CIDH pide al gobierno investigación y sanción en el caso Aldama

Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno mexicano “el compromiso de detener a los responsables” de las agresiones armadas contra la población indígena del municipio de Aldama.

La titular de la CIDH, la secretaria ejecutiva Tania Reneaum Panszi, y dos especialistas de la sección de medidas cautelares y provisionales de ese organismo, visitaron el municipio de Aldama, ubicado en la zona indígena de los Altos de Chiapas, a cuyo favor el organismo humanitario pidió en abril de 2021, la implementación de medidas que garantizaran la seguridad y la vida de su población, acosada por grupos armados.

Esta medida a la que el gobierno mexicano debía responder, siguiendo el compromiso que asumió al firmar los acuerdos internaciones que lo hacen ser parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) al que pertenece la CIDH, no se cumplió en su totalidad porque desde que se dictaron las medidas a la fecha, fueron asesinados 3 indígenas de Aldama, y 7 más resultaron heridos, entre ellos niñas y niños.

Bajo este escenario y ante el acoso constante que siguió viviendo la población, las personas afectadas pidieron la presencia de los representantes de este organismo, quienes accedieron visitar este municipio, así como los de Chalchihuitán y Chenalhó, donde también ha habido agresiones armadas, desplazamientos forzados y el asesinato de indígenas.

A su llegada a Aldama, la comisión de la CIDH fue recibida por representantes de la población afectada en una explanada en la cabecera municipal donde colocaron lonas con leyendas como “Bienvenidos al pueblo de Magdalena Aldama, en donde la lucha y a resistencia persiste”, “Garantizar los derechos y la seguridad de las y los defensores de los territorios no es un favor, es una obligación del Estado”, “Vos tenés la bala… yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse”.

Ahí, Esmeralda Arosemena de Troitiño les dijo: “venimos a escucharles, verles y que reciban un mensaje de solidaridad, acompañamiento… (Venimos a) estar en terreno para poder palpar esta realidad, lo que ustedes están viviendo. Estar aquí nos compromete a toda la CIDH (a) buscar juntos y juntas las respuestas que necesitamos, para asegurar justicia, derechos, dignidad, igualdad como seres humanos”.

Luego, en medio de un fuerte operativo de seguridad compuesto por policías y personas de la Guardia Nacional (GN), las y los representantes de la CIDH se dirigieron a los poblado Tabac y Coco´, dos de las más afectados por las agresiones armadas.

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Escucharon en una escuela donde en sus paredes se observan los impactos de balas, el testimonio de niños y niñas heridos, de familias desplazadas, y de la población que explicó que la violencia trastocó la vida comunitaria, dejando impactos en los ámbitos emocional, social, económico, entre otros.

Luego, en otra comunidad llamada San Pedro Cotzinam, escucharon el testimonio de hombres y mujeres familiares de los asesinados; y de quienes han tenido que abandonar sus tierras.

La población afectada insistió en que el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas en favor de las comunidades no se cumplió, porque continuaron las agresiones y los grupos armados no han sido desarticulados ni detenidos, pese a que la población de Aldama aceptó entregar parte de sus tierras a sus agresores -la lucha por 60 hectáreas de tierra es el supuesto origen del conflicto-.

Tras la reunión, Esmeralda Arosemena de Troitiño dijo: “cuando uno escucha las vivencias de cada persona, el reclamo está en la justicia. Hay que dar una respuesta a los hechos violentos en los que se ha perdido la vida de gente, entonces hay una necesidad, y eso las autoridades pueden trabajarlo con la investigación, con el compromiso de detener a los responsables de los hechos, porque son hechos que le quitan la vida a la gente, y eso es un derecho que hay que proteger, el derecho a la vida.

“Entonces -dijo- para mi fundamentalmente es eso. Hay una necesidad, hay otras necesidades por supuesto, pero comenzar con que haya una decisión de justicia que identifique a los responsables. Eso es lo que claman, una investigación que los lleve a identificar a los responsables, y que sean sancionados por los hechos”.

Las y los representantes de la CIDH regresaron a pernoctar a San Cristóbal de Las Casas, para emprender miércoles y jueves visitas a los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.

Esta es la segunda ocasión en la que la CIDH hace una visita al estado de Chiapas, la primera fue en 1998, en el marco de las agresiones que vivían poblaciones de las zonas de Chiapas donde había una estrategia para minar la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

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