FGE acepta recomendación por vulnerar derechos de mujeres indígenas acusadas de la desaparición de Dylan

Fiscalía General del Estado de Chiapas. Cortesía: FGE.

*Al investigar la desaparición de un niño, la Fiscalía local detuvo a las víctimas, quienes vivían con sus hijos en una casa rentada en San Cristóbal de Las Casas, al considerar que estaban involucradas en la comisión del delito de trata.


Olaf Gómez Hernández, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chiapas, aceptó la Recomendación 51/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en todos sus términos. Sobre el caso de violaciones a las garantías de seguridad jurídica, debido proceso y acceso a la justicia. Así como, los derechos humanos al respeto de usos y costumbres, al honor y dignidad humana, en agravio de cuatro mujeres indígenas tsotsiles, comunicó Colectiva Cereza Chiapas.

Josefa, Hortensia, Juana y Maribel, fueron acusadas de la desaparición del niño Dylan Esaú, quien desapareció el 30 de junio de 2020, dentro del Mercado Popular del Sur (MERPOSUR) en San Cristóbal de Las Casas.

En el marco de la búsqueda del menor de edad, el 16 de julio de ese año, un agente de la Policía Especializada efectuó una visita en un domicilio particular donde se encontraban varias niñas, niños y adolescentes, y al considerar la posible comisión de un ilícito en su contra, dio vista a la Fiscalía contra la Trata de Personas.

Exigen la liberación de las tres mujeres indígenas quienes fueron vinculadas al rapto de Dylan Esaú.

Al día siguiente, realizaron un cateo en el lugar y como resultado del mismo, se determinó el traslado de las personas menores de edad a las oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Cristóbal de Las Casas y la detención de tres mujeres indígenas.

En ese sentido, la investigación de la CNDH determinó que el personal de la FGE debió advertir que se trataba de diversas familias indígenas quienes vivían en un mismo domicilio, acorde a sus usos y costumbres, por lo que se tenía que establecer una línea de investigación diferenciada, aplicando una perspectiva intercultural, tal como lo establece la Constitución Política del país.

En lugar de ello, solicitó la orden de aprehensión en contra de las víctimas, por lo que tres de ellas fueron ingresadas al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 14 “El Amate», y la otra en el CERSS No. 5 de San Cristóbal.

Por fin algo de reconocimiento, de responsabilidad en los hechos, sigue la reparación del daño a ellas y a sus 23 hijas e hijos. Hoy esta familia recupera un poco de esperanza, enfatizó la Colectiva Cereza Chiapas.

Al mismo tiempo, reconocieron el trabajo realizado por la Cuarta Visitaduría de la CNDH y su compromiso con la justicia, dignidad y verdad, contra la corrupción e impunidad. Al igual, esperan que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emita la recomendación pendiente por la muerte de Adolfo Gómez Gómez en el CERSS No. 5.

. A más de un mes de su desaparición, aún se desconoce el paradero de Dylan Esaú Gómez Pérez. Cortesía: FGE.

Lo anterior, como consecuencia de su detención ilegal, tortura y construcción del delito por la desaparición del niño Dylan. Por ello, la Colectiva seguirá en la búsqueda de justicia y que se reponga la investigación que la Fiscalía cerró sin incorporar a la carpeta de investigación un documento con nueve pruebas que aportó la familia, lo que constituye un delito y responsabilidad.

Hay que mencionar que la CNDH solicitó al fiscal general localizar a las víctimas, así como a sus familiares que acrediten tener derecho para que se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas. Y, que se les brinde la reparación integral del daño, otorgue una compensación justa y suficiente, como realizar un acto de disculpa pública y reconocimiento de la responsabilidad de la dependencia en los hechos descritos.

Pide, coadyuvar con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, a fin de proporcionarles atención médica y psicológica, colaborar en la integración de la carpeta de investigación que se inicie por la probable comisión de hechos delictivos y en la queja que se presente ante la Visitaduría de esa dependencia en contra de los servidores públicos responsables de las violaciones a los derechos humanos.

Así como, designar a una persona servidora pública de alto nivel para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación. Además, de impartir cursos integrales de capacitación a los agentes del Ministerio Público, que consideren temas como usos y costumbres, especificidades culturales, perspectiva intercultural y derechos de las personas detenidas e imputadas, entre otros.

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