Comunidad internacional detecta inacción del gobierno para detener la violencia en comunidades indígenas

Zapatistas de Nuevo San Gregorio

*Denunciaron la inacción de los 3 niveles de gobierno ante el clima de guerra y desplazamiento de miles de personas durante el año 202, en la región de Aldama a causa de ataques seguidos de grupos paramilitares. Así como 49 ataques con arma de fuego los días 7, 8, 9, y 10 de enero del presente año.


The Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders expresaron su preocupación ante la nueva ola de violencia en contra de comunidades indígenas tsotsiles y tseltales en Chiapas. Al inicio de 2022, organizaciones locales les informaron sobre los constantes agresiones por parte de grupos armados en los municipios de Aldama, Ocosingo, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón y Pantelhó.

Las comunidades afectadas reportaron que la impunidad ante este tipo agresiones favorece un ambiente de inseguridad y desplazamientos forzados. Por su parte, IPRI ha documentado testimonios directos que indican que quienes integran estos grupos armados son de manera presunta hijos de paramilitares, entrenados por el Ejército mexicano en la década de los noventa, reproducen prácticas de intimidación con el objetivo de controlar el territorio e inhibir la organización comunitaria, así como el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Por ello, las organizaciones destacaron el caso de Simón Pedro Pérez López, defensor de los derechos indígenas e integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, asesinado el pasado 05 de julio de 2021, en la cabecera municipal de Simojovel, este permanece impune al no haber avances importantes en las investigaciones, lo que ha permitido que nuevos hechos de violencia sigan afectando el tejido social y la seguridad de las comunidades organizadas. Simón Pedro Pérez López.

Así mismo, han recibido información sobre varias agresiones por parte de grupos armados en contra de la población civil de las comunidades indígenas de Chivit, Stzelejpotobtik, Yeton, Xuxchen, Tabac, Juxton, Coco’, Stselej Potov y la Cabecera Municipal de Aldama. El 05 de enero, lo habitantes de este último, alertaron a las autoridades del gobierno del Estado sobre detonaciones de explosivos en su territorio.

A su vez, el 09 de enero, continuaron los disparos en diversos puntos del municipio. En el poblado Xuxch, las detonaciones alcanzaron a Javier Hernández de la Torre cuando se dirigía a su cafetal en compañía de su familia. El indígena tsotsil es integrante de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y en la actualidad se recupera de una herida de proyectil que le atravesó la cabeza.

Después, el 10 de enero, Lorenzo Gómez Ruíz fue alcanzado por un proyectil en la comunidad de Stzelejpotobtik y murió mientras recibía atención médica en el hospital de San Cristóbal de Las Casas. El mismo día, cerca de la una de la mañana, un grupo de alrededor de 15 personas encapuchadas y armadas ingresó a la comunidad autónoma 16 de Febrero, ubicada en el municipio de Ocosingo.

Posterior a ello, las personas armadas golpearon a un menor de edad y forzaron a Hilaria Hernández Gómez a salir de su casa con su hijo de 3 años, en brazos. Aunque más tarde se localizaron con vida. Las organizaciones locales reportaron que el grupo continúa posicionado dentro de las tierras de la comunidad.

Las comunidades indígenas del Estado que fueron agredidas en estos hechos defienden de manera pacífica sus derechos colectivos al territorio, autonomía y libre determinación. Estos derechos se defienden de manera colectiva, a través de aquellas prácticas que integran la libre determinación. Las agresiones armadas en contra de estas comunidades defensoras son una forma de lastimar el tejido comunitario y al sujeto colectivo comprometido con la salvaguarda de sus derechos, indicaron las organizaciones.

Por esta razón, rechazaron los altos niveles de violencia que se registran contra las comunidades defensoras de los derechos indígenas en Chiapas. En especial los municipios de Aldama, Ocosingo, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón y Pantelhó. Además, reiteraron su preocupación ante el clima de impunidad y la falta de condiciones de seguridad adecuadas para la defensa de derechos humanos.

Llamamos a las autoridades federales y estatales a esclarecer los nuevos hechos de violencia, a conducir una investigación con debida diligencia para llevar a los responsables ante la ley de forma expedita y a asegurarse de que las comunidades defensoras puedan vivir en un ambiente seguro para defender y ejercer sus derechos humanos colectivos e individuales, expusieron las organizaciones.

Por otro lado, la Red de resistencia y rebelión del suroeste de Francia*, se unieron en la denuncia de las violencias ejercidas contras los pueblos indígenas, debido a la impunidad a pesar de varias denuncias documentadas y dirigidas a los 3 niveles de gobierno. Además, se solidarizaron con la comunidad de Moisés y Gandhi y Nuevo San Gregorio, dependientes del Consejo de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol10 Floreciendo la Semilla Rebelde.

Colectivos de Francia, denuncian agresiones contra zapatistas en Chiapas y reiteran su solidaridad con la lucha por una vida digna. Cortesía: Kaosenlared

Desde el verano de 2020, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), un grupo de paramilitares, ha llevado a cabo acciones al amparo de las autoridades del municipio de Ocosingo donde gobierna el Partido Verde, en donde su principal líder es funcionario del municipio, y actúan cobijados por Rutilio Escandón Cadena, gobernador del Estado.

Entre las acciones que han llevado a cabo y que denunciaron de manera pública es el saqueo, robo y quema de la tienda el Arco Iris, ocurrido el 22 de agosto de 2020, ubicada en el crucero Cushuljá, y ha quedado en total impunidad. El día 8 de noviembre, la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva denunció “el secuestro y tortura de un compañero Base de Apoyo Zapatista de la comunidad de San Isidro, anexo de Moisés y Gandhi, por parte de la organización paramilitar”.

También, el 11 de septiembre de 2021, el grupo paramilitar secuestró a dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno: José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, manteniéndolos en calidad de desaparecidos hasta el día 19 del mismo mes. El 21 de noviembre, una vez más integrantes de la ORCAO atacaron con armas de fuego a la comunidad de Moisés y Gandhi, e incendiaron la escuela secundaria autónoma.

En la misma zona, y desde noviembre de 2019, el poblado de Nuevo San Gregorio sufre la invasión de sus tierras por el grupo “Los 40”, cuyos líderes han sido identificados y denunciados varias veces.

Hoy en día, de sus 155 hectáreas, sólo le queda 7 hectáreas al pueblo; sus habitantes resultan reducidos al estado de campesinos sin tierra. A pesar de la denuncia de esos actos por parte de la Junta de Buen Gobierno, vía del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), comentó la Red de resistencia y rebelión.

El mismo grupo invasor entró los días 6 y 7 de diciembre a arar el potrero colectivo de la comunidad, dejando 22 ganados con hambre. A cada invasión, habitantes de Nuevo San Gregorio se sienten secuestrados, ya no pueden desplazarse ni trabajar, mucho menos salir de sus casas, sometidos a la guardia de los agresores en varios lugares estratégicos. Existen testimonios e imágenes de los vínculos amistosos que entretienen los invasores con la policía municipal de Huixtán.

Esta serie de actos de violencia, urgieron al Estado mexicano quien tiene conocimiento pleno de los hechos desde marzo de 2020, a que ponga en marcha acciones para terminar con los crímenes que muchas veces son sostenidas por autoridades comunitarias, municipales y estatales, bajo el respeto total de la tierra y territorio que pertenece al EZLN en el marco de los Acuerdos de San Andrés, la Ley de Concordia y Pacificación, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas y de los Estados Americanos.

Denunciamos la violencia hecha a los pueblos indígenas y su impunidad. Y, urgimos a que los responsables institucionales actúen como en un Estado de derechos, en el respeto de la vida y de los derechos de los pueblos. Ya es tiempo que los 3 niveles de gobierno actúen para que pare la violencia cada vez mayor en Chiapas, concluyó la Red de resistencia y rebelión.

*Firmantes:

Coordinación del suroeste de Francias de los colectivos de apoyo a las y los zapatistas

Colectivo intercerros de las dos orillas del río Aveyron, Tarn- Tarn et Garonne

Colectivo Elaff, Tarn

Colectivo Zapatería, Toulouse

Colectivo Sebag, Aveyron

Cazsa, Aveyron

Colectivo Chiapas Ariège

Cofirmantes:

Asociación Americasol, Red Escargot, Tarn

Asociación Mut Vitz31, Red Escargot, Haute Garonne

Asociación Chiapas Sol, Red Escargot, Aveyron

Asociación Café Kapel, Red Escargot, Finisterre

Foro Cívico Europeo

Movimiento de las Cooperativas Europeas Longo Maï

Coordinación del suroeste de Francias de los colectivos de apoyo a las y los zapatistas

Longo Maï, Alpes de Haute Provence

Le jaguar phocéen, Bouches du Rhône

Asociación Mut Vitz13, Bouches du Rhône

CH03, Bouches du Rhône

Asociación Café Z, Bélgica

Asociación Casa Nicaragua, Bélgica

Zapatisten Lagunak, País Vasco

Mujeres y disidencia de la Sexta en la otra Europa et en Abya Yala, Red de Resistencia y de rebelión.

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