Exigen respuestas efectivas en la aplicación del Protocolo de Estambul en el país

La erradicación de la tortura en México requiere de Poderes Judiciales locales y Fiscalías Especializadas independientes que cumplan con sus obligaciones. Cortesía: Código DH

*En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas y todas las personas, reflexionaron sobre los retos en la aplicación, documentación e investigación de la tortura en México.


En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, defensoras y defensores de Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas*, compartieron oportunidades, preocupaciones y exigencias en la lucha por la erradicación de la tortura en México. Todo ello, al encontrarse en la víspera de la actualización del Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul), presentada en Ginebra el miércoles 29 de junio.

Señalaron que las oportunidades que presenta esta nueva versión les convoca a exigir de las y los operadores del sistema de justicia, respuestas efectivas en virtud de que su aplicación es obligatoria según la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (LGPIST).

Además, al estar a un año de la presentación de los Principios sobre entrevistas efectivas para investigación y recopilación de información, conocidos como Principios Méndez.

Primer Panel del Foro: Avances y Retos en la Investigación de la Tortura en México. Código DH

Dichos principios, buscan la integración de técnicas de entrevista respetuosas de la integridad de la memoria y el respeto de las garantías legales con énfasis en las primeras horas después de la detención, contexto en el que la tortura es recurrente con la finalidad de fabricar pruebas y culpables.

Estamos conscientes de que este fenómeno requiere de múltiples transformaciones, por lo que este documento presenta sólo algunas exigencias que compartimos en el foro: Avances y Retos en la investigación de la tortura en México, dijeron las personas defensoras.

Por ello, advirtieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las Fiscalías Generales de Justicia de los estados, que es necesario un fortalecimiento interno para las y los operadores que investigan y dan seguimiento al enjuiciamiento de casos. Aunado a ello, sus investigaciones deben ajustarse a estándares de prontitud, eficacia, exhaustividad e independencia; que en ellas se reconozcan las responsabilidades de las y los superiores jerárquicos, y que no sometan a las víctimas a prácticas revictimizantes.

Además de la falta de independencia, notaron la falta de investigaciones de oficio en algunas entidades, incluso tratándose de hechos que son de dominio público. También, señalaron que es fundamental eliminar el papel “indispensable” que de manera equivocada se ha dado a la dictaminación médica-psicológica conforme al Protocolo de Estambul.

Al Poder Judicial Federal y a los Poderes Judiciales de los estados, exigieron que cumplan con sus obligaciones jurisdiccionales en la erradicación de la tortura del sistema de justicia penal. Entre ellas, la de excluir pruebas ilícitas bajo un estándar indiciario que no debe superar el necesario para dictar un auto de vinculación.

A pesar la prohibición absoluta de incorporar pruebas ilícitas al proceso penal, hay experiencias de jueces y juezas que plantean excepciones no previstas en la Ley General y que abiertamente incentivan la tortura con fines de producción probatoria.

Insistieron en que deben conocer el Protocolo de Estambul para eliminar la idea del dictamen médico-psicológico como indispensable, y la noción de un peritaje “tercero en discordia” que no corresponde con la obligación internacional de erradicar esa grave violación a los derechos humanos.

Al mismo tiempo, las y los jueces, en virtud del principio de inmediación, en cualquier etapa y garantizando la seguridad de la víctima, deben escuchar el testimonio de la víctima.

A los Congresos Estatales y al Congreso de la Unión, les recordaron que tienen un papel central en etiquetar presupuestos específicos para las Unidades o Fiscalías Especializadas, pues en muchos casos son instituciones de fachada.

Así como los fondos que permitan una reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas de estos hechos.

Después de cinco años de la publicación de la LGPIST, varios estados han omitido la obligación de armonizar su marco jurídico, detallaron las y los defensores.

En ese sentido, exigieron al Gobierno de México, visibilizar el fenómeno de la tortura, cuya comisión es generalizada y sistemática en México.

Recordaron que se encuentra pendiente la publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como el Registro Nacional del Delito de Tortura, que debería operarse por la FGR.

Mientras estos avances necesarios ocurren, se solidarizaron con las personas sobrevivientes de tortura y familias que se han organizado para luchar contra esta y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas que enfrentan el sistema de justicia penal.

 

*Firman:

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.

Instituto de Justicia Procesal Penal A.C.

Colectivo contra la Tortura y la Impunidad A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A. C.

Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” A. C.

Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan A.C.

Adriana Reyes Flores, perita independiente en psicología forense y miembro de la REDD

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

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