Exigen una Ley General de Aguas con igualdad de género

En Chiapas se violenta el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento. Cortesía: FRAYBA.

Redes, organizaciones y personas* comprometidas con la igualdad de género, la defensa de la tierra y los bienes naturales, promovieron y demandaron que la Ley General de Aguas que está próxima a promulgarse se sustente en un conjunto de principios que aseguren el ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento, en un marco de sustentabilidad y justicia hídrica.

Las organizaciones exponen que, a veintiocho años de vigencia de la Ley de Aguas Nacionales es necesario trasladarse a un nuevo marco normativo que atienda los graves problemas hídricos que enfrenta el país.

Añaden que lo anterior se sustenta en la reforma del Artículo 4º Constitucional el cual reconoce el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en 2012, y ordenó la redacción de una Ley General de Aguas.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines, menciona el artículo 4.

Además, acentúan que seguir retardando su discusión y aprobación por el poder legislativo es una mentira para mantener un orden jurídico de corte neoliberal, que sólo beneficia a una élite de la sociedad.

Señalan que en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reportó 560 conflictos ambientales en el país, 86 relacionados de manera directa con el agua y otras en temas como la megaminería, el uso de sustancias tóxicas, el fracking y la extracción convencional de hidrocarburos.

Por otro lado, mencionaron que la pandemia mostró que la disponibilidad, calidad y accesibilidad al agua están mediados por las desigualdades sociales y de género, esta última visibilizada en la dificultad de participación de las mujeres en comités comunitarios y consejos de cuenca, así como en el bajo porcentaje de registradas con derechos o como usuarias, y la falta de reconocimiento a su contribución en la conservación de arroyos, ríos y lagos.

Las organizaciones expusieron que, los esquemas de gestión de agua han generado un estrés hídrico para las personas, por lo que, resulta inaceptable descalificar las demandas y propuestas de grupos sociales y mujeres, por falta de conocimientos “técnicos”.

Chiapas alza la voz en favor de la Ley Ciudadana del Agua.

Cabe mencionar que, el 8 febrero de 2012, se reformó el Artículo 4 de la Constitución en la que se reconoce el derecho al agua y a un medio ambiente sano.

El tercer transitorio de dicha reforma exigió la aprobación de una Ley General de Aguas que sentará bases para la participación ciudadana y de los tres órdenes de gobierno para lograr el acceso equitativo y sustentable al vital líquido, en un marco de derechos humanos y derechos de los pueblos.

La Ley de Aguas Nacionales vigente tuvo como objetivo central someter las aguas de la Nación a su manejo a través de un sistema de concesiones, las cuales serían objetos de acciones de compra y venta.

Desde entonces la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha otorgado más de 537 mil concesiones, en violación de vedas, disponibilidades y los derechos de pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades rurales.

En un estudio realizado por World Resources Institute expone que, hay habitantes en 15 estados de la República (Baja California Sur; Guanajuato; Ciudad de México; Aguascalientes; Estado de México; Querétaro; Hidalgo; Chihuahua; Zacatecas; Sonora; Sinaloa; Nuevo León; Morelos; Jalisco; Tamaulipas) que sufren de un grado de estrés “extremadamente alto”, por lo tanto, están cerca al “Día Cero.”

Indígenas rechazan Tren Maya, Transísmico y explotación del agua.

Por su parte, Judith Domínguez Serrano, profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México,  mencionó a través de una investigación que, una de las Propuestas del 2015 respecto a la Ley General de Aguas fue elaborada por la CONAGUA propuesta por la Comisión de recursos hidráulicos y Comisión de agua potable y saneamiento, donde se emitió Dictamen y se turnó al Pleno de la Cámara de diputados, sin embargo, el presidente del Congreso decidió ponerla en “stand by” (modo de espera).

Sin embargo, otra propuesta fue elaborada por un grupo de investigadores y organizaciones sociales, a través de foros, la cual fue presentada por diputados (de izquierda) en la Cámara de diputados y en la Cámara de Senadores, no se emitió Dictamen sobre la misma, lo que ocasionó una movilización social y mediática para frenar la iniciativa de la autoridad del agua.

Domínguez Serrano añadió que, el enfoque de la primera iniciativa tiene una presencia fuerte de la autoridad, con el fin de tener mayores atribuciones y, la segunda en la sociedad quienes deben tomar las decisiones colegiadas sean o no concesionarios del agua.

Acerca de lo que proponía la iniciativa institucional es un nuevo es nuevo esquema de administración de agua, es decir, modificaciones a las concesiones, además de incluir la gestión integral de riesgo (inundaciones y sequías).

Otras de las propuestas era la regulación de servicios públicos, distribución de competencias entre Federación, estados y municipios, y nada sobre la gestión comunitaria del agua.

En el caso de la iniciativa ciudadanía proponía una nueva autoridad por la que pasaran todas las decisiones, incluyendo presupuesto y nombramiento, como el reconocimiento y protección de los recursos naturales de los indígenas y su preferencia en la gestión.

Por último, el control ciudadanizado de los organismos operadores de agua y cero contaminaciones.

*Firmantes:

Red de Género y Medio Ambiente

Grupo Territorio, Género y Extractivismo

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua

Coordinación Interregional Feminista Rural –Comaletzin

Asociadas por lo Justo –JASS

Red Género, Sociedad y Medio Ambiente

Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales

Alianza Mexicana contra el Fracking

Grupo Regional Género y Extractivas