Jueces no garantizan el proceso y derecho a un juicio justo en pruebas de tortura

El sistema de justicia construye culpables para perpetuar impunidad. Cortesía: FRAYBA.

*El Frayba exigió al Estado mexicano cumplir con su obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud, integridad y seguridad personal de Hernández Hernández y López Robles víctimas de Tortura.

Julia Hernández Hernández de 44 años y Carlos Antonio López Robles de 37 años, fueron privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad en la colonia Las Granjas, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, el 29 de octubre de 2019, por elementos de la Fiscalía de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado (FGE), sometieron a tortura a los mencionados para auto inculparse por un delito.

López Robles mantiene graves secuelas a consecuencia de la tortura que pone en riesgo su vida.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que ese día, alrededor de las 18:00 horas, 40 policías vestidos de civil, armados y encapuchados allanaron la casa del familiar en la que se encontraban las víctimas, quien desde el primer momento fue torturado.

Mencionaron que, ya estando en la fiscalía, lo llevaron a un sótano, donde lo pusieron sobre un colchón y lo golpearon cerca de una hora.

(…) me pusieron una bolsa en la cabeza, me echaban agua, toques eléctricos y había una persona parada sobre mi estómago (…), contó López Robles.

Aunado a lo anterior, fue obligado a firmar un documento, del cual desconocía el contenido, después de ser colgado de las manos mientras le daban descargas eléctricas.

Por otra parte, Hernández Hernández fue trasladada en otro vehículo, le estuvieron dando vueltas por la ciudad y al llegar a la fiscalía por ahí de las 20:00 horas, la sentaron en una silla, para que hablara.

Les dije que no sabía de qué me estaban hablando… comenzaron a vendarme los ojos y la boca, me envolvieron y me comenzaron a golpear, me preguntaban en dónde estaba las armas y la droga y como no les decía nada seguían golpeándome en la espalda y la cintura, me decían que si no hablada me echarían agua. Había una mujer güera policía entre los hombres, me decía que si no hablaba empezarían con mi esposo y como no dije nada es que comenzaron a torturar a mi esposo. Sólo escuchaba que se quejaba, dijo la víctima.

Hernández Hernández fue puesta en libertad el 31 de octubre de 2019, cerca de las 02:00 horas, 32 horas después de su detención, amenazándola con volver a detenerla si presentaba alguna denuncia.

El Frayba señaló que, el 30 de octubre de 2019, alrededor de las 04:00 horas, López Robles fue trasladado al Hospital «Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza» en Tuxtla Gutiérrez, donde tuvo que ser intervenido de manera quirúrgica, le realizaron una laparotomía exploradora debido al traumatismo cerrado de abdomen a consecuencia de la tortura.

Penal de El Amate

Después de dos días de hospitalización, fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 14 El Amate en el municipio de Cintalapa de Figueroa, donde se pretendió el no ingreso debido al estado grave de su salud, hasta el momento no cuenta con el seguimiento médico adecuado frente a su situación y su salud está en riesgo.

Además, el Juez de Control mediante exámenes médicos constató las lesiones que presentaba, por lo que ordenó a la Fiscalía de Distrito Centro de Chiapa de Corzo investigar la Tortura y a pesar de eso lo vinculó a proceso.

La investigación por Tortura no tiene ningún avance hasta el día de hoy. Julia denunció públicamente los hechos, por lo que en diferentes ocasiones ha recibido amenazas y hostigamiento por policías de la Fiscalía de Alto Impacto, puntualizó el Frayba.

López Robles ha permanecido un año y tres meses en prisión preventiva, es acusado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa hechos que se darían en un asalto cometido el 23 de octubre de 2019, en el municipio de Ixtapa, cuando fueron asaltados pagadores del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) custodiados por policías.

Desde marzo de 2020, espera la audiencia intermedia, ya que, para el Poder Judicial del Estado de Chiapas, los casos donde existen violaciones graves a derechos humanos no tienen el carácter de urgente o prioritario y los Jueces no garantizan el debido proceso y el derecho a un juicio justo excluyendo pruebas obtenidas por medio de tortura a pesar de que desde junio de 2017 se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos Crueles Inhumanos o Degradantes.

Las víctimas representan el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos cometidas en el estado de Chiapas frente a la ineficacia de la Fiscalía para investigar de manera sería y diligente las denuncias de hechos de Tortura.

El 09 de febrero de 2021, el Frayba solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR) valorar la atracción del caso para la investigación de la tortura.

Pidieron que se garantice el acceso a la justicia sin ninguna discriminación e investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de cometer el delito de tortura para que estos hechos no se sigan cometiendo en el país.

Dieron a conocer que, el plazo máximo para que una persona sea juzgada es de un año, estipulado en el artículo 20 Inciso B Fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, y el Acuerdo General No. 03/2020 ante la contingencia de salud.

Invisibilizar la tortura en las cárceles, no la erradica

La Fiscalía General del Estado de Chiapas se mantiene en la Tortura. Cortesía: Frayba

El Frayba realizó la campaña “El país donde se erradicó la tortura”, donde evidenciaron la utilización de la tortura para simular justicia y fabricar culpables, asimismo, visibilizaron las huellas que deja en las víctimas, familias y la sociedad en el ciclo de impunidad.

Recibieron 41 casos de tortura, en el periodo de enero del 2019 hasta marzo de 2020, el corte se realizó por el contexto de la pandemia, afectando las condiciones carcelarias, siendo probable que la cantidad aumentara o disminuyera.

Mencionaron que, según el panorama, la justicia nunca ha llegado a Chiapas, siendo una situación alarmante, pues los jueces y fiscales dan a entender que no conocen las leyes e incluso los protocolos.

El Frayba señaló que, los presos de manera injusta se encuentran desesperados al igual que sus familias, porque sus procesos judiciales no avanzan, se encuentran detenidos, por ello se han manifestado.