Misión de Observación determina que falta de voluntad de las autoridades permiten continuidad de violaciones a derechos humanos

Conferencia de prensa: Hallazgos de la Misión Civil de Observación a Chiapas

*Hoy, 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, organizaciones de la Red TDT se encontraron con una grave situación de violencia en la que el estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde, cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas.


Una Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones* pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) acompañadas por tres organizaciones internacionales visitaron comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas para documentar problemáticas de derechos humanos.

Las comunidades visitadas fueron Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogieron testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones.

Llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos.

Las organizaciones de la Red TDT que participaron expresaron su preocupación por el contexto de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que pudieron documentar en las tres regiones.

Resaltaron el efecto diferenciado en las mujeres y las infancias de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones.

Alarmantes de la situación de insuficiencia alimentaria, inexistentes servicios de salud y medicamentos que se suman a la situación de desplazamiento forzado que amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas, los cuales agravan la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que agreden a las comunidades, implica un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos.

En ese sentido, destacaron las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria, quienes realizan su labor en un ambiente de violencia generalizada.

Las organizaciones de la Red TDT denunciaron la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permiten la continuidad de violaciones a derechos humanos.

Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades, dijeron las organizaciones.

Lo anterior, añadieron que se suma a la falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.

Hicieron un llamado para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia a las agresiones sistemáticas de las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata.

Señalaron que la Misión Civil de Observación se reunió con autoridades de gobierno de los tres niveles sin que se pudieran llegar a acuerdos concretos y seguimientos que logren garantizar la dignidad y la vida de las personas.

Desplazamiento Forzado

Desplazados Chalchihuitán. Foto: Archivo.

Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), mencionó que las organizaciones que hicieron la visita constataron y corroboraron lo que comparten a través de acciones urgentes y de las interlocuciones con el gobierno federal y estatal.

En la ruta de Los Altos constataron una crisis de desplazamiento forzado, situación que viven las y los 1236 desplazados de Chalchihuitán, el Frayba recabó testimonios de hombres y mujeres dando razón a la situación que viven dentro de sus comunidades.

Otro de los casos de violaciones a derechos humanos que documentaron y visibilizaron fue en el municipio de Aldama en específico San Pedro Cotsilnam, donde representantes de los 115 comuneros, víctimas, heridos y viudas dieron sus testimonios, constataron de nuevo el abandono del estado ante estas graves violaciones a derechos humanos.

El director del Frayba dijo que tienen el conocimiento de 3499 personas en situación de desplazamiento.

Ante este contexto, desde el Frayba han evidenciado durante el año, 14 acciones urgentes solo para el problema de Aldama, porque existe una gran vulneración debido a la reactivación de grupos de corte paramilitar que mantienen en asedio a la población de las 13 comunidades.

El Frayba sostuvo que el grupo de corte paramilitar tiene vínculos con funcionarios de Chenalhó, así como complicidad en los 3 ámbitos del gobierno.

Familias desplazadas de Aldama, Chiapas. Fotos: Luis Enrique Aguilar

Lo anterior, a pesar de todos los acuerdos del gobierno y pactos hechos desde las cópulas del poder.

Ayer recibimos un reporte más de estos ataques en Aldama y eso nos preocupa mucho, lo que tenemos registrado es que hay 21 heridos y 6 muertos, evidenciamos que no hay una atención integral a la situación de los desplazamientos, hombres, mujeres, niños y niñas están viviendo en una alta vulnerabilidad, expuso Alfaro.

Añadió que lo mismo encontraron con Las Abejas de Acteal, en específico los desplazados de la comunidad de Los Chorros, los hechos fueron perpetrados por autoridades de la colonia Miguel Utrilla de Barrio Río Jordán ubicado en el municipio de Chenalhó.

Añadió que los mencionados, actúan de manera deliberante y agresiva hacia la sociedad civil Las Abejas de Acteal no permitiéndoles su proceso de construcción de autonomía.

Por último, otra de las comunidades mencionadas por Faro, fue la de Nuevo San Gregorio, tierras recuperadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994, las 155 hectáreas que la conforman están sufriendo una invasión de 40 personas que se articulan con la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes han cercado el territorio.

Dicha acción ha impedido que las bases del EZLN no puedan cultivar y hacer la vida, quienes manifestaron que van a defender su territorio por la autonomía que lograron a partir de 1994 cuando surgió el levantamiento.

Invasión a Áreas Verdes

Grupo de personas que realizaron la invasión de las áreas verdes. Cortesía: CDH Digna Ochoa.

Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, mencionó que, en Zona Altos, Norte y Costa de Chiapas, ha visto un incremento de violencia a las comunidades, afectando de manera directa a niñas, niños, jóvenes y a mujeres, con terror, miedo y preocupación, esto los pone en una situación de mayor vulnerabilidad.

Hernández añadió que en las tres zonas detectaron grupos armados, quienes están actuando con facilidades en los territorios para obtener control, poder despojar, invadir y continuar realizando hechos criminales.

Vemos una fuerte resistencia de defensa del territorio por las comunidades que han procurado tener un espacio de cultivo para proveer alimentos, tranquilidad y armonía, generando una tensión mayor de las comunidades. Por otro lado, todo este contexto propicio agresiones, amenazas, desplazamiento, asesinatos, hasta la fecha el estado se mantiene omiso, dijo el director de la CDH.

Dio a conocer que, en la Zona Costa el CDH Digna Ochoa está acompañando un proceso de una colonia urbana, donde existe una deficiencia de garantía de derechos por parte de las autoridades, donde no hay garantía de los servicios básicos como agua, drenaje, alumbrado, seguridad y vivienda.

Aunado a lo anterior, hay un grupo que actúa bajo la primicia del gobierno en la región, por lo que, evidenciaron que existe una falta de voluntad para poder atender las situaciones de violaciones a derechos humanos que pone en riesgo a las comunidades y también a quienes acompañan los procesos de defensa de los derechos humanos.

Niñas, niños, jóvenes y mujeres

Diana Itzu Gutiérrez del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas evidenció el incumplimiento, la falta de voluntad y empatía política de parte del mal gobierno, debido a la violencia estructural expresada en la irresponsabilidad de las instancias para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, las autonomías, el respeto a la integridad física y dignidad de las mujeres, niños y niñas.

Expuso que en la Zona Norte en el Caracol de Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer No. 5, viven desde el 2019 problemas agrarios y agresiones, sin embargo, el hecho de denunciar y de difundir los mecanismos de violencia, invasión y destrucción de la madre tierra está afectando a las mujeres, niños y niñas.

Mujeres zapatistas: nos vamos a defender a todas

Mencionó que afectan a mujeres, niños y niñas con el no acceso al agua, alimentos y el ataque a la autonomía humana.

Estamos viendo que estos grupos fuertemente armados no solo en el Municipio Oficial de Huitiupán en San Gregorio y en el Municipio Oficial de Ocosingo y Chilón donde el despojo y desplazamiento es parte de esta guerra integral de desgaste, mencionó Gutiérrez.

Dio a conocer que pudieron escuchar los testimonios de muchas de las mujeres, quienes les mostraron que la guerra va hacia ellas por lo que representan, al ser el centro de la vida y reproducción, pero también hacia una generación de la esperanza, es decir, hacia la generación de niños y niñas.

*Las organizaciones de derechos humanos que participaron en la Misión son: Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Tapachula, Chiapas), Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada (Ocosingo, Chiapas), Voces Mesoamericanas (San Cristóbal, Chiapas), Centro de Derechos de las Mujeres de Chiapas (San Cristóbal, Chiapas), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) ( Ciudad de México), Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Acapulco / Ciudad de México), Xi’inich (Chiapas), Centro Kalli Luz Marina (Veracruz), Centro de Derechos Humanos Bety Cariño (Veracruz), AJAGI (Jalisco), SEIINAC (Hidalgo), Centro Prodh (Ciudad de México), La 72 (Tenosique, Tabasco), la Secretaría Ejecutiva de la Red TDT. Las organizaciones internacionales que acompañaron a esta MCO fueron Médicos del Mundo, Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ) y el Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR).

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