Cambio de jueza, negación a la transmisión de la audiencia y expulsión de víctimas; caso de Berta Cáceres continúa con irregularidad

Altar en honor a Berta Cáceres en la Plaza de la Cruz – 2 de marzo 2018. Cortesía: Guancasco de Medios.

*Roberto Castillo fue detenido, casi dos años después de las detenciones de los autores materiales, estos últimos son Sergio Ramón Rodríguez Orellana, empleado de DESA, Douglas Geovanny Bustillo, sargento retirado y Mariano Díaz Chávez, mayor de las fuerzas armadas, quienes ya fueron sentenciados a 30 años y 6 meses de prisión cada uno.


El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), dio a conocer que, David Roberto Castillo, ex militar y empleado vinculado al Grupo DESA, es uno de los autores intelectuales del asesinato de Cáceres, fue capturado el 2 de marzo de 2018. Sin embargo, el término de su prisión preventiva vence el próximo 2 de septiembre, luego de 2 años y medio en que el sistema de justicia hondureño no ha desarrollado el juicio correspondiente.

El pasado 20 de agosto, se emitió una conferencia de prensa, estuvieron la familia de Berta Cáceres y el equipo legal expusieron las preocupaciones respecto a la continuidad de impunidad en el caso contra David Castillo. También estuvo presente Joe Berra, director del proyecto de Derechos Humanos en Las Américas del Instituto de la Promesa de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, de la Universidad de California.

Asimismo, Reinaldo Villalba Vargas, presidente del Colectivo de abogados y abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR), Katherin Cruz Cerrato, integrante de la Red Nacional Defensora de Derechos Humanos en Honduras, y Ariel Díaz, del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos.

Dieron a conocer información sobre las recientes noticias del cambio de Juez en el proceso contra Castillo por el asesinato de Cáceres, la decisión de la Corte Justicia de remover a la Jueza Lisseth Vallecillo es un hecho que despierta fuertes preocupaciones sobre las intenciones de continuar con la impunidad para los autores intelectuales.

Por su parte, Laura Zúñiga añadió, que el proceso judicial ha sufrido un retraso injustificado, responsabilidad del Poder Judicial. El retraso promovido por la defensa de Castillo, han creado las condiciones de manipulación en busca de impunidad en este proceso, en lo referente a la investigación a Daniel Átala, José Átala, Jacobo Átala y Pedro Átala.

Además, en el proceso judicial investigativo, se encuentra toda la evidencia, chats, llamadas, mensajes de texto, fotos, ubicación en GPS, entre otros. Demuestran la responsabilidad de Castillo en coordinación con los sicarios que asesinaron a Cáceres y quienes tomaron la decisión en la familia Átala Zablah, la prueba es clara, contundente y concluyente.

El cambio de juez cambia el principio de inmediación del proceso judicial, lo que somete al proceso a una forma de manipulación y enredos procesales que ya habían sido superados. La ausencia de justicia a estas alturas y la incertidumbre que genera implica la vulneración de derechos humanos a las víctimas, en la búsqueda de la verdad y a la justicia pronta y expedita.

David Castillo y su rol en el crimen contra Berta Cáceres. Cortesía: COPINH.

Por lo expuesto, así como a la realización de la audiencia preliminar a Castillo, el pasado 21 de agosto, el COPINH junto a las hijas e hijo de Berta Cáceres hicieron del conocimiento público, información acerca de esta.

Con base a lo anterior, rechazaron la falta de transparencia y del principio de publicidad, es decir, que los procesos judiciales no han sido de conocimiento público, se han negado a la transmisión en vivo y la participación de observación internacional y de Derechos Humanos. Esto a petición de la defensa de Castillo, aprobado por el Juez Carlos Irías.

A su vez, rechazaron la forma en que las víctimas fueron expulsadas de manera arbitraria por el juez Irías, violando los derechos básicos de verdad y justicia. La abogada Ritza Atunez, sin ningún argumento legal, manifestó su desacuerdo con la presencia de las víctimas en la audiencia, en particular señalando a Laura Zúniga.

“Sin ningún aviso, el juez determinó sacar a todas las víctimas de la sala virtual”, exponen.

Por ello, piden al Poder Judicial para que clarifique el motivo de la separación de la jueza Lisseth Vallecillo, si tiene que ver con actos de corrupción o indebidos por parte de la jueza en beneficio de David Castillo. Estos, derivados de influencias indebidas propiciadas por el retraso del proceso judicial.

El COPINH y el equipo legal de la causa Cáceres seguirán defendiendo el debido proceso, violentado en numerosas ocasiones por la defensa de Castillo, con retrasos indebidos como lo demuestra el año y cuatro meses de retraso en la etapa intermedia debido a sus maniobras dilatorias, por lo que la audiencia fue reprogramada en 4 ocasiones.

“La Corte de Apelaciones ha incumplido de igual manera los plazos estipulados”, añaden.

También, rechazaron las irregularidades en el proceso que buscan asegurar la impunidad de los autores intelectuales del crimen, a Daniel Atala Midence y familiares. Así como el rechazo a la conducta grosera de la defensa legal de Castillo que intenta deshonrar el honor de una persona asesinada como Berta Cáceres y de su familia.

“El juez Carlos Irías tiene 3 días para resolver si el proceso avanza a juicio oral y público o no”, expresan.

Es así como, conforme a derecho, Castillo debe ser llevado a juicio oral y público, sentenciado como coautor del asesinato de Berta Cáceres. La evidencia de sus propias comunicaciones así lo demuestra.

El COPINH, denunció el pasado 7 de abril, la posibilidad de que dos de los asesinos condenados por la muerte de Cáceres salieran de la cárcel en el marco de la emergencia sanitaria.

Cabe destacar que, en el 4º. Aniversario, activistas y la sociedad civil, junto con carteles y veladores, se unieron a la movilización mundial, realizaron una protesta en la Plaza de la Paz de San Cristóbal de Las Casas para exigir justicia por el asesinato de la activista.

“Un horrendo crimen en donde la justicia hondureña ha procurado proteger y ocultar los autores materiales e intelectuales violando el debido proceso. A cuatro años de este repudiable hecho no ha llegado la justicia verdadera para la familia, el pueblo Lenca, el pueblo de Honduras y la comunidad internacional que gritamos con voz firme ¡FALTAN LOS ATALA!” mencionaron.

A su vez, Otros Mundos A. C comentó que, la muerte de Berta se suma a otras muchas muertes con sentido político, por la defensa de la tierra y el territorio; que se ha disputado entre los que custodios y guardianes ancestrales, los pueblos, comunidades campesinas e indígenas, contra un sistema que es racista, capitalista y patriarcal.

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