Piden observancia nacional e internacional para el caso de los defensores indígenas detenidos

El sistema de justicia fabrica delitos para limitar el ejercicio de defensa de la vida, la tierra y el territorio. Cortesía: Frayba

*El pasado 04 de junio se llevó a cabo una Peregrinación a las afueras del Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 en San Cristóbal de Las Casas por la libertad de Manuel Sántiz Cruz y cuatro defensores más.


El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) solicitó la solidaridad nacional e internacional para estar atentos a la audiencia de Manuel Sántiz Cruz, defensor de los derechos humanos, la tierra y el territorio. Así como de 4 personas más criminalizadas, integrantes del Pueblo Creyente de La Parroquia de San Juan Evangelista, en San Juan Cancuc, que se llevó a cabo este 6 de junio de 2022, a las 14:30 horas.

Dicho esto, el Frayba documentó la confabulación que existe entre la Fiscalía General del Estado de Chiapas (Fiscalía Indígena) y el Poder Judicial del Estado (Juzgado de Control), en la criminalización del ejercicio de defensa de derechos humanos realizada por Sántiz Cruz, indígena tseltal de San Juan Cancuc, con el fin de desarticular la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio.

El Frayba documentó el contubernio que existe en el sistema de justicia en Chiapas para criminalizar el ejercicio de defensa de derechos humanos realizada por Manuel Sántiz Cruz. Cortesía: Frayba

De acuerdo a lo documentado en la causa penal 78/2022, la organización civil indicó que la Fiscalía Indígena solicitó el pasado 31 de mayo, a las 15:41 horas, una orden de aprehensión contra el defensor y otras siete personas por el delito de homicidio calificado. Mientras tanto, Carlos Lamberto Márquez Espinosa, Juez de Control, les otorgó la orden esa misma fecha a las 15:40, un minuto antes de que existiera de manera formal la solicitud ministerial.

Lo anterior, corroboró la premeditación de la criminalización de las autoridades de justicia en el proceso de fabricación de delitos a las personas defensoras y la falta de imparcialidad, así como la complicidad existente entre ambas instancias con el objetivo de convertir la maquinaria penal en un instrumento de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos.

En este caso particular en contra de Manuel Sántiz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martin Pérez Domínguez, más tres personas (por seguridad omitimos sus nombres), que tienen orden de aprehensión y constituye una acción orquestada bajo los mecanismos de violencia hacia los pueblos, que es la fabricación de delitos como método represivo de sistema judicial en Chiapas, agregó el Frayba.

En ese sentido, señaló que la detención contra Sántiz Cruz por el delito de homicidio, deriva de una privación arbitraria de la libertad en San Juan Cancuc, hechos ocurridos el 29 de mayo del presente año, junto con otras dos personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía indígena.

No obstante, 24 horas después de su detención, elementos de la policía especializada los acusaron falsamente de portación de mariguana, siendo trasladados a San Cristóbal de Las Casas. Así pues, el Frayba aseguró que esto les permitió fabricar el delito de homicidio calificado que los llevaría a su reaprehensión.

Así mismo, subrayó que la acusación por portación de droga fue desacredita el 01 de junio, por medio de tres testigos, donde dos de ellos fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria por elementos de la policía especializada de la Fiscalía Indígena. Como si fuera poco, fueron acusados dentro de la causa penal 78/2022, como forma de represión por haber testificado la verdad de los hechos e intimidar a los pobladores que pudieran ser testigos de ese montaje.

La situación jurídica se resolverá el lunes 06 de junio, a las 14:30 horas, en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, situación que se da en medio de una ausencia de imparcialidad en su juicio, reafirmó el Centro de Derechos Humanos.

Por ello, exigieron la libertad inmediata de las personas defensoras, así también el desistimiento de la acción penal hacia tres individuos que se encuentran resguardadas por su comunidad. Además, lamentaron y denunciaron las prácticas de manipulación del sistema de impartición y procuración de justicia.

En el caso de Manuel Sántiz Cruz, tseltal de San Juan Cancuc, existe una premeditación de la criminalización de las autoridades de justicia. Cortesía: Frayba

Aunado a ello, pidieron que se busque la verdad y justicia, agotando todas las líneas de investigación, con honestidad, lealtad y objetividad. Y, externaron su preocupación frente a la fabricación de delitos que criminaliza la defensa de los derechos humanos en medio de un contexto de creciente militarización e imposición de proyectos en las comunidades sin consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente.

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