Exigen reparación integral del daño para cinco personas que estuvieron injustamente detenidas

Familiares y abogados de personas que estuvieron detenidas injustamente. Foto: Frayba

Familiares, activistas y abogados defensores de cinco indígenas detenidos de forma arbitraria, encarcelados y liberados muchos años después exigieron la reparación integral del daño hacia los agraviados.

Activistas y abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exigimos el total cumplimiento de la Opinión número 43/2021[1] del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobada en su 91 período de sesiones, llevado a cabo del 6 al 10 de septiembre de 2021 relativa a Germán López Montejo, Abraham López Montejo, Marcelino Ruiz Gómez, Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez.

Dijeron que los cinco “son sobrevivientes de tortura y privación arbitraria de la libertad en Chiapas, la cual determinó que el Estado mexicano es responsable por la detención arbitraria de los cinco compañeros y por lo tanto debían ser puestos en libertad inmediata, reparados integralmente e investigados los hechos”.

Juan Pablo Nava, del «Grupo de Trabajo No estamos Todxs», Susana de la  Cruz, del Colectivo de Familiares de los presos, Mario Ortega del Frayba y Pedro Faro, señalaron en conferencia de prensa que los cinco, señalaron que los cinco “sufrieron daños profundos en su proyecto de vida y familiar, así como en su salud física y emocional”.

“La memoria y los agravios nos recuerdan cómo los cinco compañeros caminaron un largo proceso de demandas de derechos humanos, organizándose al interior de las cárceles para denunciar, incluso a través de una huelga de hambre de 135 días, que sus casos ejemplificaban un patrón de fábrica de culpables que se vive en Chiapas”, dijeron en conferencia de prensa.

Habla Susana de la  Cruz, del Colectivo de Familiares de los presos,

Denunciaron que las cinco vidas fueron aprisionadas con el fin de que el sistema de justicia aparentara ser funcional, así como su empecinamiento contra personas indígenas quienes han sido histórica y sistemáticamente excluidas y discriminadas.

Recordaron que de la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, el Estado mexicano sólo ha cumplido solo con su liberación, “lo que es insuficiente cuando la vida de los cinco y sus familias fueron gravemente lesionadas, desde verse en la necesidad de vender sus tierras de cultivo y casas para hacer frente a los cuantiosos gastos de su defensa y manutención”.

Denunciaron que “algunos integrantes de sus familias abandonaron sus estudios al perder una fuente económica y tener que buscar otros ingresos; las enfermedades han sido también un problema derivado de la tortura y las condiciones carcelarias en el caso de las víctimas directas, por su parte muchos familiares también enfermaron física y emocional tras el desgaste de la prolongación de las detenciones arbitrarias”.

Ahora en libertad, los cinco indígenas excarcelados enfrentan al reto de rehacer sus vidas en condiciones adversas tras los impactos psicosociales de la fábrica de culpables: estigma social, pérdida de medios de trabajo, salud deteriorada, una economía familiar adversa, imposibilidad de tener de nuevo una casa propia.

“Esta difícil situación se representa en el hecho de que cuatro de los cinco compañeros se vieron en la necesidad de migrar en búsqueda de oportunidades laborales, lo que suspende por más tiempo la reintegración de su vida familiar”, indicaron.

“Para el Frayba la justicia y la reparación integral son exigencias puntuales y necesarias para acercarse a los derechos que le corresponden a ellos y sus familias, en el sentido de que puedan retomar con mejores condiciones los sueños y proyectos de vida que el gobierno mexicano obstruyó, y que este cumpla con las acciones pertinentes de justicia bajo los estándares internacionales”, dijeron los activistas.

Hicieron una llamado a las autoridades mexicanas y urgió a que sean cumplidas en su integridad la suma de medidas de reparación integral exigidas el pasado 8 de marzo a la Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOB.

Aclararon  que no se trata de concesiones o regalos, sino de medidas basadas en los impactos psicosociales sufridos y que representan las condiciones mínimas para reparar la salud física y psicológica, proyecto de vida, daño material e inmaterial, así como para garantizar la verdad, satisfacción y no repetición de la fábrica de culpables y tortura en Chiapas.

“Hacemos público también, que como parte de las exigencias para que nadie más viva una situación similar, los cinco ex presos, junto a sus familias, exigen dentro de las medidas de reparación dos procesos de investigación experta e independiente sobre el patrón de fábrica de culpables y la situación carcelaria en Chiapas, cuya labor lleve a un reconocimiento profundo de esta problemática y la aplicación de medidas de no repetición”, señalaron.