Chiapas, segundo estado con más asesinatos de personas defensoras durante la administración de López Obrador

Asesinatos a defensores y defensoras del medio ambiente, abandono y desplazamiento, omisión en la revisión de casos de indígenas presos torturados, algunas de las violaciones a derechos humanos que sobre salen en el Primer Año de Gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. Foto: Roberto Ortiz

*La Red TDT subrayó que las personas defensoras trabajan desde la dignidad de sus cuerpos y territorios para buscar la transformación social y disminución de las opresiones, y cuando la vida de una persona defensora es arrebatada es urgente honrar su lucha, tenerles en la memoria porque siguen acompañando su caminar, esperanza y luchas.


La Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) dio a conocer el informe “Semillas de Dignidad y Lucha. Situación de Personas Defensoras en México, 2019-2020” nombra a 45* personas defensoras asesinadas y asesinados de manera injusta.

Los Estados con más números de personas defensoras asesinadas son: Oaxaca con 11, Chihuahua y Chiapas ambas con 5 casos, seguido por Guerrero y Cuernavaca cada uno con 4, y Veracruz junto a Baja California 3 cada uno.

El informe menciona que, las personas defensoras han tenido la capacidad de asumir múltiples papeles, adaptándose a una dura realidad y a una diversidad de violaciones de derechos humanos a lo largo y ancho del país. En muchas ocasiones alcanza aspectos de su entorno más cercano, como su organización, comunidad y hasta su familia.

Durante los dos últimos años las personas defensoras han enfrentado múltiples obstáculos a su labor, desde el aumento de megaproyectos que ponen en riesgo la tierra y el territorio de los pueblos, sus formas de vida y el medio ambiente, hasta la criminalización del derecho a defender derechos humanos, hostigamiento, impunidad generalizada y violencia sistemática en su contra.

México no es un país seguro para el ejercicio de la defensa de derechos humanos sumándole que, transitar el camino para buscar justicia se torna gris frente a innumerables obstáculos, límites y deficiencias sistémicas en instituciones de procuración y administración de justicia.

Criminalización de personas defensoras

Margarita Guadalupe Martínez Martínez, defensora de derechos humanos, oriunda de Chiapas, lleva la voz de las mujeres, de las defensoras que son perseguidas por exigir respeto a la dignidad de las personas.

Las personas defensoras de derechos humanos se enfrentan a la intimidación, estigmatización, amenazas, acoso, desacreditación y criminalización por su labor, en especial cuando su trabajo disgusta a actores estatales.

Por ello, el informe señala que los principales en buscar desacreditar y/o dañar la defensa de los derechos son las autoridades en sus tres niveles de gobierno, a través de declaraciones o notas periodísticas señalan a personas y organizaciones de tener “intereses ilegítimos” o “estar financiados” por opositores.

En México, desde hace dos años el gobierno federal y en concreto Andrés Manuel López Obrador, presidente de México ha sido un foco de preocupación pues de manera constante recurre a este tipo de señalamientos durante sus conferencias matutinas, con lo que deslegitima la labor de las organizaciones.

Demostrando un amplio desconocimiento y descrédito de la defensa de los derechos humanos y de las luchas históricas de pueblos y comunidades.

A nivel estatal y municipal el riesgo es mayor enfatiza el informe, pues los ataques desde el gobierno federal lanzados desde la conferencia matutina, permiten que otros actores reproduzcan discursos parecidos como ha sucedido en Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua.

Un caso grave de criminalización en México es el de Kenia Hernández, defensora indígena, a quien se le han iniciado procesos con pruebas falsas en, al menos, 3 fiscalías estatales. Su persecución política es evidente, en tanto se generan nuevas acusaciones de delitos que buscan mantenerla en prisión, señala el informe.

Por otro lado, el Sistema de justicia penal ha demostrado un funcionamiento parcial, pues funciona cuando se trata de criminalizar la protesta y a las personas defensoras de derechos humanos, pero es lento y disfuncional cuando se trata de perseguir los delitos en su contra.

En el tiempo que abarca el informe, la Red observó un patrón de criminalización de la labor de protesta y de personas defensoras, las irregularidades en estas instancias se ven reflejadas en juicios con pruebas infundadas, acusaciones sin fundamento, testigos falsos, múltiples carpetas de investigación por persona defensora, abuso de tecnicismos jurídicos y utilización de la ambigüedad de la ley para detener y encarcelar, además, se caracterizan por ser procesos largos y tortuosos para agotar a las personas judicializadas.

Por esta razón, encontraron personas defensoras que esperan sentencia dentro de los centros de reclusión -a veces durante años- y que sufren día a día atropellos en los procesos legales que atraviesan.

La Red señaló que, lo expuesto no es sinónimo de leyes y reglamentos imperfectos, si no que refleja la ineficacia de fiscalías, muestra un sistema judicial con agentes poco capacitados, jueces carentes de perspectiva de defensa de derechos humanos, de la falta de homologación de estándares internacionales en dicha materia, una distribución inadecuada e ineficaz de recursos, así como de conocimiento técnico y herramientas teórico-prácticas del personal.

Tierra y Territorio

Estelina López, defensora de la tierra y el territorio. Cortesía: Red de Defensoras México

La política extractivista ha continuado sin freno durante 2019 y 2020, pues la pandemia no logró pausarla, en México, los megaproyectos fueron considerados como “actividades esenciales”, lejos de paralizarse han sido impulsados por el gobierno federal.

En el panorama de estos dos años, los focos rojos y casos emblemáticos, las acciones de protesta y las luchas colectivas de defensa de la tierra y el territorio han sufrido los impactos del confinamiento, lo que ha obligado a las colectividades a repensarse para adaptarse al contexto.

Uno de los casos que mejor ejemplifica los patrones de violaciones de derechos humanos y omisiones del Estado en cuanto a tierra y territorio según el informe es el Proyecto Integral Morelos (PIM), conformado por un gasoducto, un acueducto y dos termoeléctricas, que afecta a múltiples comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala.

Las comunidades organizadas contra el megaproyecto han sido criminalizadas, difamadas, amenazadas, agredidas. El defensor comunitario Samir Flores fue asesinado y ha habido casos de detenciones arbitrarias, asimismo, pese a las protestas y las muestras de apoyo internacional, las obras del PIM han continuado desalojando por la fuerza el último plantón que impedía las obras en el acueducto en Apatlaco, Morelos.

Diversidad sexual

Espacios públicos donde colocaron banderas de la diversidad sexual y lonas con lemas. Cortesía: Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas.

En 2020, la Red TDT documentó el asesinato de al menos seis personas de la diversidad sexual que realizaban acciones en favor de los derechos humanos, en todos los casos la información recabada señaló que eran personas dedicadas al activismo de las poblaciones LGBTTTIQ+, es decir, realizaban acciones de movilización, visibilización y promoción de derechos.

Para las poblaciones LGBTTIQ+, resalta la invisibilización de las situaciones de precariedad y vulnerabilidad, efecto de actos discriminatorios que llegan a crímenes de odio, hasta la fecha, no hay ninguna entidad gubernamental que ofrezca datos sobre la violencia que enfrentan estas poblaciones, mucho menos sobre las condiciones de seguridad social, salud y/o laborales.

La invisibilización y la vulnerabilidad de estas poblaciones son parte de las causas que permiten qué al hablar de personas de la diversidad sexual no se reconozca su labor como personas defensoras, lo que muestra la urgencia de democratizar las herramientas de defensa de derechos humanos en México.

Jessica Marjane, coordinadora de la Red de Juventudes Trans, señaló que el nombrarse y enunciarse como parte de las poblaciones diversas es un ejercicio del derecho a defender derechos, las personas de las poblaciones diversas no se convierten en personas defensoras, lo son desde el momento en que se enuncian.

En el caso de las personas defensoras de las poblaciones diversas que han sido asesinadas, el informe plantea que es necesario la consideración de su labor de defensa y su inclusión como parte de las líneas de investigación que pueden esclarecer su asesinato.

Mujeres

“A todas nos tienen miedo”; Toman la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en San Cristóbal de las Casas. Foto: Red de Familias Victimas de Feminicidio.

Los movimientos feministas y de mujeres adquirieron un rol protagonista a nivel regional en toda América Latina y el Caribe ntre 2019 y 2020, desde campañas de denuncia globales como el #MeToo hasta la Marea Verde, que ha impulsado y ganado batallas como la aprobación de la interrupción legal del embarazo (ILE) en Argentina o, en el caso de México, en el estado de Oaxaca.

El contexto de pandemia no ha conseguido frenar la lucha de las mujeres, quienes continúan empleando formas de protesta tradicionales como las marchas o los plantones, pero también han hecho un uso creativo de las nuevas tecnologías y otras formas de lucha para visibilizar la crisis de derechos humanos que enfrentan diariamente las mujeres en México y que se ha recrudecido desde que empezó el confinamiento.

La Red destacó que cómo colectivos feministas y colectivos de familiares de víctimas hicieron tomas de edificios de organismos autónomos de derechos humanos en diferentes estados del país.

Sin embargo, en varias entidades, estas tomas fueron desalojadas con uso desproporcionado de la fuerza, sin tomar en consideración que había personas adultas mayores, niños y niñas, y personas con movilidad reducida.

Por último, las protestas feministas por la violencia feminicida han sido reprimidas con distintos niveles de violencia, llegando a casos extremos, como sucedió en Quintana Roo, donde la policía disparó sus armas de fuego y detuvo a varias manifestantes, entre ellas una periodista, que denunciaron haber sufrido abuso sexual.

*Sinar Corzo Esquinca, Gustavo Cruz Mendoza, José Luis Álvarez Flores, María Cristina Vázquez Chavarría, Josué Bernardo Marcial Santos, Isabel Cabanillas de la Torre, Homero Gómez González, Isaac Medardo Herrera Avilés, Juan Zamarrón Torres, Adán Vez Lira, Eugui Roy Martínez Pérez, Oscar Ontiveros Martínez, Antonio Montes Enríquez, Tomás Martínez Pinacho, Juan Aquino González, Noé Jiménez Pablo, José Santiago Gómez Álvarez, Bernardino García Hernández, Estelina López Gómez, Samir Flores Soberanes, Eulodia Lilia Díaz Ortíz, Camilo Álvarez Pérez, Luis Armando Fuentes Aquino, Julián Cortés Flores, Mario Moreno López, Arnulfo Cerón Soriano, Catalino Barradas Santiago, Manuel Alejandro Gutiérrez, Benito Peralta Arias, Pablo Guzmán Solano, Esteban Martínez Pérez, Oscar Eyraud Adams, Daniel Sotelo, Rodulfo Díaz Jiménez, Abiram Hernández Fernández, Zenaida Pulido Lombera, Cruz Soto Caraveo, Karla Valentina Camarena del Castillo, María Elizabeth Montaño, Jonathan Santos, Javier Eduardo Pérez Hidalgo, Jeanine Huerta López, Mireyna Rodríguez Lemus, Rafael Murúa Manríquez y Telésforo Santiago Enríquez.

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