Solicitan revisar proceso de designación de integrante al Comité de Participación Ciudadana
*A través de una carta, organizaciones y colectivos solicitaron al Senado de la República revisar el último proceso de designación de una integrante al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
El colectivo Perfiles Idóneos ¡Ya!, junto con 29 organizaciones de la sociedad civil y colectivos de todo el país, enviaron una carta al Senado de la República para solicitar una revisión del proceso y designación final de Blanca Patricia Talavera Torres, nueva integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción, debido a irregularidades por parte de la Comisión de Selección.
Con base en su derecho de petición constitucional, solicitaron que se llame a comparecer a la Comisión para que rinda cuentas respecto al proceso que se realizó entre el 10 de febrero y 10 de marzo, al considerar que faltó transparencia, los criterios de evaluación les parecen ambiguos y que dejaron fuera a personas aspirantes con perfiles valiosos.
A ello se suma, la falta de una verdadera participación ciudadana, por lo que piden al Senado determinar, de acuerdo con sus atribuciones, las medidas necesarias para que no se repitan estas malas prácticas en próximos procesos. Y, ante el seguimiento puntual al trabajo que realiza la Comisión desde el año pasado, en sus diferentes designaciones, demandaron la existencia de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y una perspectiva étnica-género-generacional, en todos los procesos de designación.
El CPC es parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, que se creó como una herramienta para prevenir y combatir la corrupción en nuestro país. Se trata de una instancia ciudadana, conformada por cinco personas, que son la voz ciudadana dentro del Sistema. Es decir, deben vincularse con organizaciones de la sociedad civil, recibir propuestas y buscar incluirlas en las prioridades gubernamentales, expusieron as organizaciones.
Además, para cumplir con esa labor, indicaron que los integrantes del CPC deben de tener una carrera intachable, experiencia en el combate a la corrupción y ser perfiles ciudadanos. Para asegurar que los perfiles sean adecuados, la Comisión que es nombrada por el Senado, realiza una convocatoria pública, pero las organizaciones de la sociedad civil y la academia, son quienes postulan a las personas para ocupar estos puestos ciudadanos.
Por esa razón, enfatizaron que la Comisión tiene la obligación de dar máxima difusión a la convocatoria, presentar una metodología y criterios de evaluación claros, realizar entrevistas con preguntas que permitan conocer el perfil y las propuestas de las aspirantes. Algo que no ocurrió en la más reciente designación.
Valoración del proceso
Perfiles Idóneos ¡Ya!, elaboró una valoración en la que destacan 4 elementos. La primera que refiere sobre la transparencia, señala que la Comisión de Selección llevó a cabo sesiones transmitidas en vivo en las cuales no se compartieron de manera previa ni al término, los documentos que serían analizados. Por ejemplo, propuestas de modificación a las órdenes del día, comentarios realizados a las recomendaciones que envió la sociedad civil, y una propuesta de cronograma del proceso de designación.
Tampoco, compartieron los acuerdos a las que llegaban en cada una de ellas, incluyendo la sesión donde se determinó la designación, no hubo una máxima publicidad a la convocatoria, y no retomó la recomendación del colectivo de difundir la citada convocatoria en lenguas indígenas.
El segundo elemento es acerca de la participación ciudadana, donde la Comisión llevó a cabo sesiones de trabajo en horarios no aptos para que la ciudadanía interesada en el proceso pudiera participar y dar un adecuado seguimiento a las mismas. Además, no se generó mecanismos efectivos de participación, pese a las diversas propuestas enviadas por las organizaciones de la sociedad civil.
Los pocos espacios que abrió la Comisión de Selección para la participación ciudadana no fueron difundidos con suficiente antelación para que toda la ciudadanía estuviera enterada y pudiera participar con propuestas, además de que nunca se comunicó el resultado y/o alcances de dichos ejercicios, es decir, no se explicó de qué manera se tomaron en cuenta las propuestas ciudadanas recibidas, detalló el colectivo.
Otro punto, es la rendición de cuentas, pues los criterios respecto a la documentación requerida fueron ambiguos. Por ejemplo, calificaron con “No Acreditado” una exposición de motivos por el hecho de que la persona rebasó el número de caracteres solicitado.
Incluso, no dieron a conocer el parámetro de evaluación sobre el conocimiento en enfoque de derechos humanos, en el ámbito de la pluriculturalidad y perspectiva de género. De igual manera, la Comisión no dio una explicación de lo que consideró cada comisionada y comisionado para evaluar a las once personas que se registraron en el proceso. Esto llevó a que en la fase de las entrevistas, se limitara la posibilidad de tener más perfiles que valorar.
Respecto a la sesión de entrevistas, indicó que no se centró en realizar planteamientos críticos que permitieran a la ciudadanía conocer a profundidad las capacidades de las personas aspirantes. Aunado a ello, la inexistencia de contrapreguntas por parte de las personas comisionadas, lo que dio lugar a que algunas de las respuestas de las aspirantes quedaran imprecisas o difusas.
En la fase de deliberación final, señalaron que tuvo lugar después de la sesión de entrevistas, con tan solo cinco minutos para que las personas comisionadas llenaran sus cédulas de evaluación, por lo que no contaron con tiempo suficiente para examinar a profundidad el desempeño de las personas aspirantes.
Sobre la decisión final para la designación, resaltaron que se llevó a cabo haciendo uso de un voto de calidad por parte de la comisionada presidenta, mecanismo que no se encuentra establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. De igual manera, la decisión favoreció a una persona que no pudo demostrar conocimientos básicos en materia anticorrupción.
Del mismo modo, la persona no demostró de manera fehaciente la experiencia en sociedad civil, así como la vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Al día de hoy, dijeron que esta decisión no está expresada en un documento público en el que se fundamenten las razones de la determinación, con las firmas de las y los integrantes de la Comisión de Selección.
Por último, en el elemento que contempla la actuación interna, destacaron que a lo largo del proceso y de las sesiones, existieron discusiones respecto a cuestiones que no eran tan relevantes, tomaron más tiempo que la propia deliberación final e hicieron que la designación de la integrante del Comité tomara más tiempo del necesario.
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