Contexto Chiapas: más de 14 mil personas han sido desplazadas en doce años

Presentan en un informe conjunto sobre las dinámicas del Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas e impactos diferenciados. Cortesía: Frayba

*En Chiapas se promulgó la Ley de Prevención del Desplazamiento Forzado y Sobre los Derechos de la Población Desplazada en 2012, la cual ha tenido serios obstáculos para ser implementada de manera adecuada.

*El Estado no ha efectuado acciones para diagnosticar las causas de ese fenómeno y menos para erradicarlo. Por el contrario, las acciones y discursos oficiales parecen negar que exista un patrón grave de desplazamiento forzado en Chiapas y tratan el fenómeno como asuntos aislados, señalaron las organizaciones. 


Diversas organizaciones de la sociedad civil* presentaron a Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial de la Organización de las Nacionales Unidas sobre Derechos Humanos de los Desplazados Forzados Internos, una descripción de la situación nacional, estatal y regional, con enfoque diferenciado e interseccional sobre las dinámicas del desplazamiento forzado interno en Chiapas.

Así mismo, agradecieron la visita de Jiménez-Damary, pues están seguros de que rendirá importantes resultados para las miles de víctimas de desplazamiento forzado que hay en el estado.

En Chiapas, indicaron que el problema del desplazamiento forzado ha tenido varias causas desde los sesentas hasta la actualidad. Por diversos motivos como: conflictos religiosos, proyectos de desarrollo y desastres naturales, así como la violencia generalizada y sociopolítica de carácter contrainsurgente; que dejó alrededor de 12 mil personas desplazadas en los noventa tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Desplazamiento Forzado por ataque de un grupo armado. Cortesía: Frayba

Ahora, el fenómeno tiene como raíz añejos conflictos agrarios que iniciaron en los setenta entre diferentes municipios y/o bienes comunales de la región de los Altos, donde operan grupos armados con características similares de acción.

Desde el año 2010 a la fecha, han documentado el desplazamiento de 14 mil 476 personas en Chiapas.

Hace poco, la presencia del crimen organizado aumentó de manera exponencial y con ello un creciente tráfico de armas, robo de autos, tráfico y trata de personas, siembra y trasiego de drogas, control territorial mediante la imposición del terror en las comunidades, esto ha provocado que cientos de personas huyan de sus hogares.

Es así como, durante el desplazamiento forzado, las mujeres están expuestas al acoso, violación y tortura sexual, como a formas de violencia directa por parte diversos actores. Expuestas al despojo, persecución, criminalización y encarcelamiento, fabricándoles delitos, revictimizándolas y poniendo en el desamparo a sus hijos e hijas para castigarlas.

Se enfrentan también al Estado misógino que las ignora, discrimina y priva de los derechos de protección, asistencia humanitaria y reparación integral del daño, agregaron en el informe.

Además, afirmaron que la indiferencia, desprecio, racismo y sexismo se extiende a fiscales, jueces, y funcionarios del estado, quienes con sus políticas públicas patriarcales profundizan la marginalidad, dependencia y subordinación de las mujeres más vulnerables.

Presentan en un informe conjunto sobre las dinámicas del Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas e impactos diferenciados. Cortesía: Frayba

Por otro lado, indicaron que no existen datos oficiales respecto al desplazamiento para el sector de las infancias y adolescencias.  No obstante, calculan que 3 de cada 10 de las personas en condición de desplazamiento son niñas, niños y adolescentes (NNA), entre 4 mil 400 y 5 mil 500 de población total.

Los impactos psicosociales del fenómeno en sus vidas, enfatizaron que son profundos al ser expuestos a situaciones de violencia extrema. Hay quienes no cuentan con documentos de identidad, lo que obstaculiza el acceso y exigibilidad de sus derechos, en particular a la salud y educación en los nuevos lugares de residencia, y también dificulta los procedimientos para su reconocimiento como desplazados.

Decenas de niños han nacido en condiciones de desplazamiento en Chalchiuitán. Foto: Ángeles Mariscal

Sobre la situación en la frontera México-Guatemala, señalaron la creciente presencia del crimen organizado, la cual se agudizó por los conflictos territoriales en regiones de frontera generando nuevos procesos de desplazamiento forzado en medio de disputas por el territorio del Crimen Organizado (CO).

No existen datos concretos de personas desplazados en el territorio fronterizo de Chiapas, sin embargo, varios ejidos y comunidades han quedado atrapados en la disputa que mantiene el CO, que ante el riesgo a su vida y seguridad se han visto obligados a desplazarse de su tierra y su territorio, agregaron las organizaciones.

A ello se suman las personas que por años han radicado en esa región, al menos en dos generaciones, quienes nunca realizaron trámites para legalizar su estadía. De estas familias jamás se encontraran registros, pues su permanencia en territorio mexicano ha sido al margen de las leyes.

Presentan en un informe conjunto sobre las dinámicas del Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas e impactos diferenciados. Cortesía: Frayba

También, expusieron la situación de las personas defensoras de derechos humanos, quienes asumen tareas de defensa y acompañamiento en torno al desplazamiento forzado, lo que pone en riesgo su vida e integridad personal.

En el trabajo de documentación al interior de los lugares de refugio para desplazados, exponen la falta de garantías de seguridad y protección que debería procurarles el Estado. Pues, cuando se trata de casos de desplazamiento ocasionado por violencia relacionada a enfrentamientos armados o CO, no cuentan con las condiciones para ingresar a los territorios afectados.

Personas defensoras han sido agredidas al acompañar a víctimas de desplazamiento forzado, aseguraron las organizaciones de la sociedad civil.

Por lo que, las organizaciones sugirieron a la relatora recomendaciones y exigencias para el Estado mexicano, entre ellas, el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas: en particular lo referente al derecho al territorio y autonomía.

Mujeres en situación de hambruna y desplazamiento forzado/ Foto: Chiapas Paralelo

Así como, implementar un mecanismo que garantice el respeto de principios rectores para los desplazamientos forzados, con medidas de sanción en caso de incumplimientos. Y, cumplir con la Ley de Desplazamiento Forzado para el estado de Chiapas.

Incluso, consolidar el programa estatal, con perspectiva de género y niñez, para atender y prevenir el desplazamiento forzado en Chiapas. Así mismo, impulsar el funcionamiento y fortalecimiento de las Procuradurías de Protección estatal y municipal con perspectiva interseccional y de género, así como la capacitación de su personal y sensibilización en el caso de desplazamiento interno.

Al igual que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del estado genere un registro de víctimas del desplazamiento forzado interno con enfoque diferenciado. Aunado, a la investigación y desarme de grupos armados, y se consigne a los responsables de los heridos, asesinatos y desplazamientos forzados.

Por último, se garantice la integridad física y la protección de las personas defensoras que acompañan a víctimas del fenómeno. Y, la rendición de cuentas por parte de las fiscalías ante avances de acuerdo a la normativa vigente.

*Organizaciones firmantes:

Cáritas de San Cristóbal de Las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Indigenous Peoples Rights International (IPRI)

Melel Xojobal

Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor)

Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)

Voces Mesoamericanas. Acción con pueblos migrantes

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