Suprema Corte iniciará debate sobre mantenimiento de la suspensión de siembra de maíz genéticamente modificado

La siembra de maíz transgénico, pasa por alto los acuerdos internacionales que prohíben la introducción de organismos genéticamente modificados en aquellas áreas donde la especie se originó y diversificó. – Foto: Gobierno de México

*En septiembre de 2013, gracias a los esfuerzos de la «Demanda Colectiva Maíz», se estableció una Medida Precautoria a las transnacionales: Monsanto-Bayer, Syngenta, Dow Agrosciences y PHI México, que les impide la siembra de maíz transgénico. Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará la discusión sobre si se confirma o se revoca dicha medida.

Por Redacción Alma Martínez

La «Demanda Colectiva Maíz», a través de un comunicado titulado “Maíz transgénico y herbicida cancerígeno a consideración en la SCJN”, expuso que han documentado en el campo mexicano la presencia de maíz genéticamente modificado sin evaluación previa y sin ningún control. Asimismo, han constatado que el principal herbicida (glifosato) asociado a la tecnología es cancerígeno.

A ocho años de haber interpuesto la demanda colectiva en contra de la siembra de maíz genéticamente modificado en el país, la colectiva señaló que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará la discusión sobre la ratificación de la Medida Precautoria que impide la siembra de dicho maíz.

Las y los Ministros determinarán sobre el mantenimiento de la suspensión de siembra de maíz genéticamente modificado (GM) ordenada por diez tribunales federales a raíz de la demanda colectiva de personas científicas, campesinas y organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales.

Parte del análisis deberá incluir que en marzo de 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció al herbicida glifosato como probable cancerígeno, es decir, subió el nivel de alerta sobre el uso del herbicida asociado a las siembras de maíz transgénico.

En tanto, la discusión en los tribunales federales se remonta a septiembre de 2013, cuando un juez federal suspendió toda acción tendente a permitir sembrar maíz transgénico en el país. Ante ello las trasnacionales presentaron decenas de impugnaciones, argumentando una supuesta finalidad de innovación tecnológica y científica en supuesto beneficio general.

Ante los argumentos de las empresas promotoras de transgénicos, los tribunales federales han sostenido desde marzo de 2016 que las siembras experimentales de maíz genéticamente modificado podrían ser útiles para recabar elementos de prueba que demuestren los efectos (positivos o negativos) y esos elementos podrían ponderarse para decidir si pueden permitirse o no liberaciones de dicho maíz.

En otras palabras, la agroindustria ha tenido cinco años y medio para solicitar siembras experimentales de maíz transgénico y así aportar elementos a los tribunales federales, para decidir si proceden más siembras en el país. Aportar elementos les habría permitido demostrar sus argumentos, y a las y los científicos de la Colectividad demandante contrargumentar los resultados y dictámenes. Por ejemplo, tratándose de la utilización del herbicida glifosato, autoridades ambientales y de salud debían elaborar dictámenes previos en el lugar de la siembra experimental que llegaran a solicitar.

La siembra de maíz transgénico pone en grave riesgo a la propia diversidad de los cultivos, lograda con el trabajo y conocimiento de campesinas y campesinos del mundo. –Foto: Gobierno de México

La colectiva indicó que Monsanto y otras trasnacionales han evadido por cinco años solicitar permisos de siembras experimentales para evitar que su tecnología sea evaluada en posibles lugares de siembra, y han eludido reportar mensualmente los datos de control y seguridad de su tecnología ante los Tribunales Federales, por tanto, han evitado que las comunidades científicas y campesinas les cuestionen.

Explicó que la Suprema Corte deberá analizar la presencia sin control de transgénicos en el campo mexicano documentada por la Demanda Colectiva, además estudiar si los argumentos que la agroindustria trasnacional ha presentado a los Tribunales merecen credibilidad, pues a cinco años y medio de poder hacer uso experimental de su tecnología, ha preferido mantenerla oculta a la confrontación judicial.

Por lo que, los resultados de las evaluaciones durante la etapa experimental serían la prueba idónea para resolver si son seguros los transgénicos o no.

La Suprema Corte tiene una vez más ante sí un asunto de gran trascendencia, por ser nuestra nación centro de origen y de diversidad constante del maíz, materia que tiene enorme relevancia en el presente y para las generaciones futuras, por las tres grandes reservas genéticas del maíz con las que cuenta México para proveer seguridad alimentaria a todo el mundo, declaró Demanda Colectiva Maíz en su comunicado.

Cabe señalar que, en México, desde septiembre de 2013, está suspendida la siembra de maíz transgénico en todo el país, gracias a los esfuerzos de la «Demanda Colectiva Maíz», un grupo de abogados, científicos, campesinos y defensores de derechos humanos quienes emprendieron una batalla legal contra los permisos de siembra a las transnacionales: Monsanto-Bayer, Syngenta, Dow Agrosciences y PHI México (conocida mundialmente como DuPont-Corteva).

Los permisos fueron promovidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Campo chiapaneco defiende su derecho a producir ecológicamente

Según el Senado, a pesar de que en las comunidades se mantienen las tradiciones de selección y conservación, el mercado llega con sus propios estándares de medición, selección y acaparamiento de la producción. – Foto: Canal del Congreso

El 15 de mayo de 2018, en el marco del mes de la marcha mundial contra Monsanto, las asociaciones Otros Mundos A.C. y Amigos de la Tierra México, realizaron un semanario para remarcar el derecho de las y los campesinos chiapanecos a producir de forma agroecológica y de forma sostenible económicamente, sin depender de los insumos externos vendidos por empresas transnacionales.

Ángel Gómez de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra, señaló que la agroecología es una estrategia política para seguir defendiendo sus territorios, semillas y conocimientos, de ahí que lo importante es decidir sobre lo que se come, cultiva y cómo se cultiva.

Investigadores de Otros Mundos A.C. indicaron que el principal problema que representan las semillas transgénicas es que las resistentes a los herbicidas implican el uso excesivo de estos productos. Además, tanto dichas semillas como las semillas híbridas comerciales son una amenaza para la diversidad genética de las semillas nativas, ya que se reproducen con las plantaciones de las nativas por medio de la polinización.

Asimismo, la liberación de semillas transgénicas en el ambiente pone en peligro a los campesinos y campesinas que pueden terminar siendo criminalizados por tener en sus parcelas semillas por las cuales no han pagado y que tienen dueño.

Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad señala que pocas especies como el maíz tienen un lugar tan importante en la alimentación, sociedad, cultura y economía de México. – Foto: Canal del Congreso

En 2020, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, con el objetivo de promover de declarar las actividades de producción, comercialización y consumo del maíz nativo como manifestación cultural, así como garantizar el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

En dicho ordenamiento se considera como maíz nativo a las razas de la categoría taxonómica Zea Mays y sus subespecies que los pueblos indígenas, campesinos y agricultores han cultivado a partir de semillas seleccionadas por sí mismos y obtenidas a través de intercambio, evolución y diversificación constante, las cuales sean identificadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

También se establece la creación del Consejo Nacional del Maíz Nativo (CONAM), como órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal que tendrá como fin brindar su opinión en materia de protección al maíz nativo y en diversificación constante. Dentro de sus facultades se encuentra opinar en el diseño, planeación, programación y definición de políticas públicas sobre fomento y protección al maíz; impulsar la investigación y difusión del conocimiento de los maíces nativos en todo lo relativo a su producción y consumo; entre otras.

Asimismo, se especifica que existirán Bancos Comunitarios de Semillas de Maíz Nativos, los cuales serán centros de producción, selección, conservación y distribución de semillas de maíz nativo, que tienen como fin su preservación y administración de forma colectiva para su producción mediante sistemas tradicionales. El Estado fomentará la creación de dichos Bancos por parte de ejidos y comunidades, quienes podrán constituirlos de conformidad con su normatividad interna, usos o costumbres.