Recomiendan a Kamala Harris atender agenda migratoria desde siete puntos

Migrantes. Foto: Rocío Gallegos

*Las organizaciones reconocieron que las causas de la migración están relacionadas con una serie de políticas históricas y actuales de parte de los gobiernos, incluyendo intervenciones, extracción de recursos, políticas de exclusión, violencia de género, criminalización, militarización de la seguridad pública, racismo y discriminación contra indígenas, afrodescendientes, LGBTIQ+ y personas en situación de pobreza.


Organizaciones de la sociedad civil* que trabajan por los derechos de las personas migrantes y refugiadas, a través de un documento, expresaron a Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos de América los retos que viven en su trabajo, así como recomendaciones relacionadas con las estrategias migratorias que su gobierno anunció en meses pasados.

Mencionaron que, las personas migrantes, organizaciones, redes y representantes provienen de todo México, desde la frontera sur hasta la norte, desde hace más de 30 años brindan asistencia humanitaria, asesoría y representación jurídica a cientos de miles de personas que, por diversos motivos, se han visto obligadas a salir de sus países de origen.

A lo largo de ese tiempo, han observado de primera mano los efectos que han tenido las políticas implementadas por los diferentes gobiernos, en particular de Estados Unidos y México.

Enfatizaron que, México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de la población migrante, esto representa retos complejos y dinámicos en su forma de trabajar y apoyar a las personas en cada situación.

Destacaron que las reformas legislativas y políticas migratorias que implemente Estados Unidos tienen un impacto en las familias transnacionales que viven en los diferentes países de la región, muchas veces separadas por las restricciones de estas.

Por ello, compartieron 7 temas que consideran primordiales a tomar en cuenta en las decisiones.

La primera son las familias transnacionales, desde 2002, Estados Unidos ha deportado a más de 5 millones de personas, asociado a más de 3 millones durante la administración Barack Obama, con ello las y los mexicanos se han visto afectados, las familias que dejan atrás sufren inestabilidad económica, alimentaria, vivienda, y traumas psicológicos.

INM sostuvo que la mayoría de los migrantes serán deportados a su país de origen. Fotos: Bladimir Pérez

Como resultado de las políticas de deportación, en México hay alrededor de un millón de personas nacidas en Estados Unidos que viven aquí después de la deportación de un miembro de su familia.

Alrededor de 500 mil niñas y niños estadounidenses han retornado con familiares debido a la deportación, estas familias muchas veces se encuentran sin documentación migratoria en México, tienen dificultades con el idioma para encontrar trabajo y enfrentan barreras para inscribir a sus hijas e hijos a la escuela.

Lo mismo ocurre con jóvenes deportados que han vivido toda su niñez en Estados Unidos pero que no alcanzaron el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y ahora se encuentran viviendo en un país ajeno.

Por otro lado, la Comisión de Reunificación Familiar, creada por la administración Joe Biden, presidente de Estados Unidos, para restablecer la integridad de las familias separadas por la administración anterior, sienta un precedente y claro ejemplo contemporáneo de la manera en la que el gobierno podría garantizar los derechos de las familias transnacionales afectadas por la deportación.

Señalaron que, la administración de Biden, debe ofrecer una vía legal para que estas familias, y las personas afectadas puedan regresar a los Estados Unidos y reunirse con familiares, eliminando las barreras para el reingreso.

Las organizaciones mencionaron que, la cancelación del programa DACA, en septiembre de 2017, impidió que las personas que la solicitaban por primera vez pudieran obtener permisos de trabajo y disfrutar de una protección jurídica temporal contra las amenazas de deportación.

Otras personas solicitantes perdieron el estatus debido a la imposibilidad de renovarlo tras haber pasado por el sistema penal o por motivos económicos ante el aumento del costo de la solicitud.

La situación de retorno en la frontera entre México y Estados Unidos se ha visto afectada con los programas Migration Protection Protocols (MPP) y la implementación del Título 42, a través de los cuales son regresadas o expulsadas a México personas de nacionalidades diferentes a la mexicana y sin respeto a los acuerdos de repatriación existentes, como el retorno por lugares y horarios no designados.

Por ello, puntualizaron que el gobierno estadounidense debe cumplir con los acuerdos de repatriación existentes con México, tomando en cuenta el impacto de las deportaciones en familias que viven en Estados Unidos, su gobierno debe apoyar en la mejora de los servicios de retorno y reintegración para la población retornada o deportada.

El segundo punto describe a la migración de tránsito y la necesidad de vías regulares en México, ya que miles de personas migrantes y solicitantes de asilo centroamericanas emprenden viajes hacia el norte en busca de protección internacional, mejores oportunidades de sobrevivencia y reunificación familiar.

La mayoría de estas personas salen de países del norte de Centroamérica, como son Guatemala, Honduras y El Salvador, y pasan por México, sin embargo, si no desean o no pueden solicitar asilo en este país, la mayoría no tiene otra opción que recurrir a la migración irregular, exponiéndose a peligros en el viaje como extorsión, secuestros y delitos violentos.

Del 1 de enero al 21 de marzo del 2021, al menos 31 mil 492 migrantes fueron interceptados en los diversos operativos de control y verificación por el INM. Foto: Rubén Figueroa H./MMM

Acentuaron que, un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el que se realizaron más de 2 mil 800 entrevistas demostró que en los países del norte de Centroamérica, 97% de las personas migrantes en tránsito hacen un gran esfuerzo para obtener los documentos para regular su estancia en México.

Las organizaciones de la sociedad civil en México observaron con preocupación el resultado de diversas negociaciones y acuerdos entre Estados Unidos y México bajo la administración Biden, que reproducen y fortalecen las prácticas de externalización de las fronteras, detención y deportación sistemáticas, negando el acceso al territorio a personas con necesidades de protección internacional, que afectan en especial a familias, mujeres, niñas, niños y adolescentes no acompañados.

Negar el acceso a territorio contraviene los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo y ha devenido en que estos elementos militares realicen labores propias de la patrulla fronteriza estadounidense, lo que va en contra de sus funciones, externalizando la frontera norte al sur de México. Esta ejecución y ampliación geográfica de mandatos de norte a sur, se ha materializado en problemáticas recurrentes, señalaron las organizaciones civiles.

Una de estas problemáticas es el despliegue de cuerpos militares de frontera norte a sur, lo que se traduce en limitaciones a la movilidad, inhibición en el ejercicio de derechos, y priorización del uso de la fuerza como estrategia de contención de la migración, lo que permite la generación de condiciones para «devoluciones en caliente» de migrantes y personas con necesidad de protección internacional.

Dijeron que, en el camino, más del 60% de la población es víctima de algún delito, pues muchas personas recurren a traficantes para facilitar el cruce, pagando hasta 6 mil dólares para llegar a la frontera norte y 15 mil más para llegar a Estados Unidos.

Tanto en la frontera sur, a lo largo del país y las diferentes localidades de la frontera norte, hay organizaciones y aproximadamente 200 albergues para personas migrantes que cuentan con más de 20 mil espacios. Estos albergues dan techo, comida, atención médica y de salud mental a miles de personas todos los días, muchas veces dependiendo del apoyo de la comunidad para donar inmuebles, servicios, comida y ropa, mencionaron las organizaciones.

El tercer punto es sobre el fortalecimiento del sistema de asilo en México, debido a que la cantidad de solicitantes en la condición de refugiado incrementó de manera drástica en los años recientes.

Mencionaron que el número de solicitantes se duplicó de 2015 a 2016 – de 3 424 a 8 796- e incrementó en un 700% entre 2016 y 2019, además la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió un total de 41 mil 329 solicitudes de asilo en 2020.

Lo anterior, porque la COMAR siguió recibiendo solicitudes durante la pandemia a diferencia de los Estados Unidos, al mismo tiempo, las nacionalidades con la mayor cantidad de personas reconocidas como refugiadas son: Honduras, Venezuela, Cuba, El Salvador y Guatemala, aunque también de población haitiana y otros continentes.

Reconocieron que, México ha mejorado su capacidad de recepción y tramitación, sin embargo, las personas solicitantes de asilo siguen enfrentándose a importantes obstáculos para acceder a la protección.

Esto incluye el límite de 30 días, desde la primera entrada al país para solicitar asilo; el requisito de permanecer en la entidad en donde se hizo la solicitud mientras está en proceso (con algunas excepciones por graves problemas de seguridad); el acceso inadecuado a un documento de estancia por razones humanitarias que permitiría la autorización de trabajo y facilitaría el acceso a la salud y a la educación; y los largos retrasos en la resolución de las solicitudes, mencionaron las organizaciones.

Agregaron que en la actualidad, la COMAR no tiene presencia en los puertos de entrada, como son sus oficinas en el sur de México: Tapachula, Tenosique y Palenque, por lo que, quienes presentan una solicitud en la frontera suelen ser detenidas y llevadas a estaciones migratorias durante varios días por el INM.

Para evitar dicha detención, muchas personas intentan viajar sin ser detectadas a ciudades cercanas a la frontera para presentarse a una oficina de la COMAR, albergue u organización de sociedad civil. Como resultado de los controles migratorios, muchas de estas personas suelen ser víctimas de delitos como el secuestro, agresión sexual y robo.

Aun así, las y los solicitantes de asilo privados de la libertad en centros de detención, falta de servicios, mala alimentación y atención sanitaria, hacinamiento, largos tiempos de espera y desinformación, por parte de agentes del INM y de la propia COMAR, han provocado el desistimiento de sus peticiones y aceptar el retorno asistido o la deportación con la finalidad de ser liberadas.

Ante esto, las organizaciones expusieron que pesar de las importantes medidas emprendidas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, no incrementó los recursos de manera suficiente y proporcionada a la realidad de las personas solicitantes de asilo.

Lo que provocó, entre otras cosas, una acumulación de casos, y en algunas ocasiones el desistimiento del proceso, el presupuesto para 2021 es de 44 millones de pesos, menos que el asignado en 2020, el cual fue de 2.35 millones de dólares.

Es necesario invertir más para abordar las limitaciones de personal de la COMAR y ampliar su presencia más allá de las 8 ciudades en las que actualmente tiene oficinas, insistieron las organizaciones.

La organización Hospitalidad y Solidaridad A. C. y la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), inauguraron albergue. Cortesía: Hospitalidad y Solidaridad A. C.

Agregaron que, el ACNUR ha ampliado su presencia en México en los últimos años y ha proporcionado apoyo técnico y de infraestructura a la COMAR, pues además de asistirla, ha apoyado con la construcción de albergues para solicitantes de asilo y refugiados, ayuda a las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen servicios jurídicos y de otro tipo, y proporciona efectivo a quienes esperan el proceso de sus solicitudes, entre otras actividades.

El cuarto punto es con relación a la protección para la niñez migrante, enfatizaron que después de más de 10 años de incidencia legislativa por parte de las organizaciones de la sociedad civil y agencias de Naciones Unidas, en enero de 2021, entró en vigor las reformas legales que prohíben la detención migratoria de niñas, niños, adolescentes y sus familias en México.

Así como armonizar facultades con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que los casos de menores de edad migrantes internacionales se resuelva según el interés superior de la niñez, determinado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA).

Mientras esperan la determinación, por parte de estas instituciones, niñas, niños y adolescentes migrantes son alojados en Centros de Asistencia Social, lugares de cuidado alternativo o acogimiento residencial. Al final de todo el procedimiento se emite un plan de restitución que puede ser hacia la regularización migratoria, el reconocimiento como refugiado, la deportación o la canalización para la reunificación familiar en otro país, explicaron las organizaciones.

Indicaron que, México enfrenta varios obstáculos en la implementación de las reformas, como la falta de presupuesto suficiente para fortalecer las PPNNA y los Centros de Asistencia Social, y la necesidad de incrementar la capacidad técnica del personal de los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Niños y niñas migrantes y mexicanos, son sensibilizados en valores de la empatía, tolerancia y el derecho al asilo. Foto: Ángeles Mariscal

En el quinto punto trataron el tema de las visas de trabajo para personas trabajadoras migrantes en Estados Unidos, con relación a los programas de personas trabajadoras temporales agrícolas y no agrícolas implementados a través del Departamento del Trabajo, además de ofrecer opciones a quienes necesitan oportunidades económicas, deben ser reformados para corregir los defectos estructurales, escasa regulación y lagunas de protección.

Según la legislación estadounidense, ambos programas vinculan a los titulares de visados a un empleador específico, esto impide que las personas trabajadoras busquen a otro si les niega el salario prometido, si experimentan condiciones laborales deficientes o si sufren otros tipos de abusos.

Si no se mejoran las protecciones, estas iniciativas canalizan a las personas migrantes hacia programas mal regulados y plagados de abusos, y los devuelven a las mismas condiciones que en sus países de origen. A pesar de la amplia documentación de abusos y fallas estructurales en estos programas de empleo temporal, dijeron las organizaciones.

Recordaron que las personas trabajadoras agrícolas han recibido salarios bajos y mínimas protecciones en sus lugares de trabajo a pesar de enfrentarse a condiciones extremas y peligrosas.

Además, con frecuencia son víctimas de abusos laborales, entre los que destacan: trabajo forzado, salarios no pagados, violencia y acoso laboral, falta de provisiones mínimas de salud y seguridad, y discriminación de género.

El sexto punto se enfoca a las y los desplazados internos, mencionaron que el gobierno de Estados Unidos debe dialogar con el de México para que asuma responsabilidad de proteger a las personas desplazadas internas y apoyar su protección.

Lo anterior, implica una presión sostenida -a nivel ejecutivo- y recursos para desarrollar, adoptar y aplicar un marco de protección de la población desplazada interna en armonía con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, llevar a cabo estudios de perfil, con el fin de comprender el alcance y naturaleza del problema.

Propusieron que el gobierno estadounidense colabore con el mexicano y las organizaciones de la sociedad civil para apoyar la aplicación de la Ley General sobre el Desplazamiento Forzado Interno en México.

Asimismo, el gobierno de Estados Unidos debería apoyar a las oficinas de los “defensores del pueblo” y los mecanismos de rendición de cuentas dirigidos por la sociedad civil para supervisar el cumplimiento de los gobiernos con respecto a los compromisos de protección de las y los desplazados internos, así como los avances en un conjunto de hitos acordados.

El último punto es sobre el acceso a la justicia para la población migrante, ya que, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en 2016, 858 personas extranjeras en situación migratoria irregular manifestaron haber sido víctimas de algún delito en territorio mexicano.

Para 2017 fueron 710, en 2018 mil 423 casos, en 2019 cerca de 564 personas y en 2020, 177. Durante los primeros cuatro meses de 2021 registraron 166 delitos, es decir, casi la misma cifra correspondiente a todo el año pasado.

Señalaron que existe un subregistro en estas cifras, por ejemplo, 16 víctimas guatemaltecas cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en Camargo, Tamaulipas, en enero de 2021, a pesar de existir carpetas de investigación no se vieron reflejados.

Más de 100 migrantes encerrados desde hace casi un mes en una bodega de la sede estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, exigieron hoy a las autoridades mexicanas ser liberados para que sigan su camino o que sean deportados a sus países de origen, pues ahí donde se encuentran sólo les dan «comida de perro».

Los delitos más frecuentes son: robo, tráfico de personas, secuestro, trata de personas, coacción o extorsión, y abuso de funciones y soborno, muchos de estos suelen cometerse por estructuras de la delincuencia organizada apoyadas por autoridades, en un contexto de impunidad sistémica, la cual se ha mantenido intacta.

Acentuaron que, en los últimos 10 años no han cesado las masacres de personas migrantes, de las cuales, 5 han sido emblemáticas ocurridas en el estado de Tamaulipas y permanecen impunes.

En el contexto de violencia generalizada en el país, las personas migrantes son en su mayoría vulnerables en las rutas de tránsito, víctimas de secuestros, extorsiones, desapariciones y ejecuciones.

Por lo que, el combate a la impunidad en casos de graves violaciones contra personas migrantes requiere la investigación efectiva y sanción de los hechos, de lo contrario los gobiernos envían a la población un mensaje de permisión de estos actos.

*Organizaciones, asociaciones y personas:

  • Albergue la Sagrada Familia A.C.
  • Alianza Américas Alianza Binacional Migración y Desarrollo A.C. (ABIMyD)
  • Asylum Access México (AAMX) A.C.
  • Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena A.C
  • Centro de los Derechos del Migrante Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
  • Deportados Unidos en la Lucha (DUL)
  • Dignidad y Justicia en el Camino A.C. (FM4 Paso Libre)
  • Efecto Violeta-Chicago, IL
  • Equipo y Red de Voluntarios de Fundación Promigrante Americasinmuros CDMX
  • Formación y Capacitación A.C. /Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración
  • Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, AC
  • Instituto de Geografía para la Paz AC (IGP)
  • Iniciativa Kino A. C.
  • Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)
  • Kids in Need of Defense, KIND-México
  • Observatorio Regional de las Migraciones
  • ODA, Otros Dreams en Acción
  • Sin Fronteras, IAP
  • The Rhizome Center for Migrants
  • Uno de Siete Migrando A.C.
  • Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano
  • Coalición Pro Defensa del Migrante
  • Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM
  • Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.
  • Alianza Américas
  • American Friends Services Committee
  • Asylum Access México (AAMX) A.C.
  • Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.);
  • Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.
  • Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California
  • Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
  • Fundación Appleseed México, A.C.
  • Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.
  • FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.
  • IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración
  • Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.
  • INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia
  • M3 Movimiento Migrante Mesoamericano
  • REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México
  • Save The Children México
  • Sin Fronteras
  • IAP
  • Servicio Jesuita a Migrantes México
  • Servicio Jesuita a Refugiados
  • SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados
  • Leticia Calderón, Analista en temas migratorios
  • Brenda Valdés
  • Elba Coria
  • Manuel Ángel Castillo, Investigador
  • IDC International Detention Coalition (Observadoras)
  • Ana Laura López Betanzo
  • Ana Verónica Stern Luchter
  • Alexandra Délano Alonso, The New School
  • Americasinmuros CDMX
  • Cuauhtémoc Rojas Pérez, Coordinador voluntario de Americasinmuros.org
  • Diana Damián Palencia
  • Diana Martínez
  • Gabriela Rodríguez Clark
  • José Betancourt Villa
  • Henio Hoyo Prohuber
  • Marcela Arteaga
  • Rubén D. Arvizu, director general para América Latina de Jean Michel Cousteau Ocean Futures Society
  • Zachery Ewann Rojas Orozco
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