La CIDH visitará 22 comunidades indígenas de Chiapas víctimas de la violencia

Decenas de tstosiles acompañaron el cuerpo de Lorenzo hasta el cementerio donde también permanecen los restos de otras personas asesinadas por los civiles armados. Foto-Archivo: Isabel Mateos

A un año de que la CIDH otorgara medidas cautelares a 12 comunidades de Aldama, el Estado mexicano no ha garantizado la paz y seguridad en el territorio

A un año de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de doce comunidades indígenas tsotsiles de Aldama, Chiapas, el Estado mexicano no ha tomado acciones efectivas para garantizar la seguridad de las personas que viven y transitan dentro de estas comunidades.

El 23 de abril de 2021, la CIDH emitió la resolución número 35/2021^[1] tomando en consideración la “situación de riesgo producto de agresiones, hostigamientos y amenazas por la presencia de personas armadas en la zona, lo que habría causado desplazamiento de las mismas en diversos momentos, en el contexto de un conflicto territorial”. Estableció también que las medidas adoptadas por el Estado (acuerdos de no agresión, medidas de diálogo y patrullajes) no han sido efectivas e idóneas dado que no han permitido mitigar la situación de riesgo.

Su análisis tomó en cuenta distintos elementos que no han sido atendidos de manera efectiva por parte del Estado, por lo que “no se ha logrado el desarme y desarticulación del grupo agresor”, y que “resultaría pertinente abordar, por lo menos, la conformación, estructura, y financiamiento de las personas armadas, así como su relación con el conflicto territorial… identificar el origen de las armas utilizadas y la fuente de adiestramiento”.

Otro punto relevante contenido en las medidas cautelares de la CIDH es la inadecuada delimitación de los territorios que provoca “un clima de incertidumbre permanente” que “puede generar mayores situaciones de violencia y afectar la paz social de los colectivos”.

Lo anterior fue reafirmado por la CIDH el 15 de diciembre de 2021, al emitir la resolución de seguimiento 102/2021^[2] en donde solicitó visitar veintidós comunidades indígenas de Chiapas beneficiarias de medidas cautelares (una en Chenalhó, nueve de Chalchihuitán y 12 de Aldama); el 22 de abril el Estado mexicano notificó al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) la anuencia de la visita in situde la CIDH, por lo que esperamos la confirmación de la fecha.

Desde abril del 2021 que se emitieron las Medidas Cautelares, tres personas han sido  asesinadas por disparos de armas de fuego y otras cinco resultaron heridas (entre ellas una niña menor de edad). Del 01 de enero del año en curso a la fecha, se han reportado 1,095 ataques con armas de grueso calibre en contra de las comunidades de Aldama.

A un año de la resolución de la CIDH lamentamos que el Estado mexicano no tome medidas efectivas para garantizar la vida, seguridad, integridad personal y una paz duradera, atendiendo todos los elementos del conflicto; destacamos que es importante dejar de reducir la situación a una disputa de tierras y la simulación de acuerdos, lo que a su vez impide soluciones de fondo para las comunidades de la región de los Altos de Chiapas que viven una violencia prolongada de impactos psicosociales críticos e irreparables.