las mujeres de forma externa, no solo de ese municipio, sino a 16.

“La otra línea de acción es el refugio, atendemos varios municipios del Estado de Chiapas, en la zona Soconusco no existe un refugio para atender a las mujeres, ni de organización civil, menos de gobierno” añadió.

La situación actual en Estado de Chiapas es la de sufrir dos pandemias la emergencia del Covid-19 y el de la violencia de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, la violencia familiar a incrementado mas de un 40% de denuncias a comparación del año pasado, mencionó Simón Ortega.

Además, la representante comparte que en el estado más de siete municipios alerta de género cuando le han dicho al gobierno que no son solo esos en los que violentan a las mujeres.

“En la atención externa dan atención integral lo que es trabajo social, psicología, jurídico, psicología infantil, se ha incrementado nuestras atenciones, tenemos a la fecha 1393 atenciones, en lo que va de refugio hemos incrementado al 40% nuestra atención”, compartió.

Chiapas tiene el primer lugar de violaciones de niñas, al igual que en embarazos en adolescentes y niñas. El estado cuenta con la alerta de violencia de género, en los primeros 15 días de enero de este año, se registraron 11 casos de feminicidio, uno de ellos infanticidio. dijo Simón Ortega.