Mujeres indígenas exigen una vida libre de violencia

*El Día Internacional de la Mujer Indígena lleva conmemorándose 38 años, pero muchos años más han pasado desde que las mujeres sufren violencia, discriminación, explotación, racismo e injusticia. Hoy estas mujeres siguen padeciendo múltiples situaciones de desigualdad y desamparo, aun cuando son más de la mitad de la población existente, señaló Guillermo May Correa, integrante del INPI.

*Según la encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 59% de las mujeres indígenas ha experimentado algún tipo de violencia (emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral) a lo largo de su vida.


Por Alma Martínez

A propósito del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemoró este 5 de septiembre, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), realizó el panel “Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres Indígenas”, con el objetivo de promover acciones para el reconocimiento, respeto y pleno ejercicio de los derechos y desarrollo integral de estas mujeres, reconociendo sus aportes e incorporando sus propias visiones y propuestas.

En el panel participaron, Maritza Yeh Chan, coordinadora de la región sur de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI); Juana Jerónimo, comisaria de Cuatzoquitengo, Guerrero; María de Jesús Villa, coordinadora del proyecto regional “Soy mujer y tengo derechos” Durango; y Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

La presidenta del INMUJERES mencionó que la pandemia por COVID-19 ha visibilizado y agravado desproporcionadamente la situación de las mujeres indígenas, afromexicanas y rurales, por ejemplo, su tiempo cuidando enfermas y enfermos ha aumentado, sumado al que ya dedicaban al trabajo doméstico no remunerado, el cual según datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2019, les representaba el 71% del tiempo total de trabajo a la semana.

De manera que la violencia contra las mujeres afecta principalmente a las mujeres indígenas, ya que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y en condiciones de dificultades para acceder a la justicia y a la protección del Estado, además enfrentan dentro y fuera de sus comunidades violencias que no les permiten disfrutar de sus derechos, como trabajar fuera de casa, ejercer cargos de representación popular o ser propietarias y trabajar sus tierras.

Por ello, es necesario visibilizar sus historias, generar y abrir diálogos que permitan escuchar las problemáticas que obstaculizan el acceso y ejercicio efectivo de derechos en voz de las protagonistas, asimismo crear condiciones adecuadas de trabajo, educación, salud, justicia, participación política y demás.

Maritza Yeh Chan, coordinadora de la región sur de la CONAMI. explicó que en las comunidades indígenas la mayoría de las mujeres ven la violencia como algo normal, debido a que desconocen los tipos de violencia, sin embargo, una vez que logran reconocer la situación que viven y sus derechos, pueden accionar, tomar decisiones y defenderse.

Agregó que a través de la CONAMI están trabajando en una iniciativa sobre la violencia de género, porque no solo es una emergencia comunitaria, sino que han visto que no existen datos que hablen desde las mujeres indígenas, por lo cual, es necesario visibilizar lo que pasa en las comunidades y el cómo se vive la violencia, por ejemplo, el hecho de que los hombres las ven como seres inferiores, que deben aguantar todo y someterse.

También consideró que en las Instituciones falta atención con una perspectiva intercultural y con enfoque de género, pues las mujeres que desean acceder a la justicia son discriminadas por pertenecer a una comunidad indígena y por hablar una lengua no las atienden de la manera correcta y son dejadas al último, por eso algunas de ellas deciden no continuar con procesos como demandas.

Por su parte, Juana Jerónimo, declaró que fue electa como comisaria municipal de Cuatzoquitengo por medio de una asamblea comunitaria, no obstante no le ha sido fácil desempeñar su labor porque muchos hombres se opusieron a que ocupara el cargo que históricamente “les pertenece”, además que dicen que las mujeres “no sirven” para ello.

Dijo que las mujeres indígenas sufren diversos maltratos en diferentes áreas, así que hay un desafío al ejercer cargos de representación e impulsar sus causas. Una de las situaciones que a intentado frenar es la venta de mujeres, actividad común en la comunidad, que trae como consecuencia que los esposos se crean con el derecho de golpearlas y maltratarlas porque pagaron por ellas.

En tanto la coordinadora del proyecto regional “Soy mujer y tengo derechos” indicó que la violencia hacia las mujeres indígenas ha existido desde hace décadas, en las comunidades no han tenido voz ni voto, han estado sujetas a padres y esposos, han sido tratadas como objetos y con fines de servicio para preparar comidas y cuidar a familiares.

Por eso, exigió construir una agenda que contemple de manera integral los derechos de dichas mujeres en las políticas públicas y la lucha contra la violencia, que aborde como el feminicidio es la violencia más extrema que sufren las mujeres, y que lo haga desde la propia perspectiva y cosmovisión de los pueblos, porque solo así se puede reivindicar y hacer justicia.

Detalló que desde el proyecto “Soy mujer y tengo derechos” realizan capacitaciones y talleres en los que las mujeres pueden conocer sus derechos, en esos espacios las mujeres y niñas les han comentado que no estudian porque su papá no las deja o porque no tienen dinero y la escuela está lejos, también que cuando van a hospitales no son tratadas con respeto y son discriminadas por su forma de vestir y hablar.

Por esas razones exhortó a que se tome en cuenta que en los pueblos hay carencias y pobreza, que es necesario contar con becas para que cada vez haya más quienes puedan estudiar, decidir su futuro y conocer sus derechos; y que las mujeres sean capacitadas en proyectos productivos y puedan tener voz en las decisiones que se toman en sus comunidades.

Concluyeron en que la lucha y la resistencia de las mujeres indígenas mexicanas no ha sido fácil, obtener espacios ha costado años de esfuerzo y hay muchas mujeres que han perdido la vida en el proceso. Es momento de que se reconozca su contribución dentro de la construcción de México para que este país sea uno mejor.

Invisibilización

La discriminación y la violencia no afectan en la misma medida a todas las mujeres, ya que algunas están expuestas a mayores factores de riesgo. – Foto: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), la invisibilidad de la situación que viven estas mujeres muchas veces se debe a que enfrentan múltiples obstáculos al momento de reportar y denunciar los hechos. En general, las víctimas son discriminadas, estigmatizadas y repetidamente violentadas en el camino que recorren para denunciar; sumado a esto, también existen otros elementos como la lejanía, las creencias y los valores que provocan el silencio de las mujeres en las comunidades.

En México, los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia.

La Federación tiene la obligación de educar en los derechos humanos a las mujeres en su lengua materna; asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación; y vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten contra los derechos humanos de las mujeres.

Según información del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) la violencia contra las mujeres se define en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimientos psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.

En México, la prevalencia de la violencia contra las mujeres se estima por medio de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), desde 2003, siendo su último levantamiento en 2016.

Esta encuesta permite un acercamiento a los distintos tipos de violencia que ha afectado a las mujeres mayores de 15 años (emocional, económica, física y sexual), así como los distintos ámbitos de ocurrencia de esta violencia que puede ser familiar, escolar, laboral, en la comunidad, o en espacios institucionales, entre otros elementos que permiten comprender el fenómeno de la violencia.

Con base en el tratamiento de la información de la encuesta y la aplicación del criterio de hogar indígena, se estima que 59% de las mujeres indígenas ha experimentado algún tipo de violencia (emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral) a lo largo de su vida.

De acuerdo con el tipo de violencia, la emocional afectó en algún momento de la vida a 45.5% de las mujeres indígenas. Asimismo, el 32.6% sufrieron violencia física, 29.6% violencia sexual, y 26% violencia económica o patrimonial.

Entre octubre de 2015 y octubre de 2016, el 25.3% de dichas mujeres sufrió algún tipo de violencia por parte de su pareja. Siendo el 38.9% de tipo emocional, 21.5% económico o patrimonial, 20.8% física y 7.7% sexual.

En el ámbito escolar, el 25.6% de las mujeres indígenas expresó haber experimentado violencia en la escuela a lo largo de la vida, mientras que la violencia laboral ha sido del 16%.

En el ámbito familiar, el 11.1% fue víctima de violencia por parte de algún integrante de su familia en los últimos 12 meses, siendo el lugar de ocurrencia principalmente la casa de las mujeres o la casa de algún otro familiar.

Sesgo machista

En Chiapas desde el 18 de noviembre de 2016 está activa la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en siete municipios: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. – Foto: Frayba

De acuerdo con el informe “La situación de las mujeres en Chiapas en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 2018”, la pobreza que viven las mujeres indígenas, campesinas y rurales se agrava debido a que la política pública agraria tiene un sesgo machista, que legaliza prácticas culturales que excluyen a las mujeres del acceso a la tierra y los derechos derivados, especialmente el de participar con voz y voto.

La perspectiva intercultural es fundamental para garantizar a las víctimas provenientes de pueblos indígenas el acceso a la justicia. En Chiapas, los operadores del sistema de justicia penal carecen de la capacitación requerida para investigar y juzgar considerando las diferencias culturales, lo que genera debilidad en las investigaciones y el riesgo de que el crimen quede impune.

Las mujeres indígenas, por su situación y condición, son susceptibles de criminalización. En muchos casos asumen la responsabilidad de delitos que no han cometido para proteger a su familia, hijos, esposos y hermanos, o son inculpadas para castigarlas por rechazar propuestas matrimoniales acordadas por sus padres con bases a usos y costumbres de las comunidades indígenas.

Además, en cuanto a la salud, enfrentan la ausencia de intérpretes que les permitan otorgar consentimiento informado respecto a procedimientos médicos, por lo que frecuentemente son objeto de maltratos y abusos.

El Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas ha documentado que 8 de cada 10 mujeres indígenas de los Altos prefieren parir en casa, auxiliadas por una partera de su confianza. Sin embargo, las parteras enfrentan limitantes en su trabajo debido a la jerarquía dentro de los sistemas médicos y la constante criminalización, que como consecuencia las obliga a trabajar en la clandestinidad.

En tanto, las mujeres que son titulares de derechos en la propiedad social generalmente no los ejercen debido a las limitantes patriarcales que les impiden participar en las Asambleas u ocupar cargos de representación, salvo aquellos que se consideran propios de su género (tesoreras). Las mujeres viven los nombramientos como una obligación y carga que se suma a las múltiples tareas que realizan (cuidado de la casa e hijos y trabajo en el campo).

Esta situación de exclusión y discriminación tiene su base en prácticas culturales que asignan a los varones la jefatura de familia, el derecho de representarla en espacios públicos, de poseer en propiedad exclusiva las tierras y los bienes de la familia, por ende de decidir unilateralmente sin considerar el aporte de las y los integrantes de la familia en el trabajo de cultivo y en el sostenimiento de la vida.

En Chiapas la violencia contra las mujeres tiene como base y origen condiciones estructurales y sociales no atendidas por el Estado, que vulneran el acceso de niñas y mujeres a la salud, a la educación, al trabajo digno, a la cultura, a la tenencia de la tierra, a la alimentación, a la participación política, a la libertad de expresión, de movilidad, a la justicia y al acceso a una vida libre de violencia.

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