Vamos a orar nuestra libertad: defensores tseltales ante la prolongación de su detención preventiva

Carta de los 5 defensores criminalizados. Cortesía: Frayba

*El 29 de mayo de 2022, el defensor indígena tseltal de derechos humanos, Manuel Santiz Cruz, fue detenido de manera arbitraria junto con otras dos personas, por integrantes de la policía municipal de San Juan Cancuc, Chiapas.


Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar y Martín Pérez Domínguez, defensores de San Juan Cancuc, exigieron a través de una carta su libertad, pues el juez del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5, programó el caso hasta para dentro de 2 meses.

Pues la Fiscalía de Justicia solicitó más tiempo para la investigación, está vence el próximo 4 de septiembre, por lo que pidieron que los dejen en libertad al ser inocentes de lo que se les imputa. Aunado a ello, indicaron que sus hijas, hijos y esposas, sufren para cubrir los gastos familiares mientras ellos están en la cárcel.

Así mismo, pidieron al pueblo creyente, a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, al Centro de Derechos Humanos y al público en general que no les dejen solos, que oren por su libertad y  exijan su libertad.

Nosotros vamos a orar nuestra libertad también y organizar para defender nuestra libertad, concluyeron los defensores.

Dicha carta, también fue dirigida a Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República; Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado de Chiapas; y José López López, presidente Municipal de San Juan Cancuc.

Manifiestan preocupación por la detención y criminalización del defensor de derechos humanos Manuel Sántiz Cruz. Cortesía: Frayba

Cabe recordar que el pasado 06 de junio de 2022, los defensores fueron de manera injusta vinculados a proceso y sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva. Dicho esto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (frayba), dio a conocer el 04 de junio, la criminalización y detención injusta de los cinco indígenas tseltales, así como la existencia de ordenes de aprehensión en contra de tres personas más.

Lo anterior, señaló que es parte de una estrategia estatal para menoscabar la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio. Además, dentro de la audiencia de vinculación a proceso, el Frayba indicó que el Juez de Control fue imparcial ya que los vinculó a proceso aun cuando las pruebas aportadas por la Fiscalía no clarificaban siquiera la causa de la muerte de Antonio Aguilar Pérez.

Así mismo, existieron serias contradicciones y vacíos en los testimonios fabricados que buscaban culpabilizar a los cinco detenidos. Pese a que defensores del Frayba hicieron notar tales anomalías, el Juez penal convalidó y justificó más allá de sus atribuciones, las deficiencias de la Fiscalía, lo que corroboró su complicidad.

Por ello, exigieron una investigación real, efectiva, científica y que agotara todas las líneas de investigación para clarificar la muerte de Aguilar Pérez. De lo documentado por el Centro de Derechos Humanos, registraron que existe una práctica sistemática por la que las fiscalías fabrican versiones de los hechos más allá de un agotamiento de las posibles líneas de investigación.

Pobladores ratificaron su posicionamiento, no cederán sus tierras. Foto: Cortesía.

Así pues, las detenciones arbitrarias ocurrieron en un contexto en que habitantes del municipio de San Juan Cancuc se han opuesto a la presencia militar en su territorio y al proyecto de una carretera que conectaría a San Cristóbal de Las Casas con la región de Palenque.

La mencionada carretera forma parte del desarrollo de megaproyectos turísticos en la región que han sido impulsados por el gobierno sin la consulta previa libre e informada de las comunidades indígenas, quienes deciden  defienden el territorio y sus derechos humanos.

Por su parte, Front Line Defenders dijo en un comunicado que las detenciones arbitrarias parecen ser parte de una estrategia más amplia para reprimir a las comunidades que trabajan de manera pacífica por el reconocimiento de sus derechos a la consulta, para la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas.

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