Mujeres migrantes con miedo de asistir a unidades médicas gubernamentales por malos tratos y discriminación

*Los principales países de origen de las mujeres migrantes atendidas en el Hospital General de Tapachula en 2019 y 2020 fueron Honduras, Guatemala y Haití.

Por Redacción Alma Martínez y Yessica Mporales

Carmen*, una guatemalteca de 17 años, fue desplazada de su país de origen de manera forzada, llegó a México junto a su núcleo familiar al inicio de 2020. En esas fechas, buscó un método de planificación familiar en atención primaria en un centro de salud en Tapachula, al no contar con documentos de identificación o probatorios de una migración regular, no recibió la atención.

En junio del mismo año, ya con cinco meses de embarazo inició el cuidado prenatal en un consultorio adyacente a una farmacia por ser de bajo costo, accesible y no querer regresar al sistema público, en la experiencia previó sintió discriminación. Sin embargo, al presentar algunos síntomas de covid fue referida a otro centro donde le negaron la atención, pues no contaba con un cuadro clínico compatible a la enfermedad y regresa a su domicilio.

Al continuar con la sintomatología, ingresa al Hospital General de Tapachula en la etapa de aborto en evolución, permanece hospitalizada durante una semana, además le ofrecen la colocación de un implante subdérmico, acepta y le otorgan un folleto con información. Durante tres meses posteriores presentó sangrado y dolor pélvico, al no querer regresar al centro de salud público acude a los servicios de una organización de la sociedad civil.

Este caso, es uno de los tres que integra el informe: “Mujeres migrantes en Tapachula: barreras y facilitadores en el acceso a la salud sexual y reproductiva en 2020”, realizado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), Ipas CAM, Médicos del Mundo y Population Council. Su objetivo es contribuir en la identificación de necesidades y áreas de oportunidad y mejora para la atención desde un enfoque de género y derechos humanos.

En el informe, dieron cuenta de las principales necesidades de las mujeres en cuanto a la salud sexual y reproductiva (SSR), entre ellas preocuparon: la salud menstrual, maternidad elegida, violencia sexual, prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS),  sintomatología sin diagnóstico, el acceso a estudios de laboratorio y gabinete y los servicios sensibles a las necesidades de la población de la diversidad sexual.

Para identificar las características y el tipo de atención en SSR que reciben las mujeres en Tapachula, exploraron el número y tipo de atenciones prestadas en el periodo de enero-septiembre de 2019 y de 2020. Encontraron que el número de consultas para mujeres migrantes representó en 2019, el 11.5% del total de consultas otorgadas a la población general de mujeres, mientras que en el 2020 fue de 13.8%. Al comparar 2019 y 2020 (enero-septiembre), observaron una disminución del número de atenciones brindadas en los servicios de SSR, excepto para las consultas de embarazo en población general de mujeres en primer nivel de atención (7,306 vs. 8,756 consultas) y la atención de partos en mujeres migrantes en segundo nivel de atención (764 vs. 857 partos).

Los servicios de planificación familiar en el primer nivel de atención mostraron una reducción de 2019 (5,120) a 2020 (3,793). También en el otorgamiento de métodos de planificación familiar en el mismo período, siendo el preservativo masculino el anticonceptivo más entregado.

En 2019, registraron 12 consultas a mujeres migrantes por violencia sexual y 79 consultas por esta causa a mujeres no identificadas como migrantes (población general); mientras que, en 2020, fueron 10 y 62 consultas, respectivamente. De todas estas consultas, solo tres se brindaron en el primer nivel de atención y las demás en el Hospital General de Tapachula.

Negación

Se estima que alrededor de 45,000 mujeres centroamericanas transitan por territorio mexicano cada año. Foto: ACNUR

Desde la experiencia de las 16 mujeres migrantes entrevistadas, la atención a la SSR puede ser a veces negada, esto se relaciona con los protocolos de respuesta para evitar el contagio por COVID-19, pero no es exclusivo de este, pues también se puede negar por falta de documentación requerida.

De igual forma, la atención suele ser incompleta provocando que sus necesidades queden insatisfechas; en la mayoría de las ocasiones, la atención es percibida por las mujeres migrantes como discriminatoria.

El informe catalogó a la negación y discriminación como factores que conducen a: interrumpir la atención, buscar atención en el sector privado de salud de bajo costo o con las OSC; optar por la automedicación o cuidados alternativos como remedios caseros, así como,  generar y mantener cierta desconfianza sobre la posibilidad de acceder a los servicios públicos de salud. Así mismo, volver a buscar atención dada una condición de salud agravada.

Barreras 

Las mujeres migrantes enfrentan barreras para prevenir y atender necesidades de salud existentes y adquiridas durante el trayecto. Foto: ACNUR

El informe resaltó que las mujeres migrantes en su búsqueda de atención en SSR se les presentan diversas barreras. Por ejemplo al o contar con documentos probatorios de identidad o documentos oficiales que permiten la estancia temporal en México, les limitan el acceso a la atención o la integralidad de la atención recibida.

Otra barrera es el desconocimiento sobre su derecho a la salud en México. Cabe señalar que el marco normativo mexicano y las políticas públicas establecen el acceso universal y gratuito a los servicios de SSR en el sector público independientemente de su estatus migratorio.

Los imperativos sociales vinculados con el rol de género también dificultan la búsqueda de atención, como anteponer la salud y bienestar de sus familiares, especialmente hijas e hijos, frente a sus propias necesidades. Además, las actitudes de control por parte de las parejas de las mujeres migrantes también influyen de forma negativa su atención.

Las necesidades del viaje migratorio, por ejemplo, acudir a una cita a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) también dificultan la continuación de la atención en salud.

En relación con los recursos económicos, se presenta otra limitante pues tienen que solventar los gastos de bolsillo que actualmente requieren su atención médica y/o la de sus hijas e hijos, como medicamentos, estudios y pruebas de laboratorio.

Por último, las mujeres entrevistadas manifestaron tener miedo de acudir a los servicios de salud resultado de experiencias negativas (malos tratos o discriminación) presentadas en algún momento por parte de las personas servidoras públicas, no solo del sector salud.

Barreras para la prestación de los servicios

El contexto de migración las expone a necesidades de salud relacionadas con agresiones sexuales, embarazos no deseados, entre otros. Foto: OVIGEM

El registro de las atenciones brindadas a la población migrante en las unidades de salud se realiza en papel y no en electrónico, lo que limita la capacidad de las unidades de tener información disponible y pública.

El idioma es otra barrera, las diferencias entre las y los prestadores de servicios y el de las mujeres migrantes representa un obstáculo operativo, dificultando el intercambio de información que les permita a las usuarias expresar sus necesidades de salud y al personal de los servicios definir su estado, explicar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento a la atención.

De acuerdo con los reportes de las OSC, prestadores de servicio, y mujeres entrevistadas provenientes de Haití, los servicios de traducción e interpretación son insuficientes.

Las entrevistadas reportaron un trato impersonal y discriminatorio, esta barrera en la atención se agudiza cuando las mujeres migrantes pertenecen a un grupo socialmente estigmatizado, como puede ser la comunidad LGBTTTI+ o las trabajadoras sexuales. Este trato impacta directamente en la salud de las mujeres, ya que muchas de ellas dejan de asistir a las unidades médicas debido a experiencias previas de atención insatisfactorias.

Las Organizaciones de la sociedad civil (OSC)* concluyeron en que, los retos para la prestación de estos servicios de salud, la diversificación de prestadores de servicios (sector público, y privado sin y con fines de lucro), y las propias condiciones adversas para la búsqueda y continuidad de la atención de las mujeres migrantes, derivan en una atención a la SSR fragmentada y no siempre oportuna, sobre todo para quienes carecen de documentos de identidad.

*El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Population Council Inc., Ipas CAM A.C., y Médicos del Mundo Francia México A.C., realizaron el informe con el apoyo de las autoridades del Estado de Chiapas y la participación de personal de salud en Tapachula, Chiapas a lo largo de 2020.

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