Marleni, Fabián, Octavio, Norberto y Amado, irregularidades en su detención y encarcelamiento por linchamiento
Policías y agentes de la Fiscalía de Justicia entregaron al detenido al pueblo que lo linchó, luego falsificaron pruebas para acusar a un grupo de pobladores.
El 10 de enero de 2020, la niña de seis años, Jarid “N”, fue reportada como desaparecida en la comunidad Faja de Oro del municipio Cacahoatán, la población de este lugar ubicado en la zona selvática del Soconusco chiapaneco, fue avisada a través del perifoneo, se pidió ayuda para localizarla; al siguiente día fue encontrada en la comunidad vecina El Carmen, decapitada y con signos de abuso sexual.
Horas después de su localización, un destacamento de policías estatales, municipales y del Ministerio Público, detuvo a un hombre llamado Alfredo «N», en El Carmen; de acuerdo al testimonio de pobladores de Faja de Oro, los policías y el oficial del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del estado, «el comandante» Isidoro Agustin Montejo, quien es de la comunidad, bajaron al detenido en una de las calles de Faja de Oro, y lo llevaron caminando.
«Al verlo, la gente se enojó, porque pensó en la niña, pensó en sus propias hijas. ¿Por qué la policía lo expuso ante la comunidad que estaba alterada? fue como si lo entregaran. Después el agente del Ministerio Público dijo que había una manera de saber si esa persona era culpable, y ante todos le bajó el pantalón y dijo que su bóxer tenía sangre y cabello de la niña, entonces la gente se enojó más e hizo lo que hizo», narraron.
Explicaron que prácticamente toda la comunidad estuvo en el momento en que se efectuó el linchamiento, pero días después llegó a una comunidad un convoy con cientos de policías y militares, y rodearon la casa de Marleni Villatoro González. Ella, narra su madre, había llegado de visita a la comunidad, porque radica en San Cristóbal de Las Casas. Iba con sus dos hijos y se encontraba durmiendo con ellos cuando la policía llegó y con violencia la detuvo.
Lo mismo hicieron en diferentes momentos, con Fabían Díaz Elías, Norberto Cárdenas, Octavio Yhovanovi Ballinas Barrios y Amado René Ruiz Escobar, actualmente detenidos y acusados de ser coautores del linchamiento.
Falsificación de firmas y pruebas
La familia de los detenidos, en entrevistas, narran las irregularidades jurídicas que hubo en su detención y posterior sentencia. En el expediente penal hay 15 testigos contra Marleny, Fabián, Octavio, Norberto y Amado. Tres de ellos son jueces de la comunidad Faja de Oro, quienes fueron citados a declarar, solo para hacer una relatoría de hechos.
Según explicaron, al término de su declaración, en la que no acusaron a nadie, el Ministerio Público, Isidoro Agustin Montejo, les pidió que firmaran unas hojas en blanco porque no tenía como imprimir su declaración. «Le tuvieron confianza porque Isidoro es de la comunidad, y firmaron». Posteriormente supieron que en el expediente hay una declaración en la que ellos acusan a los ahora detenidos. Los tres jueces de la comunidad desconocieron esa declaración, e incluso señalaron que su firma fue alterada.
También existe la acusación de 11 policías, quienes tampoco son precisos en acusar a alguien en particular, y usan palabras idénticas, lo que para los abogados, hace ver que siguieron instrucciones y no se apegaban a lo que vieron.
Por último está la declaración de la madre de Alfredo, la señora Marina Miranda, quien en su primera declaración señaló que solo fue citada a declarar para conocer de los hechos, y no para acusar a alguien en particular. Luego fue cambiando su declaración daba razgos generales de personas que dijo haber visto, aunque reconoce que no estuvo en el lugar cuando se dio el linchamiento.
Aún así, cada una de las declaraciones fueron validadas por el juez, quien dictó penas de prisión que van de los 25 a los 18 años.
Pueblo en duelo
Al conocer de las detenciones y sentencias, la comunidad de Faja de Oro nuevamente se organizó, se manifestó en carreteras, viajaron a la capital del estado, grabaron videos pidiendo la liberación de los detenidos, denunciaron las irregularidades que hay en su detención.
En respuesta, el entonces Fiscal General del estado y actualmente diputado federal, emitió la siguiente: «obtuvimos por parte del órgano jurisdiccional 15 órdenes de aprensión de 15 responsables que están plenamente identificados que participaron en estos hechos”.
Entonces la población tuvo miedo, «porque en cualquier momento pueden venir por alguno de nosotros. Hay miedo de manifestarse, hay miedo de declarar, de reunirse, este pueblo ya no es lo que era, está en duelo, dijo uno de los ancianos del luagr.
Las familias de Marleni, Fabián, Octavio, Norberto y Amado también están en duelo, han presentado pruebas a su favor, han señalado las fallas en el proceso, pero se han encontrado con un sistema de justicia fallido. Aún así siguen insistiendo, y agotando todas las vías legales para lograr su liberación.
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