Fiscalía de Chiapas reprobada en desempeño

“Analizar el desempeño de las instituciones de procuración de justicia, reconocer sus avances e identificar áreas de oportunidad es fundamental para poder hacer frente a los altos niveles de impunidad en el país”. Cortesía: IEDF

*El IEDF 2021, analiza ocho indicadores distribuidos en: estructura, operación y resultados. Por primera vez, incluyó la de transformación digital debido a la pandemia del Covid-19, por la evidente necesidad de que las instituciones de procuración de justicia cuenten con canales alternativos de contacto con la ciudadanía, además de sistemas informáticos eficientes para la sistematización de la información que generan.

A nivel nacional, la confianza en las instituciones de procuración de justicia aumentó el 12.4% en los últimos seis años. En el caso de las fiscalías de Puebla, Guerrero, Chiapas, Guanajuato y Nayarit, presentaron las mayores disminuciones en confianza en los últimos años. Este elemento es central para construir legitimidad en las fiscalías e incentivar la denuncia indicó la reciente edición del Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2021 de Impunidad Cero.

Dicho esto, aún existen aspectos por mejorar si queremos contar con instituciones de procuración de justicia eficaces y eficientes, enfatizó la organización. Por un lado, de 2016 a 2020, el presupuesto per cápita destinado a estas instituciones aumentó 17.1% en términos nominales, pero en los reales disminuyó 2.3%, es decir, el cambio no ha sido suficiente para cubrir los efectos de la inflación.

Respecto a los indicadores de resultado considerados para esta medición, detectaron a nivel nacional en la probabilidad de esclarecimiento del delito, un comportamiento muy similar a la efectividad. A pesar de que de 2017 a 2019 este presentó una tendencia al alza, pasó de 0.9% a 1.32 por ciento, para 2020 disminuyó a 1.04%.

Es decir, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en México es sumamente baja, rondando 1 por ciento, menciona el Índice.

A nivel estatal, la fiscalía que cuenta con una mayor probabilidad de esclarecimiento, aunque con un porcentaje muy bajo, es la de Guanajuato con el 2.99%, le siguen los estados de Baja California 2.77% y Chiapas con el 2.42 por ciento. Por su parte, en los que hay una menor probabilidad de que se esclarezcan los delitos son Guerrero 0.1%, Quintana Roo el 0.25 por ciento y Aguascalientes con 0.26%.

Si bien los estados de Guanajuato, Baja California, Chiapas y Querétaro tienen la mayor probabilidad de que los delitos se esclarezcan, en todos los casos la probabilidad es menor a 3%, lo que resalta la urgencia de que estas instituciones fomenten la denuncia, mejoren sus porcentajes de efectividad y la calidad de la información necesaria para la medición de este indicador, detalló el Índice.

Para 2020 la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en México es de tan sólo 1%. Este porcentaje disminuyó de 2019 a 2020, pasando de 1.32% a 1.04%. Cortesía: FGE Chiapas.

Otro punto fue la efectividad en la resolución de los casos, este indicador muestra cómo se están resolviendo los asuntos que conocen e investigan las procuradurías y fiscalías estatales, consideran como respuestas efectivas las siguientes el: no ejercicio de la acción penal, abstención de investigar, criterios de oportunidad, incompetencia, acumulación, sobreseimiento, otras causas o decisiones de terminación, carpetas vinculadas a proceso y casos resueltos por justicia alternativa.

Según la información pública que proporcionan las procuradurías y fiscalías, para 2020 la Fiscalía de Guanajuato fue la institución con mayor efectividad a nivel nacional con el 37.4%, le siguen las de Chiapas con 35.6%, Querétaro el 29.2 por ciento y Baja California 27.1%. Por su parte, las peor evaluadas son las de Guerrero 3.5%, Aguascalientes el 4%, Quintana Roo y Baja California Sur, ambas con 4.8%.

En la mayoría de los estados, observaron una gran variación anual en el porcentaje de efectividad. A pesar de ser de los indicadores más importantes para medir los resultados de las instituciones de procuración de justicia, estas sugieren que existen grandes deficiencias en cómo se está reportando esta información, tanto al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como a la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Esto resalta la importancia de que las instituciones cuenten con sistemas de información que les ayuden en su operación diaria, pero también para los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas, resaltó el IEDF.

Acerca de la impunidad en homicidio doloso, este indicador se sigue manteniendo en niveles muy altos, rondando el 90%, esto quiere decir que del total de homicidios intencionales que suceden en el país, menos de 10% cuenta con una sentencia condenatoria. Aunado a ello, detectaron que cada vez ha sido más difícil su medición, derivado de que algunos poderes judiciales no reportan esta información vía transparencia o lo hacen de forma inconsistente.

En las entidades federativas, Morelos es el que cuenta con un mayor nivel de impunidad para este delito con el 99.6%, seguido de Oaxaca con 99.4 por ciento, Guerrero 98.8%, Chiapas el 98.4% y Tabasco con 97.2%. Del lado opuesto, Yucatán 24.2 por ciento, Nuevo León 35.9%, Aguascalientes 42.2%, Querétaro el 48.8 por ciento y Durango 52.4%.

Destacaron de nuevo la importancia de que los sistemas de información con los que cuentan las instituciones permitan el registro y seguimiento, no sólo de las investigaciones que se inician, sino de los actos de investigación en todas las etapas del proceso.

Es necesario que las investigaciones cuenten con un número único de caso, que ayude a generar trazabilidad de la carpeta una vez que son judicializadas. La mejora en los procesos de registro y sistematización de la información ayudará a generar análisis e inteligencia, lo que impacta directo en la operación de las instituciones, también ayuda en los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas hacia las autoridades encargadas de recolectar esta información, así como las respuestas a las solicitudes de información, resaltó el Índice.

Por último, reiteraron la necesidad de contar con instituciones de procuración de justicia con una verdadera autonomía de los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales. De los 32 estados del país, 29 ya cuentan con fiscalías, pero no todas cuentan con procesos de selección de su titular independientes de algún poder, por lo que es necesario mejorar los procesos de selección y en particular incluir consejos ciudadanos, esto ayudaría a aumentar la legitimidad y confianza de las personas en estas instituciones.

El fiscal general del Estado compareció ante el Congreso del Estado, donde reiteró el compromiso de mantener a Chiapas como una entidad segura. Cortesía: FGE Chiapas.

¿Cómo funciona el índice? 

El índice busca conocer el desempeño de las instituciones de procuración de justicia del país. Desde su primera edición, publicada en 2017, refleja aspectos clave para asegurar que dichas instituciones gestionen los casos de forma eficiente y tengan las capacidades para hacer frente a la criminalidad particular de cada estado.

En los últimos años, la procuración de justicia se ha transformado, ya que la mayoría de las procuradurías del país pasaron a ser fiscalías con autonomía del Poder Ejecutivo. Por eso, en esta edición del Índice analizaron el comportamiento histórico de los indicadores que lo conforman para conocer cómo está evolucionando su desempeño, identificar tendencias y detectar qué está funcionando y qué no.

Las instituciones de procuración de justicia forman parte de los primeros eslabones en el proceso penal y pueden llegar a ser el principal punto de congestionamiento dentro del sistema de justicia, ya que si las investigaciones no están bien armadas, la probabilidad de que los casos se esclarezcan es muy baja.

Estas instituciones atienden la mayoría de los delitos que afectan a los mexicanos, ya que del total de carpetas de investigación que se inician en el país, en promedio 95% son del fuero común, mientras que tan sólo 5% son del fuero federal. Sin embargo, las fiscalías del país están rebasadas, con poco gasto en procuración de justicia, poco personal y elevadas cargas de trabajo.

“Estas condiciones llevan a una baja efectividad en la resolución de los casos que atienden, lo que en consecuencia genera y perpetúa la impunidad. Esto se agrava si consideramos que el porcentaje de delitos que ocurren, que no se denuncian y en los que no se inicia una carpeta de investigación es superior a 90%. Es decir, del total de delitos que suceden sólo una pequeña proporción llega al conocimiento de las autoridades y en consecuencia, la probabilidad de esclarecimiento de los delitos en México es de apenas 1%”, señaló la organización.