Se cumplen dos años del desplazamiento forzado de 59 familias tseltales de Chilón

“Volveremos a nuestra tierra, tierra que nos vio crece”. Cortesía: Chiapas denuncia.

*Los pueblos y grupos en situaciones de desplazamiento forzado no deben ser víctimas del sistema de justicia del Estado, los cuales impiden avanzar en la búsqueda de soluciones y no alcanzar la justicia con estricto apego a los derechos colectivos.

*El 06 de diciembre de 2019, alrededor de las 6:00 horas, un grupo civil armado conformado con al menos 20 personas procedentes de la comunidad de Pechton Icotsilh’ atacaron con armas de fuego a la población de San Antonio Patbaxil. El mismo grupo agresor desplazó a la población de la comunidad Carmen San José, entre el 20 y 25 de junio de 2018. 


Voceros de Gobierno Comunitario de Chilón emitieron un comunicado, dando a conocer que el municipio ha sido escenario de grandes violaciones a los Derechos Colectivos. En los últimos años se ha encrudecido esta realidad, el pueblo ha sido atacado con difamaciones, encarcelamiento injustificado, desplazamiento forzado, abuso de autoridad, con la tolerancia y justificación del gobierno de los grupos armados, sumando la ineficiencia e ineptitud de las autoridades en dar soluciones.

La comunidad Carmen San José perteneciente al municipio de Chilón, han sido víctimas de la injusticia e ineptitud de las autoridades locales, estatales y federales, estos no han podido dar atención adecuada y soluciones concretas en acción para el retorno de las familias desplazadas, mencionan los voceros.

Además, este 8 de junio se cumplen dos años desde que las personas de la comunidad fueron despojadas de sus hogares y tierras por causa del grupo armado denominado Pechtoneros, un grupo delictivo de la Comunidad Pechtón Ic’osilja en Chilón.

Hasta la fecha el grupo no ha sido detenido a pesar de las denuncias realizadas e iniciación de carpetas de investigación en la fiscalía de justicia local, no se han presentado avances de este trabajo a las víctimas. También, las autoridades locales no han ejecutado las medidas cautelares emitidas, aunque los voceros saben que siguen enviando informes como si todo estuviera en orden.

Por lo anterior, hicieron denuncias, primero a la falta de compromiso de los distintos niveles de gobierno local, estatal y federal para dar solución a los problemas de desplazamiento forzado de las 34 familias de la comunidad de Carmen San José y de las 25 familias de San Antonio Patbaxil desplazados de este mismo municipio.

En segundo, denuncian la vulnerabilidad de desplazamiento en la que se encuentran las comunidades de Juan Sabines y Tsubute’el como de Santa Cruz del municipio de Sitala, por el hostigamiento y las amenazas de grupos armados.

Riesgo de escalamiento de la violencia en la región ante la omisión del gobierno de Chiapas. Cortesía: FRAYBA.

Asimismo, la falta de responsabilidad por parte de la Fiscalía de Justicia para dar seguimiento a las carpetas de investigación y ejecución de las ordenes de aprehensión y de informar a las víctimas sobre este seguimiento. Así como la nula implementación de las medidas cautelares emitidas a las familias desplazadas.

Manifestaron su preocupación por las familias desplazadas, se encuentran viviendo en condiciones inhumanas por no tener un lugar digno para vivir, falta en los recursos económicos para adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, como atender sus enfermedades. Ante la pandemia del Covid-19 los desplazados son grupos vulnerables a falta de espacios para respetar la sana distancia.

Los voceros exigen solución por parte de las autoridades del gobierno local y estatal para el pronto retorno de las familias desplazadas de las comunidades de Carmen San José y San Antonio Patbaxil.

También la ejecución de las órdenes de aprehensión a los agresores, como la implementación efectiva de las medidas cautelares emitidas por el Centro Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Centro Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a los desplazados quienes se encuentran en vulnerabilidad por las denuncias que han realizado.

A ello, la restitución de los daños ocasionados por el desplazamiento forzado y del cual han sido víctimas por dos años y olvidados por el gobierno local. Unido a la exigencia de justicia, salud, alimentación y educación para las familias desplazadas.

Cabe señalar que los voceros se encuentran unidos a la voz de los indígenas de los diferentes municipios en Chiapas que se encuentran desplazados y que sufren de la mala administración de justicia por parte de las autoridades del estado. Exigen el retorno de cada uno de ellos, porque merecen una vida digna, justicia y paz.

Por último, es importante mencionar que, el CNDH ha definido el desplazamiento interno como un tema prioritario durante la pandemia, reportó un total de 766 personas desplazadas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (FRAYBA) señaló que la violencia en Aldama se intensificó, registrando al menos 47 actos de agresión armada hacia la población desplazada en este municipio, destacó que las autoridades no cumplen con la resolución del amparo 340/2020.

El Movimiento Sueco por la Reconciliación visibilizó la voz de las 59 familias desplazadas de Carmen San José y San Antonio Patbaxil, comunidades tseltales, integrantes del proceso organizativo del Gobierno Comunitario, en el municipio de Chilón.

Prevén que, si la pandemia aumenta, podría desviarse la atención de las autoridades, dejando sin visibilidad sucesos relevantes de su ejercicio, disminuyendo el costo político de los agresores.

 

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