Agencias de la ONU piden a México no expulsar a la comunidad haitiana por un retorno inseguro

Miles de migrantes esperan salir de Tapachula. Foto: Benjamín Alfaro

* La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus socios han estado brindando asistencia a los haitianos dentro y fuera de su país, incluso en ruta. Sin embargo, ven necesario hacer mucho más para atender sus necesidades más apremiantes.

*Las condiciones en Haití siguen siendo preocupantes, y no propicias para los retornos forzados.


El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) exhortó a los Estados a no expulsar a los haitianos sin haber evaluado sus necesidades de protección.

Aunado a ello, el garantizar sus derechos humanos fundamentales en situación de movilidad y ofrecer mecanismos de protección o acuerdos de estancia legal para garantizar el acceso efectivo a vías migratorias regulares.

Las cuatro agencias invitaron a los países en las Américas a adoptar un enfoque regional integral para garantizar que los haitianos en situación de movilidad en la región reciban protección.

Exteriorizaron que, en Haití continua en aumentando la violencia e inseguridad, lo que ha provocado que al menos 19 mil personas fueran desplazadas en la capital de Puerto Príncipe tan solo en el verano de 2021. Asimismo, más del 20% de la niñez ha sido víctima de violencia sexual. Y, casi el 24% de la población -12.9% de los cuales son niñas y niños- viven por debajo de la línea de pobreza extrema, con ingresos de 1.23 dólares al día.

La ACNUR, OIM, UNICEF y ACNUDH dijeron que, alrededor de 4.4 millones de personas, casi el 46% de la población, padece inseguridad alimentaria, esto incluye a 1.2 millones de personas que se encuentran en niveles de emergencia y 3.2 en niveles de crisis.

Estimaron que 217 mil niñas y niños padecen desnutrición moderada o grave. Es decir, que la situación empeorará como resultado del sismo del pasado 14 de agosto, lo cual limitará la capacidad de recibir personas retornadas.

Las agencias indicaron que, la compleja situación social, económica, política y humanitaria, junto con las catástrofes que han golpeado al país, algunas de las cuales son resultado del cambio climático y de la degradación ambiental, provocaron en la última década movimientos de población en el país caribeño.

Migrantes se preguntan por qué el gobierno mexicano viola sus derechos. Foto: Ángeles Mariscal

Por ello, enfatizaron que los haitianos en situación de movilidad en las Américas incluyen personas cuyos perfiles, motivaciones y necesidades de protección varían, lo que incluye niñez no acompañada o separada de su familia, víctimas de trata de personas y sobrevivientes de violencia de género.

Al mismo tiempo, señalaron que algunas de estas personas tienen motivos bien fundamentados para solicitar protección internacional como refugiados. Mientras que, otras pueden tener necesidades de protección distintas.

 El derecho internacional prohíbe las expulsiones colectivas y exige la evaluación de cada caso para identificar necesidades de protección en base al derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos, resaltaron las agencias.

Añadieron que, el discurso público con tintes discriminatorios que sugiere que la movilidad humana es un problema alimenta el racismo y la xenofobia. Por lo tanto, debe evitarse y condenarse.

Intentan detener caravana de migrantes haitianos

Cabe mencionar que, un millar de migrantes originarios de Haití, todos con solicitud de asilo en trámite, emprendieron una caravana el pasado 28 de agosto, salió de la ciudad de Tapachula, Chiapas. Donde la mayoría buscó llegar a ciudades de México donde obtener fuentes de empleo.

La decisión de salir de la ciudad, la tomaron luego que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no les diera respuesta a sus solicitudes de refugio, un proceso que debería completarse en tres meses, y que ahora tarda más de un año.

Los migrantes aseguraron que su objetivo no era llegar a Estados Unidos, sino buscar alguna ciudad donde tener medios de subsistencia.

“Lo importante que necesitamos es dejar Chiapas, porque en Chiapas no hay trabajo. En Chiapas no hay forma de vivir, la gente nos está tratando como animales. Si somos refugiados, lo que estamos buscando es una forma de vivir para poder comer”, explicó uno de los migrantes, antes de emprender la caravana.

Ante este escenario, las personas migrantes salieron de la ciudad en caravana; se les unieron centroaméricanos y algunos cubanos. Luego de avanzar unos 30 kilómetros, a la altura de Huehuetán, agentes de la Guardia Nacional (GN), del ejército mexicano, y del Instituto Nacional de Migración (INM), colocaron un cerco para impedir su avance.

En este operativo, interceptaron a unos 300 de ellos, y mediante el uso de la fuerza, los obligaron a subir autobuses para trasladarlos a la estación migratoria Siglo XXI. Otros lograron abrirse paso y avanzar hasta Huixtla, donde pernoctan; varios resultaron heridos durante esta acción.

Condenan uso excesivo de la fuerza contra migrantes

Agresión contra migrante en Chiapas (Captura de pantalla).

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que, entre el 28 de agosto y 05 de septiembre se formaron al menos cuatro movimientos migratorios mixtos los cuales se desplazaron mujeres y grupos en especial situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, personas embarazadas y afrodescendientes con necesidades de protección internacional.

Indicó que, la formación de dichos movimientos derivó de las demoras prolongadas en la resolución de los procedimientos de asilo o de protección, así como de la falta de acceso a servicios estatales y al ejercicio de otros derechos humanos en los estados del Sur de México.

Asimismo, condenó el uso excesivo de la fuerza en contra de personas que integraron caravanas de migrantes durante agosto y septiembre en Chiapas e hizo un llamado al Estado mexicano para investigar con diligencia los hechos de violencia contra esta población y sancionar a los agentes estatales responsables.

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