Política Nacional Anticorrupción tienen una carencia total en temas de interculturalidad

El Colectivo Foro Indígena, realizó el Foro virtual “Sistema Nacional Anticorrupción y Pueblos Indígenas”, con el objetivo de conocer en qué consiste el Sistema Nacional Anticorrupción, analizar cómo se vincula o se puede vincular con los Pueblos Indígenas de México y a partir ahí, reconocer que dichos pueblos son sujetos colectivos de derecho.

Este foro contó con la participación de la Dra. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX); Dr. Víctor Leonel Juan Martínez, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Sureste; Mtro. José David Ruíz Aguilar, director de Kintiltik A.C; y Lic. Dulce Patricia Torres Sandoval, abogada indígena.

La magistrada Miriam Muñoz, explicó que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) surgió en mayo de 2015 y está insertado en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se lee: “Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción”.

Dijo que, la creación del SNA es un esfuerzo por parte del Estado mexicano para instrumentar una nueva forma de combate a la corrupción, un mal que perjudica a la sociedad. Agregó, la corrupción es el abuso del poder en beneficio particular de alguien, daña a todas y todos, viola derechos humanos, provoca la pérdida de vidas y genera afectaciones económicas.

La Política Nacional Anticorrupción fue aprobada el 29 de enero de 2020, en ella se define la estrategia para combatir la corrupción en el país. Sin embargo, la magistrada señaló que la relación de los pueblos indígenas con esta política es complicada, pues sería invasivo que el sistema englobe un procedimiento aplicable a todos los pueblos, si se considera la diversidad y la pluralidad que existe de comunidades, usos y costumbres.

Por ello, consideró que las y los indígenas pueden incluirse a través de la participación ciudadana, siendo parte de los Comités de Participación Ciudadana, mismos que a partir de las prácticas corruptas que cada uno observa desde su comunidad se reúnen para construir políticas anticorrupción. En ellos no hay una restricción de acceso, cualquier persona puede acudir.

Por su parte, el investigador Dr. Víctor Leonel, mencionó que el Sistema Nacional Anticorrupción es una demanda que la ciudadanía lleva haciendo desde hace muchos años, aunque recientemente se empezó a concretar pese a la resistencia de la clase política.

Detalló, en la construcción de estas instituciones no se tomó en cuenta a la comunidad indígena, por lo que no están visibles en ellas, en el mejor de los casos aparecen como grupo vulnerable, esto es, como sujetos de atención del Estado mexicano, siendo esta una visión paternalista, excluyente y colonizadora, en donde no se les reconoce como sujetos de derecho público.

Además, la política de descentralización que inició el Estado en 1983 ha direccionado un conjunto de recursos a comunidades indígenas principalmente del sureste de México para el ejercicio de obra pública, pero también ha abierto una ventana para prácticas desleales y de corrupción. De manera que dicha política no tuvo y no tiene un componente de perspectiva cultural.

La abogada purépecha Dulce Torres, durante su intervención destacó que el SNA y la Política Nacional Anticorrupción tienen una carencia total en temas de interculturalidad, las normativas están más pensadas para contextos urbanos, por eso se ven rebasadas por cuestiones particulares de las comunidades indígenas.

En las comunidades indígenas tenemos prácticas anticorrupción, algunas tienen que ver con reuniones que se realizan a través de asambleas generales, es decir, se rinde un informe ante toda la comunidad en una plaza pública o en un auditorio grande, en donde se cumple con un rendimiento de cuenta y transparencia. Se observa la gestión de la autoridad y se decide si tiene que cambiarse o no, dijo la abogada.

En tanto, José Ruíz, director de Kintiltik A.C. declaró que las Políticas Nacionales y Estatales Anticorrupción se han construido al margen de las comunidades indígenas, pese a que constitucionalmente México es reconocido como una nación pluricultural, por tanto todas y todos los que integramos la sociedad mexicana tenemos el derecho a participar.  

Difirió con la magistrada, pues indicó que no es solo invitar a las y los indígenas a participar del tema de la corrupción, sino que hay una necesidad de reconocer los sistemas normativos indígenas, las buenas prácticas que existen y poder retomar esas prácticas para la implementación de políticas nacionales y estatales anticorrupción.

Además, desde el análisis territorial que ha realizado la asociación Kintiltik han identificado que la participación de los pueblos indígenas debe ser explícitamente señalada, porque de lo contrario los funcionarios públicos no están obligados a cumplir. De ahí que a las estrategias sobre la corrupción les hacen falta una pertinencia cultural, digna del tamaño y la diversidad cultural del país.