Urgen al Estado mexicano implementar las recomendaciones de la experta en desplazamiento interno de la ONU

21ª sesión – 53º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

*La relatora especial calificó las causas del desplazamiento interno en México como diversas y multifactoriales que “incluyen diferentes tipos de violencia originada por el crimen organizado, proyectos de desarrollo, conflictos comunitarios por la tierra, cambio climático, desastres y en casos específicos, la creación de áreas naturales protegidas.”

El Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes urgió al Estado mexicano a cumplir e implementar las recomendaciones emitidas en el informe de Cecilia Jimenez-Damary, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos.

Dichas recomendaciones derivaron de su visita oficial a México, entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2022, y que fue presentado el pasado 4 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Consejo DH-ONU).

Cabe recordar que, al finalizar su visita a México, la relatora especial dijo que varias instituciones y niveles de gobierno deben tener la capacidad para prevenir el desplazamiento y proteger a las víctimas.

También pidió al gobierno crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno para crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindarles una atención integral.

Si bien es necesario crear un registro federal único de personas desplazadas internas, además de los registros a nivel estatal, éste no solo debe incluir a quienes han sido reconocidos legalmente, sino también a quienes no cuentan con ese reconocimiento legal, pero son desplazadas de facto, dijo Jimenez-Damary, al presentar sus observaciones preliminares de la visita.

Así mismo, indicó la necesaria participación de las personas desplazadas internas en las decisiones que les afectan, y que se consideren sus necesidades de protección específicas y diferenciadas.

La relatora visitó Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero. Se reunió con funcionarias y funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel federal y estatal, así como con organizaciones de la sociedad civil, organismos autónomos de derechos humanos, cuerpo diplomático, agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales.

Presentan en un informe conjunto sobre las dinámicas del Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas e impactos diferenciados. Cortesía: Frayba

En su visita escuchó de las víctimas del desplazamiento interno y de las comunidades afectadas, cómo la violencia, conflictos agrarios, a veces relacionados con proyectos de desarrollo, minería, tala ilegal y los desastres obligaron a las personas a desplazarse.

Además, vio los impactos del desplazamiento en mujeres, familiares de personas desaparecidas, miembros de pueblos y comunidades indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBT+.

Así pues, en su participación, el gobierno mexicano se comprometió  ante el Consejo DH-ONU  a dar seguimiento y cabal atención de las recomendaciones planteadas en conjunto con todos los actores de la sociedad mexicana y con el apoyo técnico de los mecanismos internacionales especializados.

El Colectivo destacó del informe presentado, el análisis sobre el “impacto diferenciado del desplazamiento interno en las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas y las formas particulares en las que ha afectado a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y familiares de personas desaparecidas”.

Así mismo, observó “con gran preocupación” que “el fenómeno del desplazamiento interno afecta en mayor medida a los pueblos indígenas”.

También, destacó la implementación del marco normativo internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, ya que es esencial para garantizar su protección reforzada y prevenir desplazamientos internos, sobre todo teniendo en cuenta la obligación de las autoridades estatales de recabar su consentimiento ante cualquier acto que pudiera desplazarlos de sus tierras”.

Desplazarse para salvar la vida. Crisis humanitaria en Chiapas. Cortesía: Frayba

Al mismo tiempo, la relatora llamó al Estado a “adoptar la ley general sobre el desplazamiento forzado interno sin más demora y alentar a otras entidades federativas a seguir adoptando leyes específicas sobre la materia y su armonización a nivel federal”.

Por ello, el Colectivo reconoció la apertura del Estado Mexicano y la invitación a la relatora especial para visitar el país, pero también urgió a cumplir su compromiso, como lo manifestó ante el Consejo DH-ONU.

Tenemos la voluntad de fortalecer nuestro marco normativo, robustecer nuestros mecanismos de protección y asistencia; mejorar la cooperación interinstitucional y contar con registros de personas desplazadas y producción de estadísticas oficiales, a fin de orientar el diseño de programas de prevención y atención.

Por último, demandó al Estado el reconocimiento del Colectivo, integrado por personas víctimas de desplazamiento forzado, con plena legitimidad para exigir sus derechos, entre los que se encuentran la reparación del daño por la pérdida de su forma de vida.