Exigen libertad de 15 mujeres presas en el penal de San Cristóbal de Las Casas

El Penal 5 de San Cristóbal de Las Casas

La Colectiva Cereza, una organización civil de apyo jurídico a mujeres en Chiapas, exigió hoy la libertad de 15 mujeres presas en el penal estatal de San Cristóbal de Las Casas, de quienes dijo enfrentaron juicios plagados de irregularidades, como la prefabricación de delitos y algunas de ellas como falta de traductores a la hora de su juicio.

Patricia Aracil y un grupo de mujeres activistas y abogadas que conforman la Colectiva Cereza dieron a conocer los nombres de 15 mujeres recluidas en el penal estatal número 5 de San Cristóbal de Las Casas y que a todas luces, refieren enfrentaron procesos que evidencian que fueron “víctimas de un proceso judicial machista y patriarcal”.

En el marco de las actividades del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se reivindica el 25 de noviembre de cada año, este miércoles la Colectiva alzó la voz por la las 15 mujeres presas, estas son: Maria López Pérez

Marleni Villatoro González, Juanita Santiz Jiménez, Juana Velasco Torres, Francisca Silvano Saragos, Rosa Gómez Martínez, Isabel Baños Veloz, Evelin Cristal Rodríguez Martínez, Ninive Lizbeth Javier Cobos, Karla Gabriela Velázquez Vázquez, Sofía Morales Ruíz, Martha Laura Gómez Ruíz, Amalia Morales Calvo, Lizette Sánchez López y Cinthia Arlette Ramírez Calderón

Aracil y sus compañeras que han visitado ese penal el pasado desde ahce algunos años, señalaron que todas y cada una de estas mujeres, han sufrido violencias desde el empobrecimiento, la desigualdad, discriminación, racismo, maltrato y tortura en la pareja, para seguir con una detención violenta acusadas la mayoría de delitos que no han cometido o que sí, derivado de tener que tomar decisiones económicas para sostener a sus hijas e hijos.

Son mujeres que fueron involucradas por sus parejas por la fuerza, muchas veces incluso con amenazas y una violencia brutal que las coloca en un estado físico y emocional de imposibilidad de escapar de esa situación con un miedo insuperable.

“Porque además, son ellas y sus hijas e hijos, sus vidas las que están en riesgo real, esto también sucede muchas veces en la fiscalía, para obligarlas a firmar declaraciones autoinculpatorias”, dijo la activista.

Dijo que estas mujeres han tenido que afrontar una situación crítica de violencia feminicida y que para sobrevivir han tenido que enfrentar esa situación y en una suerte de muy baja posibilidad, pudieron salvar su vida en defensa propia, porque es muy difícil defenderse en esa batalla desigual contra la violencia sostenida y salir viva.

“Una violencia que las autoridades locales todavía consideran asuntos familiares íntimos dónde no hay que meterse, donde la voz de las mujeres, cuando pueden escaparse momentáneamente y pedir ayuda a los vecinos, autoridades e instituciones, es cuestionada y culpabilizada”, indicó.

Dijo que en Chiapas, los jueces siguen dando órdenes de aprehensión de forma irresponsable, siguen juzgando con falta de perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos, siguen dando sentencias condenatorias «por norma» en primera instancia, porque parece ser un pacto con la fiscalía, supliendo no solo la falta de investigación adecuada, sino convirtiéndose en cómplices de las violencias y violaciones de derechos humanos contra las mujeres que cometen las fiscalías para inculparlas de delitos.

Expuso que en Chiapas no hay justicia para las mujeres, por lo que exigió que el Poder Judicial del Estado revise las causas de las mujeres y dé libertades reales.

“Exigimos se investigue y se juzgue con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos. Exigimos que la FGE deje de construir delitos contra las mujeres, deje de torturar y de obstaculizar las investigaciones. Exigimos el derecho a la verdad y a la justicia, a una justicia transformadora”, dijo Aracil.

Dijo que tras revisar cada no de estos casos, concluyó que “todas ellas son inocentes y han vivido violencia feminicida, malos tratos, tratos inhumanos o tortura en la detención y en la fiscalía”.

“Es necesario que se combata la corrupción y la impunidad en la Fiscalía General del Estado, así como la fabricación de delitos y actos de tortura contra las mujeres, es necesario un cambio en el sistema de justicia hacia los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los pueblos originarios”, dijo la abogada.

Y que además, “la independencia judicial es fundamental para el acceso a la justicia en Chiapas, debe eliminarse la «norma» de sentencia condenatoria, contraria al derecho a la justicia”.