Jueza la castiga con 25 años de cárcel por defenderse de un ataque feminicida

Marisela López Bautita, mujer originaria el pueblo tsotsil, se salvó de ser víctima de feminicidio. Su esposo y agresor la queria matar con un machete, ella se defendió con un leño y él murió. Hoy enfrenta una condena de 25 años de cárcel por el delito de homicidio; busca su libertad porque los hechos fueron en legítima defensa.

De 28 años, embarazada de seis meses, con otros dos hijos de cinco y tres años, Marisela se defendió de la agresión aquel día de noviembre del 2019, cuando Juan “N”, su esposo, embriagado y drogado, llegó con un machete en mano para atacarla.

Las agresiones -golpes e insultos- se habían vuelto una cotidianidad para Marisela, pero ese día, él cerró la puerta y empezó a afilar su machete. Le dijo directamente que la iba a matar, a ella y sus hijos. Entonces se paró con el machete en mano, y trató de asestar el primer machetazo; ella atajó el golpe con un leño de los que usaba para el fogón.

Como pudo, agarró a sus hijos y abrió la puerta. Él la siguió al patio e intentó herirla nuevamente, ella le dio un golpe en la cabeza, con la intención de aturdirlo. Luego corrió a casa de su madre, ubicada a unos 100 metros, ahí se encerraron las dos mujeres y los niños, esperando que él llegara a sacarla a golpes, como había sucedido otras veces.

Pero él ya no se levantó. Luego supo Marisela es que él había muerto, y quienes llegaron a sacarla de la vivienda de su madre fueron policías. Los siguiente fue su encarcelamiento, y un proceso judicial del cual ella no tuvo mucha conciencia, sobre todo durante las primeras audiencias, porque se llevó a cabo en español, un idioma que ella no maneja. Solo recuerda que esporádicamente  le hacían preguntas vagas que no terminaba de entender; y que el defensor de oficio que tenía al inicio del juicio, no mostró interés en el caso ni presentó pruebas de desagravio.

La jueza Doralus López Méndez se abocó a esas primeras audiencias y a pesar que tiempo despues dos abogadas tomaron el caso, la encargada de impratir justicia la declaró culpable de homicidio y condenó a pasar 25 años en la cárcel.

 

Falta al debido proceso

Marcela Fernández Camacho y Patricia Aracil Santos, de la Colectiva Cereza, asumieron la defensa de Marisela López Bautista ante la jueza Doralus López Méndez; ella es la jueza de enjuiciamiento en la causa penal número 140/2019 de la jurisdicción San Cristóbal y Bochil, quien el pasado 19 de abril condenó a Marisela a 25 años de prisión.

Las abogadas apelaron la sentencia y alegaron que Marisela no tuvo un proceso justo, a pesar que durante el juicio oral lograron que se les admitiera dos pruebas a favor de Marisela, fueron dos peritajes, uno en psicología clínica y otro más de antropología social.

Ambas pruebas, demuestran, dicen las abogadas, que Marisela vivía en una contínua violencia física, emocional y psicológica por parte de su esposo. La defensoras sostienen que que la jueza no tomó en cuenta todo el contexto en el que vivía Marisela previo al incidente en el que ella se defendió y asesinó a su agresor.

“Ella en su declaración expuso la violencia feminicida constante de la que era víctima, y lo dijo con detalles, ademãs de manifestar que ese día que Juan (su esposo) iba a matarla a ella y a sus hijos con un machete, ella se defendió con un leño atajando el machete con el que era agredida”, dice Aracil Santos.

Señala que es sumamente grave en los tiempos feminicidas, una jueza del Poder Judicial de Chiapas niegue la existencia de este tipo de violencia; que no considere que  ella se defendió y defendió a sus hijos. Incluso, la juez escudó su sentencia argumentando que  Marisel nunca explicó el contexto de violencia en el que vivía, a pesar de los peritajes que presnetaron las abogadas.

El hecho es que al inicio del proceso, a Marisela el Estado mexicano le otorgó una defensoría pública que actuó con negligencia porque no presentó ninguna prueba en las primeras audiencias, y no tuvo una intérprete en tsotsil, para poder ella argumentar y entender el proceso.

Estas circunstancias constituyen violaciones al debido proceso que la jueza debe garantizar, y no lo hizo. Ahora, el lunes 15 de agosto, será la apelación de la sentencia,  y es una nueva oportunidad para revertir el proceso y buscar que este sea apegado a derecho.

Activistas mujeres defensoras de derechos humanos, convocaron a las organizaciones y colectivas, estudiantes, académicas, trabajadoras, madres, hijas, hermanas, vecinas a ser parte de una acción colectiva en la puerta del Palacio de justicia de San Cristóbal de Las Casas, para exigir que se juzgue con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos; buscan que a Marisela se le haga justicia.

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