Incertidumbre, precariedad y riesgo: consecuencias de la nueva política migratoria entre México y EUA

“Queremos cumplir nuestro sueño americano”: Migrantes venezolanos varados en Oaxaca.
Foto: Diana Manzo

*El anuncio de un nuevo programa migratorio emitido por el gobierno de los Estados Unidos, permitiría el ingreso de 24 mil personas venezolanas desde el país en que se encuentren, con la restricción de no haber ingresado de manera irregular a México o Panamá a partir del 19 de octubre.

*Quienes ingresen vía terrestre por la frontera México-Estados Unidos serán expulsados bajo Título 42 a México, esto ha generado altos niveles de desinformación e incertidumbre entre las personas migrantes y con necesidades de protección internacional en México.

Desde el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSEM) denunciaron la situación de incertidumbre, precariedad y riesgo que viven las personas migrantes y con necesidades de protección internacional en México, esto como resultado de las políticas migratorias implementadas por los gobiernos de Estados Unidos y México.

Lo anterior, se suma a las medidas discrecionales establecidas en las últimas semanas por las autoridades migratorias de México hacía miles de personas solicitantes de refugio: en específico venezolanas, que les obligan a desplazarse a San Pedro Tapanatepec en Oaxaca.

En dicho lugar, indicaron que han establecido un campamento sin condiciones de acceso a agua, saneamiento, alimentación y espacios seguros para descansar, donde las personas en movilidad deben esperar entre ocho y diez días para obtener una Forma Migratoria Múltiple (FMM).

Por lo que, la situación generada por las instancias gubernamentales, orilla a las personas a situaciones de riesgo, precariedad y coloca en riesgo su bienestar físico, mental y emocional. Al no ofrecer opciones claras de regularización y no se garantiza el acceso a sus derechos.

Así mismo, el Colectivo ha realizado monitoreos en la ruta costera de Tapachula en Chiapas a Tapanatepec en Oaxaca, incluyendo albergues provisionales coordinados por Protección Civil y con presencia de diversas fuerzas de seguridad.

Migración venezolana sobrecarga a autoridades migratorias en El Paso
Foto: Rey Jauregui

Pese a la falta de claridad sobre vías de acceso a la regularización migratoria y refugio para las personas que ya se encuentran en México, enfatizaron que el retorno por cuenta propia no es una opción por los riesgos al bienestar y la vida, en especial en la selva del Darién, ubicada en el límite de América Central (Panamá) y América del Sur (Colombia).

Algunas de las personas migrantes y solicitantes de refugio contaban con un documento de estancia por razones humanitarias o con forma migratoria múltiple, ambos emitidos por el Instituto Nacional de Migración (INM), que no se les hicieron válidos para transitar en el país, por lo que fueron detenidas y retornadas a Tapachula nuevamente, indicó el Colectivo.

Además, el COMDHSEM ha documentado casos de personas expulsadas de Estados Unidos y retornadas por el INM hasta ciudades del sur de México, Por ejemplo, en el albergue provisional de Arriaga identificaron la presencia de cerca de 207 personas, con 27 niñas, niños y adolescentes.

Mientras que, en el albergue provisional de Tonalá, documentaron la estancia de 67 personas, con 20 niñas, niños y adolescentes. Los espacios brindan tres tiempos de alimentos, atención médica y medicamentos. Tienen presencia de Protección Civil, Secretaría de Salud, Desarrollo Integral de las Familias (DIF) Municipal y grupo Beta.

En ambos espacios, cerca de la mitad de las personas eran grupos familiares. El 80% de la población alojada es de nacionalidad venezolana, resaltó el Colectivo.

Marcha de migrantes este 26 de mayo en Tapachula.
Foto. Cortesía

Por otro lado, en San Pedro Tapanatepec, identificaron a más de 10 mil personas en el campamento, esperando recibir la FMM. Y, la falta de condiciones de salubridad en el campamento, agua potable e insumos biosanitarios.

Las personas mencionaron malos tratos y discriminación por parte del personal del INM. Se percibe un ambiente hostil generalizado, lo que puede generar situaciones graves de violencia, añadió el COMDHSEM.

En ese sentido, señalaron que la mayoría de las personas que no se pueden quedar dentro del campamento, ya que se encuentran en situación de calle. Estiman a más de 4 mil personas en el municipio, además de las personas en el campamento.

Aunado a ello, expusieron que el municipio no cuenta con la estructura estatal suficiente y adecuada en materia de vivienda, salud, seguridad y alimentos para atender a las personas. Además, en los comercios observaron discriminación por cuestiones raciales hacia las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.

Migrantes. Foto: Rocío Gallegos

El Colectivo afirmó que no se están entregando FMM a personas que no cuentan con identificación oficial de su país de origen. Aunque continúan con el trámite y entrega de FMM, hay un rezago de hasta ocho días, generando acumulamiento de las personas en el campamento y en el municipio.

Ante lo expuesto, dijeron que es alarmante el continuo riesgo que enfrentan las personas al trasladarse, resultado de las indicaciones de autoridades del estado. Por esa razón, denunciaron las violaciones a los derechos humanos causadas por la estrategia de desgaste e improvisación gubernamental en México contra las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.

También, exigieron a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), al INM y a la GN el respeto a la integridad física y emocional de todas las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.

A la Secretaría de Gobernación (SEGOB), información clara y veraz sobre acciones para generar vías de acceso efectivo a refugios y regularización para personas que ya se encuentran en México.

En cuanto a las instancias de protección correspondientes, garantizar el bienestar mínimo de las personas como son asistencia humanitaria y atención médica, en particular a quienes tienen perfiles de alta vulnerabilidad.

Por último, el respeto a la legalidad de los documentos de estancia regular en el país otorgados por el INM y los derechos que dichos documentos garantizan, en particular la no detención.