Biden presiona a López Obrador para detener flujo migratorio: Human Rights Watch

La imposibilidad de obtener refugio en México ha impulsado la formación de caravanas migrantes que buscan escapar de los operativos de contención. Foto: Ángeles Mariscal

*Los migrantes y solicitantes de asilo que ingresan a México por la frontera sur enfrentan abusos y dificultades para obtener protección o estatus legal como resultado de las políticas migratorias destinadas a impedir que lleguen a Estados Unidos.


Human Rights Watch dio a conocer que las solicitudes de condición de refugiado y las aprehensiones de migrantes en México han aumentado de manera dramática, mientras que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, continúa negando el acceso al asilo en la frontera sur de ese país. Al mismo tiempo, ha presionado a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a intensificar los esfuerzos por detener la migración y aumentar las restricciones sobre quienes pueden ingresar al país o viajar dentro de este.

Entre enero y abril de este año, la la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) registró 31 mil 842 solicitudes. Foto: Pedro Anza / Zona Docs

Cabe mencionar que los migrantes enfrentan abusos, demoras y dificultades para obtener protección, en vista de que huyen de la violencia de sus país. No obstante, están obligados a esperar cerca de la frontera durante meses en condiciones inhumanas, sin poder trabajar o encontrar dónde vivir.

Delegar la política migratoria estadounidense a México ha dado lugar a graves abusos y obligado a cientos de miles de personas a esperar en condiciones nefastas para solicitar protección, manifestó Tyler Mattiace, investigador para las Américas de Human Rights Watch.

Aunado a ello, indicó que la Cumbre de las Américas es una oportunidad para que los líderes de la región, incluyendo a los presidentes Biden y López Obrador, se comprometan a implementar un acuerdo regional migratorio que ponga fin a medidas de mano dura y priorice los derechos humanos.

Respecto a ello, el gobierno de Estados Unidos indicó que, durante la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, los países firmarán una declaración sobre migración y protección. Por lo tanto, la organización opinó que cualquier acuerdo firmado debe incluir compromisos para restaurar y expandir el acceso a la protección en todo el continente y poner fin a aquellas políticas de control migratorio que han dado lugar a abusos.

Ante lo expuesto, la organización entrevistó a más de 100 solicitantes de la condición de refugiado, representantes de organizaciones de derechos de los migrantes, organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y funcionarios de Guatemala, Honduras y México entre agosto de 2021 y abril de 2022.

Un grupo de marinos mexicanos ordena a un grupo de migrantes de Bangladesh, India y Pakistán a bajar de un microbús en un puesto de revisión migratoria en las afueras del poblado de Viva México, cerca de Tapachula, en el estado de Chiapas, México el 21 de junio de 2019. © 2019 AP Photo/Oliver de Ros

Dicho ejercicio dio como resultados que la mayoría de quienes buscan asilo ingresan a México sin documentación. Casi todos manifestaron haber llegado huyendo de la violencia o la persecución en sus países de origen, pero no intentaron solicitar protección en un cruce fronterizo oficial por temor a ser deportados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

La mayoría de esas personas, solicitaron la condición de refugiado una vez que estuvieron dentro del país. Algunos pocos señalaron haber buscado protección en la frontera y rechazados por agentes del INM o por guardias de seguridad privada.

No obstante, muchos manifestaron que agentes del INM los habían disuadido de solicitar la condición de refugiado en México y no solo eso, también los presionaron para a aceptar un retorno asistido a sus países.

Pensé que cuando llegáramos a México nos iban a ayudar, pero al llegar al puente fronterizo y pedir protección, nos rechazaron… Nunca pensé que iba a tener que dejar mi país. Ahora sé que, si regreso, no duraría mucho tiempo vivo. Allí, si no obedeces a las pandillas, te obligan a hacerlo o te matan, dijo un hombre que había huido del reclutamiento forzado por parte de pandillas en Honduras.

En 2021, casi 90 mil personas solicitaron la condición de refugiado en Tapachula, lo cual equivale a un cuarto de la población de la ciudad. Human Rights Watch enfatizó que la mayoría espera durante meses a que sus solicitudes sean revisadas, se les entreguen documentos que demuestren su estatus legal y les permitan salir del municipio.

Sin embargo, apuntó que suelen enfrentar discriminación y dificultades para encontrar trabajo y vivienda, además los programas de apoyo del ACNUR y del gobierno mexicano son insuficientes. Algunas personas entrevistadas dijeron sentirse inseguras en Tapachula al estar cerca de la frontera con Guatemala, donde operan las organizaciones delictivas de las cuales escapan.

Reanuda EU entrada de solicitantes de asilo desde Ciudad Juárez.

El sistema de refugio de México se ha visto sobrepasado por el enorme crecimiento de la cantidad de solicitantes, subrayó la organización. Pues, el presupuesto destinado a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no ha crecido al mismo ritmo, por ello hay un atraso cada vez mayor en las solicitudes de condición de refugiado que esperan ser resueltas.

Ese mismo año, la COMAR procesó 38 005 de estas solicitudes, pero recibió más de 130 mil. El ACNUR paga muchos de los costos operativos básicos de la COMAR, incluyendo las dos terceras partes de los salarios del personal.

El ACNUR aportó 4.5 millones de dólares en 2021. El gobierno federal contribuyó con poco más de 2 millones de dólares. Algunos gobiernos estatales brindan espacio para instalar oficinas y centros de refugiados, agregó Human Rights Watch.

Recomendaciones

Human Rights Watch entrevistó a 80 migrantes y solicitantes de asilo en Tecún Umán, Guatemala, y en Tapachula, México, durante agosto y septiembre de 2021. Realizó otras entrevistas a 28 representantes de organismos de la ONU, de los gobiernos de México, Guatemala y Honduras, de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y de organizaciones de derechos de los migrantes.

La organización también analizó documentos, fotografías, videos, mensajes de texto y notas de voz que respaldaban y a menudo, corroboraban de manera directa descripciones de casos individuales, y recibió información del gobierno federal de México y del estado de Chiapas.

Las conclusiones de la investigación fueron congruentes con trabajos previos de Human Rights Watch, realizados en 2015 y 2020, que determinaron que el INM presionaba a los migrantes para que no solicitaran la condición de refugiado o para que desistieran de las solicitudes, y que expulsaba de manera ilegal a algunos, incluyendo niños y niñas que temían por sus vidas en sus países de origen.

Entre las recomendaciones que emitió Human Rights Watch al INM fue asegurar que los agentes de migración informen a todos los migrantes detenidos acerca de su derecho a solicitar la condición de refugiado u otras formas de protección internacional en México, conforme lo exige la legislación nacional, y no disuadir a las personas de la posibilidad de solicitar protección.

Adicional a ello, mejorar las condiciones de detención migratoria, garantizando: instalaciones sanitarias adecuadas, limpias y seguras, camas adecuadas y limpias para cada persona detenida, acceso a teléfonos y respuestas oportunas y adecuadas a pedidos de atención médica.

Hondureño pide refugio en México pero a la fecha la respuesta ha sido nula, mientras tanto su vida corre peligro. Foto: Cesar Rodríguez

Otra recomendación fue la de agilizar los procedimientos para solicitar visas de residencia para los refugiados reconocidos. Así como tomar medidas para que los procesos sean más simples y menos costosos, de modo que quienes ya son elegibles para obtener la condición legal en México la soliciten y reciban sin solicitar la condición de refugiado.

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