Organizaciones internacionales exigen al gobierno de Chiapas detener la criminalización de defensores comunitarios

A un año del inicio del hostigamiento judicial contra José Luis Gutiérrez y César Hernández, defensores comunitarios, el Observatorio (OMCT-FIDH) y ACAT Francia exigen el retiro de los cargos en su contra. Cortesía: OMCT

*Las organizaciones exigieron a las autoridades de Chiapas poner fin a la criminalización de quienes defienden la tierra y el territorio del pueblo maya tseltal de Chilón.


La Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT Francia) junto a la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), lamentaron que el juez de Enjuiciamiento de la tercera región del distrito judicial de Ocosingo dictara sentencia condenatoria contra los defensores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano: el pasado 3 de mayo.

Así mismo, recordaron que el 15 de octubre de 2020, la comunidad maya tseltal de Bachajón, en Chilón, convocó a una movilización pacífica contra la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional (GN) en territorio indígena.

Ya que, la decisión de construir el cuartel se tomó sin consultar de forma libre, previa, informada y culturalmente adecuada a los pueblos indígenas afectados; lo que supone una violación de las normas regionales e internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas.

Así pues, las autoridades reprimieron la manifestación haciendo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Fue una operación en la que participaron alrededor de 300 agentes de la policía estatal y municipal y de la GN; dejaron un saldo de 13 personas heridas, así como amenazas e intimidación en contra de las personas manifestantes.

En este contexto, ambos defensores comunitarios fueron detenidos de manera arbitraria durante 15 días, torturados en el momento de la aprehensión y acusados del delito de “motín”.

Cabe resaltar que, después de dos horas y media de la detención fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público de Ocosingo. En la madrugada del 17 de octubre, César y José Luis, fueron trasladados de forma express del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 16 de Ocosingo al CERSS No. 14 El Amate de Cintalapa, sin previa notificación a la defensa.

Durante el operativo privaron arbitrariamente de la libertad a los defensores comunitarios tseltales: César y José Luis, seguido de tortura y malos tratos; 11 personas más resultaron heridas. Cortesía: Frayba

El 24 de abril de 2023, comenzó el juicio oral contra Gutiérrez Hernández y Hernández Feliciano. Durante las distintas audiencias quedó evidenciada la insuficiencia de pruebas sólidas por parte de la Fiscalía que respaldaran la acusación de “motín” contra ellos.

Sin embargo, ambos fueron encontrados culpables por ese delito y recibieron una sentencia de dos años de prisión, la cual fue sustituida por una multa que asciende a los 350 Euros (más de 6 mil pesos mexicanos) conforme a la legislación penal del Estado.

Es decir, el juez reconoció un grado de culpabilidad mínimo de los imputados y les permitió continuar en libertad, pero sin reconocer la inocencia de los defensores, agregaron las organizaciones.

Por esa razón, lamentaron la decisión del juez Agustín López Martínez de dictar una sentencia que criminaliza una vez más la defensa de la tierra y el territorio de los pueblos indígenas en México a través de la aplicación abusiva del delito de “motín”, establecido en el artículo 353 del Código Penal de Chiapas.

El delito de motín, constituye una figura penal ambigua, cuya interpretación del juez en este caso no solo resultó acotada, sesgada y descontextualizada de los hechos, sino que, además, abre el campo al arbitrio de la autoridad y termina socavando el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de reunión y de libre asociación, puntualizaron las organizaciones.

Por lo anterior, instan a las autoridades del estado de Chiapas a dejar de aplicar tipos penales que convierten en actos criminales conductas observadas en protestas, a cesar la manipulación del derecho penal para detener de manera arbitraria e iniciar acciones penales sin fundamento a personas que participan, convocan u organizan manifestaciones públicas.

Así como, a tomar las medidas necesarias para garantizar que las personas defensoras de la tierra y el territorio en Chiapas puedan ejercer su derecho a defender los derechos humanos de manera libre y en un clima favorable.

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