7 muertes de población infantil y adolescente por armas de fuego en Chiapas
El uso de armas de fuego en Chiapas se ha incrementado en 2022, dejando un saldo de estado 7 muertes de población infantil y adolescente, dio a conocer la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS).
El organismo demandó al Estado garantizar la integridad de niñas, niños, adolescentes y de toda la población que se ha visto afectada por el aumento de uso de armas de fuego.
El hecho más reciente fue el día 25 de octubre en el municipio de Oxchuc, donde se realizó un ataque armado posterior a la asamblea convocada por el Concejo Municipal del municipio.
En Oxchuc se contabilizan 7 personas lesionadas, entre ellas, un niño de entre 2 y 4 años con heridas de bala.
“Desde Redias expresamos nuestra preocupación por el uso de armas de fuego para dirimir conflictos; práctica que se está tornando cotidiana en los Altos de Chiapas y que tiene graves impactos en la vida de niñas, niños y adolescentes”, señala REDIAS.
Detalla que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre del 2022, se han registrado en el estado 7 muertes de población infantil y adolescente por armas de fuego; de entre ellos, 2 casos han sido durante conflictos en el estado.
“Esta situación se agrava en comunidades de los Altos de Chiapas. Como botón de muestra, durante los primeros 9 meses del 2022, se han registrado 1,996 ataques armados a comunidades de Aldama, lo que equivale a más de 100 agresiones armadas por mes”.
“Recientemente, a finales de septiembre e inicios de octubre también se registraron ataques en Santa Martha, municipio de Chenalhó, donde perdieron la vida al menos tres adolescentes de 12, 14 y 16 años de acuerdo a la documentación de la organización Melel Xojobal”.
El uso de armas de fuego, añade REDIAS, ha trastocado la vida de niñas, niños y adolescentes en la región afectando su derecho a la protección, al desarrollo integral, a la educación, alimentación y salud, entre otros.
“Desde las organizaciones parte de esta red exigimos al Estado velar y garantizar la integridad de niñas, niños y adolescentes en sus comunidades de origen. Del mismo modo, exigimos una exhaustiva investigación de los hechos, así como el desarme de personas y grupos que violentan el derecho de las infancias a vivir en paz”.
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